Causa por maltrato laboral en el Centro de Empleados de Comercio
Imputaron a otro dirigente por amenazas contra una trabajadora
Una exempleada del Centro de Empleados de Comercio confirmó ante la fiscal Juliana Companys que fue amenazada por un dirigente del gremio, quien le exhibió un arma de fuego. Por esta nueva víctima está imputado un dirigente, Antonio Sarmiento, y analizan si hubo participación de más personasDesde hace unos meses, el gremio con más afiliados en la ciudad viene siendo una caldera de denuncias y contradenuncias que exponen un manejo mínimamente inapropiado del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Villa María.
Como se sabe, todo empezó con una crisis institucional, por la que Pablo Maccarini, hijo del secretario general Héctor Maccarini y abogado vinculado al sindicato, junto a otros dirigentes del gremio, resolvieron ingresar con un cerrajero a otra entidad ligada al CEC, Federación Mercantil, llevándose documentación.
El presidente de Federación es Sergio Cabrera, un contador que también integra la conducción del CEC, quien no estaba anoticiado de la irrupción en la sede de la entidad ubicada en la calle Salta 1112. Fue por eso que, cuando sonó la alarma en su celular advirtiendo que ingresan personas sin autorización, llamó a la Policía.
Si bien Cabrera no hizo una denuncia formal por el tema, la intervención policial derivó en una investigación liderada por la fiscal de Segundo Turno de los Tribunales de Villa María, Juliana Companys.
La funcionaria determinó, después de meses de análisis de pruebas, que Pablo Maccarini debía ser imputado como supuesto autor del delito de “turbación de la posesión”, “coacción” y “hurto”. Además, contra su padre, Héctor Maccarini, y contra los dirigentes Sonia Guardia, Mabel Rubiolo y Mirian Villalón, también recayó la acusación como supuestos autores del delito de “turbación de la posesión”; y a los miembros de la Comisión Directiva, Dardo Benítez y Antonio Sarmiento, como supuestos responsables de “falsedad ideológica”.
Pero la cuestión empeoró.
Desde marzo de 2025, cuando se produjeron las imputaciones, se registraron hechos dentro de la sede sindical que fueron denunciados por dos trabajadoras del lugar. Aseguraron que sufrieron un hostigamiento constante de parte de Héctor Maccarini, quien las intimaba para que no prestaran colaboración a la Justicia.
De las dos mujeres denunciantes se constató, a través de pericias, que una de ellas sufrió lesiones graves psicológicas en el contexto de maltrato laboral, lo que se conoce por la expresión en inglés de moobing.
Se trata de un delito que, para que sea tipificado, exige consecuencias. Es decir, independientemente de que las acciones de hostigamiento existan, si no provocan daños, no hay víctima. Por eso, Maccarini padre fue imputado por un caso (y no dos) de lesiones graves psicológicas.
Dada una situación procesal en la que no se presentó ante la Justicia cuando fue citado y por la grave acusación, la máxima autoridad del CEC terminó detenida durante 44 días. Pudo dejar la cárcel después de una resolución de la jueza de Control de Villa María, quien le impuso una fianza millonaria y una serie de condiciones para preservar el estado de libertad.
Todo lo precedente es el contexto para explicar lo que ocurrió esta semana que concluyó, en la que hubo una nueva imputación contra un dirigente del CEC; en este caso, por “amenazas calificadas por el uso de arma”.
La vieja y nueva denuncia
Este nuevo hecho se comenzó a investigar debido a que en la Justicia se anoticiaron que una exempleada del CEC se había presentado, en noviembre del año pasado, ante la Fiscalía de Primer Turno para denunciar hostigamiento laboral de parte de las autoridades sindicales.
La causa, en este caso, no prosperó. Pero al tomar conocimiento de que existía esta denuncia, la fiscal Companys pidió anexarla a su investigación y así fue que llegó a su despacho el nuevo hecho.
La mujer fue citada a declarar la semana pasada y contó con lujo de detalles las irregularidades que vio y vivió en el sindicato y, también, cómo la querían obligar a declarar sobre cosas que no habían sucedido. Para ello, la amenazaron exhibiendo un arma y, a consecuencia de todo eso, la mujer ya no trabaja en el sindicato.
Tomó la precaución de fotografiar el arma e identificó a la persona que la amenazó: Antonio Sarmiento.
El miércoles último se realizaron una serie de allanamientos, tanto en la sede sindical como en el domicilio del dirigente, donde no hallaron el arma.
Igual, quedó imputado por las amenazas calificadas.
La investigación de este “viejo y nuevo” hecho -viejo porque fue la primera denuncia y nuevo porque recientemente se incorporó al expediente principal- también apunta a otras personas vinculadas al sindicato que la habrían amenazado. elDiario pudo saber que la fiscal analiza si imputa a otras personas.
Más denuncias
Por otra parte, se pudo conocer que en la Fiscalía de Tercer turno se presentaron denuncias de parte de los abogados del gremio contra los que acusaron a Maccarini y al resto. Esta causa no tiene imputados.
Cambalache
Como cierre, cabe señalar que el voluminoso expediente tiene datos alarmantes, no solo sobre los hechos mencionados, sino también sobre lo que es el manejo del dinero de los afiliados mercantiles, en el que se incluyen, por citar ejemplos, compras de dudosa procedencia y personas; en general, familiares de dirigentes, que cobran muy buenos salarios sin tener que ir nunca a desempeñarse laboralmente en la sede sindical.
Un cambalache que, seguramente, ameritará otra investigación.
3 CLAVES
Las mujeres que denunciaron maltrato laboral de parte de las autoridades del gremio mercantil. A una le constataron las lesiones graves psicológicas. A la segunda, no. La tercera, que recién se empieza a investigar, incluye como elemento intimidante un arma de fuego que aún no fue hallada.
¿Qué significa “turbación de posesión”?
Los imputados en la causa son siete. Todos dirigentes del Centro de Empleados de Comercio y profesionales que trabajan en el lugar. El primer imputado fue Pablo Maccarini, por una figura poco usada en la práctica judicial: “Turbación de la posesión”, definida en el Código Penal como la acción ejercida “por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad” para despojar a otro, “total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble”. Fue la figura con la que calificaron la irrupción en el Centro de Empleados de Comercio, donde inició toda la causa.
