Dictaron la prisión preventiva para la madre, el padrastro y un amigo de este

El caso Aralí Vivas (foto), la niña de 8 años que fue abusada y asesinada en el interior de la provincia de Córdoba a principios de noviembre pasado, sigue en vilo y la Fiscalía de Instrucción de Morteros, a cargo de Yamila Di Tocco, dictó poco antes de terminar el año 2024 la prisión preventiva de tres imputados por la causa de homicidio.

En los gravísimos episodios delictivos están implicados Ezequiel Matías Simeone; Cristian Hernán Varela, amigo del padrastro y Rocío Milagros Rauch, la madre de la niña todos están imputados por los hechos delictivos en los cuales resultó damnificada la nena de Brinkmann.

Las imputaciones

Simeone está acusado de ser el coautor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por ser cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, y por ser cometido por dos o más personas”; también de “homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y criminis causa, en concurso real”, y además como probable autor del delito de “Incendio, todo en concurso real”. No se debe olvidar se produjo un incendio en la vivienda de la nena, cuyo cuerpo apareció carbonizado.

En tanto, otro de los imputados es Varela, amigo de Simeone, quien está marcado como supuesto coautor responsable de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por ser cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, y por ser cometido por dos o más personas”; así también como supuesto autor de “homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y criminis causa, en concurso real”.

Por último, la imputada Rauch, madre de la niña, actualmente detenida en la cárcel de Villa María, está en la mira por ser supuesta “partícipe necesaria” penalmente responsable de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por ser cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo y por ser cometido por dos o más personas”; también su accionar fue considerado como supuesta autora de “homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y criminis causa, todo en concurso real”.

La SENAF en la mira

Hace pocas semanas, la investigación puso especial atención en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Córdoba, cuyo accionar fue cuestionado por otros sectores.

El primer indicio lo marcó la Municipalidad Brinkmann, que tras una marcha vecinal emitió un comunicado en el que manifestó que “siempre acompañó las necesidades de los niños afectados, pese a no compartir decisiones que se tomaron en otros organismos”.

La SENAF, por su parte, solo había abierto un sumario interno para establecer responsabilidades. En su momento, habló la directora del organismo, Julia Reartes, quien defendió su gestión y explicó cómo se llevan a cabo las tareas de revinculación familiar:

“El SENAF es solo una parte del sistema de protección integral de derechos. Todas las intervenciones que hace la Secretaría ligada a situaciones de vulneración de derechos se inician a partir de llamadas a la línea 102, o bien recibimos oficios judiciales, también llamados de la línea 911”.

Allí, la funcionaria cordobesa se desligó responsabilidades, al asegurar que más allá de los informes que realiza la SENAF, la última palabra la tienen los jueces: “Nosotros no trabajamos solos, trabajamos en articulación con la Justicia y es ella la que tiene lo que se denomina ‘control de legalidad de las decisiones’ que toma la SENAF.

La Justicia lee los informes y los dictámenes que producen los equipos técnicos de SENAF y después el juez o la jueza encargada de la causa lee esos informes, es encargado de analizarlos con sus propios equipos. También interviene el asesor que tiene la obligación de ley de leer esos informes y de entrevistar a los niños sujetos a la medida”, explicó.