Primera sentencia con el piso de cuatro años de prisión

Cada vez que se sienta en el banquillo de los acusados un narcomenudista, los abogados defensores abren un debate invocando el “caso Loyola”, por el que piden la inconstitucionalidad de la escala penal establecida por la ley (23.737) que fija penas de cuatro a 15 años para los condenados por ese delito. “No es posible que sea igual para un narcomenudista que para un narcotraficante”, suelen decir en la sala. Ante eso, el criterio de la Cámara del Crimen era el de otorgar la inconstitucionalidad y partir desde tres años para las condenas. Eso se terminó en virtud de una decisión de la Corte Suprema.

El caso Loyola

Loyola, no es otro que Sergio Alejandro, un condenado en Córdoba capital por vender droga. El defensor cuestionó en su oportunidad la escala penal y llegó con su recurso al Tribunal de Justicia de Córdoba. Ahí le dieron la razón y por eso, cada vez que condenaban a un narcomenudista por la mínima pena, le imponían tres años de prisión en lugar de cuatro como dice la ley.

Sin embargo, el fiscal General de la Provincia no estuvo conforme con la decisión del máximo tribunal de Justicia de Córdoba. Y acudió a la Corte Suprema, el máximo tribunal de Justicia del país.

Allí, en la primera semana de marzo y después de más de cuatro años de espera, los supremos por unanimidad dijeron que no hay ningún error en la ley y que, por tanto, la mínima es de cuatro años tanto para los narcomenudistas como para los narcotraficantes.

En ese contexto fue que miércoles 26 de marzo se llevó a cabo en la Cámara del Crimen un juicio contra José Mauro Ferreyra y su cuñada, Dévora Deolinda Chaves.

Ambos llegaron acusados por el delito de “comercialización de estupefacientes” ocurrido entre enero y marzo de 2024 en el barrio San Martín, cuando fueron detenidos tras un procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Secuestraron elementos tales como una balanza y más de 14 gramos de cocaína y unos 36 gramos de marihuana.

Además, Ferreyra, un hombre con antecedentes, tenía otra causa abierta por haber golpeado a un vecino.

Ambos confesaron ser autores del hecho y pidieron disculpas por los daños causados.

La pena que le impusieron en el juicio de carácter abreviado fue la mínima establecida por ley: cuatro años. Fueron los primeros en “estrenar” la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

El juicio

Mauro Ferreyra participó de la audiencia por teleconferencia desde la cárcel donde pasó una buena parte de su vida, dado que fue condenado por diferentes delitos en 2011, en 2016 y en 2019. Salió en libertad en 2020.

Tiene 32 años, nació en Las Perdices y está radicado en Villa María. Está en pareja con la hermana de la otra acusada.

Dévora, así, con “v” corta, Deolinda Chaves tiene 26 años y vive en el mismo barrio. Es la primera condena que recibe y como es madre de dos hijos pequeños, seguirá en prisión domiciliaria.

Ferreyra estuvo defendido por el asesor letrado Francisco Argañaraz y Chaves, por la asesora Ivana Castoldi.

Al concedérsele la última palabra, ambos pidieron perdón.

Dado que no se discutió ni la autoría de los delitos ni la pena, el juicio fue abreviado y en consecuencia, tanto el fiscal Francisco Márquez como los dos defensores pidieron la pena que finalmente impuso la jueza Eve Flores.