Policías y civiles condenados

Siete personas -entre ellas cuatro policías- fueron juzgadas y condenadas ayer por ser parte, con distinto nivel de protagonismo, de una banda dedicada a vender autos robados en la zona de Oliva y Oncativo.

Los participantes en esta red ilícita fueron en total 16. En un primer juicio condenaron a ocho de los integrantes y el resto no compareció en esa oportunidad porque habían pedido la suspensión del juicio a prueba.

En distintas instancias judiciales rechazaron esa posibilidad, por lo que ayer debieron sentarse en el banquillo de los acusados.

El hecho principal, que fue investigado por la fiscal Mónica Biandrate, de Oliva, consistió en que el grupo receptaba vehículos robados en Córdoba capital, los “enfriaba” -es decir, los mantenía guardados un tiempo- y luego los vendían con una patente que, en realidad, correspondía a otro vehículo, y aportaban toda la documentación apócrifa.

A esa causa central de este juicio se sumó otro hecho protagonizado por dos policías y un civil. Fue cuando se presentaron en una fábrica de Oncativo y “apretaron” a un trabajador diciendo que el auto que había comprado era robado. Que ellos podían “arreglar” el tema mediante el pago de 80 mil pesos. Era el año 2016. El trabajador en cuestión le dio las llaves y le dijo que hicieran lo que quisieran, que él había comprado el auto de buena fe y que le había costado mucho. Además, como ganaba 60 pesos la hora, jamás podría reunir ese dinero.

Se fueron dejando el auto y, al poco tiempo, se lo secuestraron en un procedimiento policial genuino.

El trabajador en cuestión fue el único testigo que compareció ayer. “Me estafaron”, dijo, al referirse a los que le habían vendido el auto. “Me quisieron coimear”, agregó en referencia a los policías que se presentaron en la fábrica donde él trabaja.

De los siete, seis confesaron su participación en los ilícitos y uno solo proclamó su inocencia. Es el único que deberá purgar prisión efectiva.

Protagonistas

En la sala comparecieron siete de los ocho acusados en este juicio. Sergio Espósito, un policía que había adquirido, según la acusación, uno de los autos robados, presentó un certificado médico para justificar su ausencia. De esta manera, falta una tercera audiencia para terminar de juzgar a la banda.

De los que estuvieron presentes, hay dos civiles acusados de ser parte de la asociación ilícita. Se trata de Carlos Orellano (64), oriundo de Oncativo, y de su yerno, el empresario del rubro logística Alejandro Ostorero (56), radicado en la zona rural de Toledo.

Ambos admitieron ser parte de la red que receptó, al menos, seis vehículos robados (un Cruze, un Suran, un Voyage, una Amarok, un Ford Focus y un Peugeot 208) y los puso a la venta con patentes mellizas y documentación apócrifa.

Fueron condenados por asociación ilícita y encubrimiento a tres años de prisión en suspenso (es decir, no irán a la cárcel) y les impusieron, entre otras reglas de conducta, hacer 96 horas de trabajos comunitarios en el Hospital Emilio Vidal Abal, de Oliva (HEVA).

Ambos estuvieron defendidos por el abogado de Córdoba capital Alejandro Dragotto.

El tercer condenado es el policía retirado con el cargo de subcomisario Claudio González (50), oriundo de Oliva y radicado en Villa María.

Admitió su culpabilidad en los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público porque compró, a sabiendas de su procedencia ilícita, un Renault Cruze a la organización delictiva. Por ello recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional más un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Estuvo defendido por el abogado olivense Gabriel Razuk.

“El teléfono tiene que desaparecer”

El otro policía condenado ayer es Mariano Santillán (47), quien cumple -al menos hasta ayer- funciones en el destacamento de Manfredi.

Él está acusado de haber adquirido, a sabiendas de la procedencia ilegal, una Suran robada.

Además, el 16 de agosto de 2016, cuando comenzaron los allanamientos en el marco de la investigación de la asociación ilícita, le habló por teléfono a Carlos Silva, esposo de Silvia Bogaert -dos de los condenados en el primer juicio-, y le dijo: “El teléfono tuyo y de la Silvia tienen que desaparecer. Van a pedir un allanamiento”. Efectivamente, cuando hicieron el procedimiento dio “negativo” a los teléfonos celulares.

Por todo eso, lo condenaron a tres años de prisión condicional por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, le impusieron un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos y las mismas reglas de conducta que al resto de los condenados que siguen en libertad.

Concusión

Lo que en el lenguaje popular se conoce como “coima”, en el lenguaje jurídico se denomina “concusión”.

Ese fue el cargo que le atribuyeron, en grado de tentativa, al policía retirado Claudio Martínez y a su par en actividad Jorge Esteban Suárez; como así también al tarotista Mario Salugo.

Los dos uniformados confesaron los hechos que le atribuían cuando fueron a pedirle dinero a un trabajador para “arreglar” el tema del auto robado y fueron condenados por incumplimiento de funcionario público y concusión en grado de tentativa, a tres años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para ejercer funciones en el ámbito público.

Les impusieron la misma regla de conducta que a Orellano y Ostorero, es decir, deberán prestar servicios comunitarios en el Vidal Abal.

Martínez es técnico en seguridad comunitaria; y Suárez, abogado. Estuvieron defendidos por los abogados Manuel Toledo y Germán García en el primer caso y el letrado Agustín Viglione en el segundo.

Junto a ellos estaba acusado el tarotista Salugo, quien asegura que, si bien los acompañó a la fábrica, no tenía idea de lo que fueron a hacer a ese lugar.

Terminó siendo condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, dado que tenía una condena anterior por violencia de género. Estuvo defendido por el abogado José Nayi, quien pidió la absolución por el beneficio de la duda.

El único que quedó preso

Mario Salugo llegó detenido y se fue en la misma condición. Fue el único al que condenaron a cumplir una prisión de manera efectiva, debido a que tiene una condena anterior por violencia de género.

Al declarar ante los jueces, dijo que es tarotista y tiene, como mínimo, nueve turnos de lectura de cartas por día, los que cobra 40 mil pesos cada uno.

Es de Comodoro Rivadavia y vivió en varios sitios del país. Antes de ser detenido la semana pasada vivía en Villa del Rosario.

Su aprehensión se produjo porque estaba en libertad condicional y omitió informar el domicilio actual, dado que para la Justicia estaba radicado en Las Varillas.