Salta - Nueva audiencia en el juicio por Generación Zoe
El socio local dijo que es inocente
Se llevó a cabo ayer una nueva audiencia en Salta en la que declaró el socio local de Leonardo Cositorto. Dijo que era un empleado y que nada tuvo que ver con las estafas. Declararon más damnificados
En Salta se está llevando a cabo el segundo juicio contra Leonardo Cositorto. El primero fue en Corrientes, donde fue condenado a 12 años de prisión. Córdoba, la primera en investigar, todavía no llegó a juicio.
Pero volviendo al juicio que se realiza en la provincia norteña, en la audiencia de ayer declaró uno de los imputados como socios en Generación Zoe. Se trata de Ricardo Vilardel, quien dio su versión de los hechos sin contestar preguntas.
Dijo que es “totalmente inocente”, al igual que sus familiares, y denunció haber sido víctima de difamaciones.
Manifestó que deseaba aclarar las cosas porque “con el tiempo todo se distorsionó y los hechos se malinterpretaron”. Admitió que el daño económico existió, pero subrayó que él y su familia no tuvieron que ver con las propuestas de inversiones, los robots y la Zoe Cash que ofrecía la empresa. Eran modelos de negocios que ya habían sido creados por la compañía”, aclaró. Aseveró que nunca tomó decisiones y que siempre cumplió órdenes de Cositorto.
Vilardel sostuvo que él y su hermano fueron empleados de Zoe y que su rol era actuar como soporte. Dijo que él nunca fue experto en finanzas y que “como a todos, lo invitaron a participar de una empresa donde se podía tener rentabilidad y también podías capacitarte”.
Contó que su relación con Cositorto comenzó en 2017, cuando participó de una capacitación en coaching que dio el creador de Zoe en Salta. Manifestó que en ese momento él estaba con ataques de pánico y que por esa razón se acercó a esa disciplina. Dijo que le resultó, se entusiasmó y decidió hacer la carrera en la plataforma de la firma.
Se certificó a fines de 2018. En 2019 accedió a becas en la misma "universidad" por 100 dólares y le ofrecieron una comisión de 50 dólares por vender la capacitación. Le pareció conveniente y comenzó a ofrecer las becas. Así comenzó su vínculo con la empresa, dijo.
Sostuvo también que la oficina de Salta se cerró temporalmente por orden de Cositorto. Pero la compañía siguió trabajando de manera virtual. Dijo que el 7 de marzo de 2022 la sede volvió a abrir y que él siempre respondió los mensajes que le enviaban los damnificados.
Por otra parte, también declararon otros damnificados. Señalaron, al igual que los anteriores, que realizaron inversiones por la promesa del alto interés y que después no pudieron retirar nada.
El tribunal salteño está integrado por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, Martín Pérez (presidente), Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans (vocales). Por el Ministerio Público interviene la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio; mientras que la defensora pública Cecilia Martínez representa legalmente a Cositorto. Finalmente, Fernando Díaz Zabalaga representa al resto de los imputados.
