Condenan a villamarienses por una usina de facturas “truchas”

Una compleja estructura dirigida por Mario Jesús Burgos para proveer facturas truchas, cartas de porte falsas y tickets apócrifos fue desbaratada y ahora terminó con los responsables condenados.

Todo empezó cuando la Fiscalía Federal, a cargo de María Schianni, inició la causa contra Gerardo Hugo Carreras, un hombre que falleció en medio de la investigación. Sin embargo, el hijastro del sospechado, Mario Jesús Burgos, fue quien continuó con el ardid. Recientemente, terminó condenado a cinco años de prisión tras confesar ser el jefe de una “asociación ilícita fiscal”.

La audiencia en la que se ratificó el acuerdo previo entre las partes para concretar un juicio abreviado, se concretó el 12 de julio de este año y estuvo presidida por la jueza Noel Costa, del Tribunal Oral Nº 3, en Córdoba capital.

En esa oportunidad, además de Burgos, confesaron los hechos el resto de los imputados, la mayoría, villamarienses. Se trata de Nicolás Osés, Joaquín Morre, Yanina Salaberry y Juan Carlos Biglia, quienes fueron condenados a tres años y medio de prisión como miembros de la “asociación ilícita fiscal”.

Todos cumplirán la pena en sus domicilios. Además, les impusieron la obligatoriedad de pagar una multa de 90 mil pesos cada uno.

La trama

Como dijimos, Burgos heredó de su padrastro la actividad que desempeñaba desde la oficina ubicada en la calle 9 de Julio al 938, planta alta, de Villa María. La otra oficina con la que contaba la asociación estaba ubicada en Salta 353, desde donde operaba Osés, también en esta ciudad.

Según la descripción de los hechos, desde antes del 7 de diciembre de 2021, cuando se realizaron los allanamientos en esas oficinas y los domicilios particulares, el grupo, de manera organizada, se dedicaba a la elaboración y venta de facturas truchas, entre otros documentos. Además, crearon falsas sociedades a fin de respaldar operaciones de transporte y venta de granos.

Tenían tecnología para hacerlo, lo que quedó demostrado porque entre el material secuestrado (teléfonos y computadoras), también había una impresora de contador fiscal (a Burgos) y una ticketeadora con el software que le permitía imprimir los comprobantes (a Osés). Es más, en la oficina de este último, tras analizar el contenido de su computadora, la investigación corroboró cómo tenía archivado cada rubro de facturación apócrifa con los siguientes nombres: “Artículos bien”, en el que incluía un listado de productos necesarios para la descripción al facturar, las empresas que facturarían ese tipo de bien, los precios unitarios y la alícuota de IVA; “Empresa bien”, con los datos completos de los contribuyentes utilizados para facturar. En este punto, en la causa se destaca que el número de empresa “bien” ascendía a 169. El otro rubro era “Cliente bien”, con datos completos de los contribuyentes a los cuales se les facturaba y quienes utilizarían esos comprobantes falsos para evadir impuestos. Aquí también el número de las empresas arroja un total de 545.

¿Qué hacían con las facturas? Las vendían para que los clientes aumentaran su crédito fiscal en el IVA, o bien, elevaran los montos de compras para deducir del impuesto a las ganancias.

Un negocio en el que -según una nota escrita, encontrada en la casa de Burgos, supuestamente, por alguien de un estudio contable-, “todos ganaban”. Salvo el fisco, claro.

La nota dice lo siguiente: “Del otro lado están los que no les gusta pagar impuestos, o que necesitan EVADIR (las mayúsculas son del original), para hacer sustentables sus empresas. Al medio, estamos nosotros, que unimos las puntas de estos hechos, y les acercamos una forma de soluciones a sus distintos tipos de problemas. Ahora bien, planteado así el tema, todos y cada uno, debe respetar al otro y cumplir con la parte que le corresponde, porque este es un NEGOCIO, tan negocio, que las tres partes que se involucran GANAN. Mario trata de hablar con la persona que tienes como contacto en esta empresa para limar todos los puntos que sean necesarios. Y te reitero que el ESTUDIO, no está presionando por el cobro y la devolución de las facturas no utilizadas”.

La modalidad de “trabajo” era distribuir, claramente, los roles. La confección de los documentos apócrifos estaba a cargo de Burgos y Oses, mientras que el resto de los imputados conseguía los “clientes”. Tenían hasta divididas las áreas geográficas en donde buscar esos clientes: Carlos Manuel Artaza (sobreseído por fallecimiento), se encargaba de la zona de Oliva, entregando sobres en una estación de servicio de esa ciudad. Biglia lo hacía en Córdoba; Morre, en Carlos Paz, donde vive, y también en Tío Pujio, y Salaberry, en Villa María.

Ellos recibían una comisión por cada documentación apócrifa entregada. Así se demuestra en las conversaciones telefónicas que forman parte de la investigación. Por citar una, reproducimos un diálogo entre Salaberry y Burgos.

-S: “Che, ¿qué pasó con el tema? ¿Se va a poder facturar...?”

-B: “Claro. Me hizo hablar, supuestamente, con un contador, debe ser una onda a Yanina o Mario. Ellos quieren el 20, no quieren mover más nada porque no les conviene por lo que pagan”.

Todos se llevaban una parte de esa gran torta de evasión impositiva que representa menor flujo de fondos públicos que deberían ir a seguridad, educación y obras.

Las partes del juicio

Jueza:

Noel Costa,  del Tribunal Oral Nº3

Fiscalía:

Augusto Richter y Maximiliano Hairabedián.

Querellante:

en representación de ARCA (ex-AFIP), la abogada Valentina Bagnis.

Condenados:

-Mario Jesús Burgos (46), hijastro de Carreras. Estuvo defendido por el abogado Víctor Hugo Morales. Actualmente, se dedicaba a manejar por Uber y a la ocasional compra y venta de vehículos.

-Nicolás Alberto Osés (39), es comisionista y comerciante. Fue defendido por el abogado local Alfonso Martín.

-Joaquín Morre (37), trabajador de la construcción, fue representado por Rodrigo Hayas. Vive en Villa Carlos Paz.

-Yanina Soledad Salaberry (39), se dedica al transporte de pasajeros y a la venta de ropa y cosméticos. Nació en Oliva y está radicada en Villa María.

-Juan Carlos Biglia (73), jubilado, nació en Villa María y actualmente está radicado en Córdoba. Estuvo defendido, al igual que Salaverry, por el defensor oficial Julio Aliaga.