La Cámara de Apelación rechazó los recursos de los defensores

El largo recorrido del expediente de Generación Zoe sigue su curso y, en esta oportunidad, con un nuevo revés para los defensores de Leonardo Cositorto y otros imputados en la causa por estafas y asociación ilícita.

El último capítulo, -hasta ahora-, de esta intrincada historia judicial está marcado por la decisión de los camaristas de Río Tercero, constituidos como miembros de una Cámara de Apelación, rechazaron los recursos de los defensores.

El primero de esos recursos fue el que presentó Pablo Maccarini, abogado de Silvia Rosa Fermani y Florencia Anahí Álvarez.

El letrado formuló un “recurso de queja”. Los camaristas explicaron que ese tipo de recursos se presenta ante un tribunal superior cuando los acusados están en desacuerdo con lo decidido por un tribunal de menor jerarquía. En este caso, Maccarini lo presentó en la Cámara de Río Tercero para “quejarse” de lo que había decidido la misma cámara. Por eso, fue rechazado por ser “formalmente inadmisible”, a lo que le agregaron que debían pagar las costas.

También analizaron los recursos presentados por la abogada Graciela de Lourdes Díaz, defensora de Ariel Próspero; y Guillermo Dragotto, representante legal de Cositorto y Maximiliano Batista.

En este caso, el rechazo fue porque la casación, según explicaron los jueces, se presenta contra sentencias definitivas, esas que ponen fin a un proceso. Dado que no es este el caso porque el juicio en Villa María todavía no se hizo, pese a que lleva tres años y medio la causa. Es por eso que los jueces lo calificaron de “improcedente”.

Finalmente, rechazaron la nulidad presentada por Carmelo Zuccarello, defensor de Julieta Paula Sciutti. En este caso el “no” de los magistrados fue a razón de que lo presentaron fuera de término, y también le aplicaron las costas.

Los magistrados que firmaron esta resolución -“auto”, en el lenguaje judicial-, son José Orlando Argüello, Marcelo José Ramognino y Guarania Teresa Elsa Barbero Becerra.

¿Cómo sigue?

En febrero de 2022 la fiscal Juliana Companys inició una investigación por estafas y asociación ilícita contra los líderes de Generación Zoe.

Lo mismo que hacían en Villa María desde las oficinas de la calle Alem lo hacían en otras provincias argentinas, cuyas justicias fueron avanzando.

El caso de Corrientes fue el primero que juzgó a Cositorto, condenándolo a 12 años de prisión.

En Salta están realizando actualmente el juicio.

En Córdoba, el expediente avanza y retrocede, sin poder llegar todavía a un cierre que determine si los acusados son inocentes o culpables. En una primera oportunidad, cuando concluyó la investigación y después de que contestaran todos los recursos defensivos, el expediente llegó al quinto piso de los Tribunales de Villa María.

La Cámara del Crimen de esta ciudad objetó la elevación a juicio y pidió a la fiscal que siguiera investigando.

Así lo hizo y el expediente comenzó el nuevo recorrido: Juzgado de Control, Cámara de Apelaciones (que, en este caso, es la de Río Tercero), otra vez control y, finalmente, volvería a la Cámara del Crimen de Villa María, donde tienen la responsabilidad de realizar el juicio en el que se determinará la responsabilidad penal de los acusados.

El tiempo transcurrido hizo que las personas que estaban detenidas solo por esta causa quedaran en libertad sin sentencia (ni absolutoria ni condenatoria) y que los casi 400 damnificados todavía no tengan respuesta.