Murieron antes de ser juzgados

En el año 2014, Juan Inglese, por entonces referente del sindicato de ladrilleros (UOLRA), denunció a través de las páginas de elDiario la situación de trabajadores del sector. En abril de 2015, el Juzgado Federal de Villa María, encabezado por la entonces fiscal María Virginia Miguel Carmona, junto a la AFIP y el Ministerio de Trabajo de la Nación, hicieron un procedimiento en el lugar apuntado por Inglese, en la zona rural ubicada sobre la ruta 9 sur.

Así fue que se inició una causa por trata de personas (45) que continuó la actual fiscal federal, María Schianni. La funcionaria terminó pidiendo la elevación a juicio contra  Carlos y Eduardo Moro, empresarios del sector.

En las últimas horas, el diario La Voz del Interior publicó que la Justicia Federal sobreseyó a los hermanos Carlos Alberto Moro (65) y Eduardo Moro (68), dado que, por el fallecimiento de ambos, se extinguió la responsabilidad penal del delito por el que estaban acusados.

La causa sigue en pie para otros dos imputados: los ciudadanos bolivianos Raimundo Condori Gutiérrez (52) y Agustín Chipana Galarsa (57), también enviados a juicio.

Cabe recordar que los trabajadores, según consta en la causa, vivían en condiciones precarias, sin agua potable, con instalaciones eléctricas peligrosas, baños improvisados y techos sostenidos por neumáticos.

Además, las jornadas eran extenuantes y los trabajadores debían producir más ladrillos para poder pagar a los Moro el lugar que habitaban.

La fiscal sostuvo que los imputados abusaban de la vulnerabilidad de las víctimas, quienes tenían escasa educación, no hablaban español fluidamente o carecían de documentación regular.