Los dueños de Grido, a juicio por “asociación ilícita fiscal”

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la realización de un juicio oral a los propietarios de Helacor SA, la firma cordobesa que opera la cadena de heladerías Grido, considerada la red de franquicias más grande del país. La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces de la Sala IV, quienes revocaron el sobreseimiento dictado en 2023 por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba.

Con esta resolución, Oscar Lucas Santiago y sus hijos Lucas Santiago y Sebastián Santiago deberán enfrentar un juicio por presunta “asociación ilícita fiscal”. La acusación recae sobre los empresarios de manera personal y no involucra directamente a la compañía. Según la investigación, los hechos se habrían desarrollado entre 2007 y 2012.

De acuerdo a la acusación, habrían formado una organización orientada a cometer maniobras tributarias para maximizar beneficios económicos. Se apunta a un esquema que habría alcanzado distintos niveles del negocio, desde la producción hasta la distribución y venta de helados e insumos. También estarían involucradas las franquicias.

Su modo de operar logró “evitar fraudulentamente el pago de impuestos nacionales mediante la comercialización marginal de helados a gran escala a través de un sistema ideado, implementado, ejecutado y controlado por los directivos llamado ‘operaciones W’, en el que estarían implicados contadores y abogados cercanos a la empresa”, según había precisado la ex-AFIP (hoy ARCA) en el momento del operativo en mayo de 2012, que incluyó más de 18 allanamientos.

“El fraude consistía en introducir la marca en nuevos mercados, instalando las primeras heladerías a nombre de personas físicas de confianza de los directivos o de sociedades integradas por los mismos junto a terceros leales a ellos”, indicaba el organismo tributario.

Asimismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero añadió que “luego transferían el fondo de comercio (bienes de cambio, bienes de uso, instalaciones y un valor llave de negocio), fijaban el valor real en un boleto de compraventa y facturaban solo el 10% del precio, como valor llave, que está exento de IVA a fin de evadir el impuesto”.

“Para llevar a cabo esta maniobra de evasión, fue necesaria la connivencia de los centenares de franquiciados que participaron alentados por el descuento del 10% que realizaba la empresa por las ‘compras W’”, explicaron en aquel entonces.