Imputaron y detuvieron a cinco policías de Córdoba

El fiscal Guillermo González imputó y ordenó ayer la detención de cinco efectivos de la Policía de la Provincia por la muerte de Guillermo Bustamante (39), ocurrida el lunes por la madrugada en una estación de servicio de Villa Páez, en la ciudad de Córdoba.

El caso involucra acusaciones por “abuso de poder”, “encubrimiento” y “omisión de los deberes de funcionario público”, tras un análisis preliminar de testimonios, videos y el resultado parcial de la autopsia.

El oficial subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín enfrentan cargos por “homicidio calificado por abuso de sus funciones como miembros de las fuerzas policiales”, en calidad de coautores. La imputación señala que habrían causado la muerte de Bustamante en un hecho aún bajo investigación.

En tanto, el oficial inspector Walter Perfumo fue acusado de “encubrimiento doblemente agravado por no denunciar el delito”, considerando su rol como funcionario público, mientras que el sargento Mariano Córdoba enfrenta cargos por “omisión de los deberes de funcionario público”.

Fuentes judiciales indicaron que aún quedan pendientes actos procesales y la incorporación de pruebas, lo que podría derivar en nuevas imputaciones o en la modificación de las actuales.

Las circunstancias exactas del fallecimiento de Bustamante no fueron detalladas, pero la gravedad de los cargos apunta a un posible caso de violencia institucional que puso el foco en la actuación de las fuerzas de seguridad.

Vivía a cinco cuadras

Guillermo Bustamante era padre de dos hijos y vivía con su esposa, Agustina Escotorin, en barrio San Martín, a solo cinco cuadras de la estación de servicio donde falleció.

Carlos Nayi, abogado la viuda, afirmó que “la señora ha pedido ser querellante en la causa” y exige justicia, pidiendo que “todos estén presos”.

En declaraciones a la emisora Cadena 3, destacó que el procedimiento policial fue incorrecto y que el comisario mayor Cristian Barrios mintió al declarar que Bustamante estaba agresivo y que la Policía actuó dentro de la ley. “Se aprovecharon de los recursos del Estado para tomar por asalto a un trabajador”, afirmó Nayi.

El letrado cordobés caracterizó el caso como “un grave hecho de violencia institucional” y aseguró que la familia solicitó ser querellante en la causa, dado que tiene el firme propósito de que se descubran las responsabilidades del caso para “que ninguna otra persona deba padecer apremios y abusos ilegales de parte de la fuerza pública”.

Para el abogado, es imprescindible determinar la función que ocupaba cada uno de los uniformados, junto con las actividades concomitantes y posteriores al evento. “Debe tenerse en cuenta que forman parte de la estructura del Gobierno y del Ministerio de Seguridad, y deben ser enmarcadas en ese contexto”, consideró.

A su vez, recalcó que las fuerzas de seguridad deberían servir para “crear mayores libertades”.

“Tienen una obligación impostergable e indelegable que consiste en fomentar medidas que nos permitan, como ciudadanos, vivir más libres. En este contexto, entiendo que la primera violencia que debe controlarse, combatirse, es la institucional”, solicitó.

Escotorin se mostró conforme con el avance de la investigación y dijo que no descansará “hasta que paguen todos los culpables”.

Analizan las pruebas

Las detenciones dispuestas por el fiscal del Distrito 1, Turno 2, se produjeron tras el análisis de videos y fotos tomadas por cámaras de seguridad de las inmediaciones de la estación de servicio y de vecinos que declararon lo que vieron en dicha estación.

La autopsia preliminar mostró que Bustamante no murió por asfixia. Sin embargo, restan los exámenes toxicológicos y sobre su salud, que podrían marcar otro factor en la muerte del conductor. La pericia se encuentra bajo secreto de sumario y se esperan resultados más precisos en las próximas horas.

El lugar del hecho

Del procedimiento policial que tuvo lugar en la estación de servicio ubicada en avenida Octavio Pinto y Mariano Castex participaron 15 uniformados de distinto rango.

Los investigadores del caso tienen en su poder los teléfonos celulares de cada uno y será clave saber si alguien hizo alguna llamada desde su móvil una vez que se constató la muerte del hombre. Además, todos los policías fueron sometidos a pruebas toxicológicas, que dieron negativo para el consumo de alcohol. Se espera el resultado para otras sustancias.

El mismo análisis se realizó con la víctima, pero tampoco se conoce el resultado de este estudio.

“Lo mataron por 10 mil pesos”

“A mi marido lo mataron por 10 mil pesos”, dijo Agustina Escotorin, y aseguró que su pareja “era un excelente padre y mejor compañero”.

“Él trabajaba muchísimo y esa noche volvía de colocar unos techos de durlock en una panadería. Cuando me di cuenta de que se estaba demorando más de la cuenta (eran las 3 de la madrugada) lo llamé por teléfono y de fondo podía escuchar los gritos de la Policía”, relató la viuda al portal web de La Voz del Interior.

Alarmada por los alaridos de Bustamante, quien alcanzó a contarle dónde estaba, Agustina llamó un taxi y se fue para la estación de servicio. Al llegar, le avisó al playero que traía un billete de 10 mil pesos, “pero no me lo quiso recibir”.

“Guillermo había cargado nafta y no tenía cómo pagar porque no le funcionaba el wifi, no tenía datos y no podía utilizar la aplicación que habitualmente utiliza para pagar”, contó Escotorin, y cuestionó: “Ese mismo playero llamó a su amigo policía; no llamó al 911…, lo fue a socorrer un amigo”.

Además, dijo que al llegar al lugar suplicó varias veces que la dejaran ver a su marido. “Le estaban pegando. Una policía mujer amenazó con detenerme si seguía gritando. Finalmente, vi cómo mi pareja caía al suelo con todo su peso muerto”, se angustió.

“Lo ahorcaron. Le pegaron en el auto. Él pedía socorro a los gritos y ellos no dejaban de pegarle. A mi marido lo mató la Policía, siendo que ellos están para cuidar a la sociedad”, planteó.

La mujer ahora espera que todos los uniformados que participaron del operativo sean investigados y reciban las condenas que correspondan. Y también realizó un pedido más: “No está bien que hayan salido a decir que el procedimiento policial fue correcto cuando el cuerpo de mi pareja está lleno de golpes. Los quiero presos a todos”.