“Mi bebé fue envenenada con potasio”, aseguró una madre entre lágrimas

“Cuando nos enteramos de esta noticia fue el peor golpe que nos pasó”, dijo entre lágrimas Yoselín Rojas (foto), la mamá de Angeline, una de las bebas muertas en el Hospital Neonatal durante 2022.

Su caso fue el primero en llegar a la Justicia luego que se hiciera una autopsia al cuerpo de la víctima. 

“Mi bebé fue envenenada con potasio”, respondió la mujer a la pregunta del fiscal sobre los estudios de la autopsia. Además, señaló a Brenda Agüero como la persona que se llevó de la sala a la pequeña y nunca más volvió a verla con vida.

Después que Angeline nació, Brenda la retiró y a los 15 minutos le informaron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio. “Los médicos nos dijeron que era inexplicable”, dijo Yoselín ante el tribunal y el jurado en la segunda semana del juicio que tiene a la enfermera Agüero como principal imputada y a otras 10 personas acusadas de encubrimiento.

El día que nació

La mujer, de origen peruano, se encuentra en pareja con Jaime Cornelio Pérez, quien también está presente en el juicio. Ambos tienen una hija de 11 años y esperaban ansiosos la llegada de Angeline. Después del trauma por la muerte de su hija, hace 9 meses, Yoselín tuvo otro bebé. 

Contó que, al no contar con obra social, se realizaba los controles periódicos en la Dirección de Especialidades Médicas Benito Soria.

Yoselín se quebró cuando le preguntaron sobre el momento en el que se enteró de su embarazo. Su hija mayor se puso feliz. “Le pusimos Angeline porque ella iba a ser como un ángel y nos iba a traer felicidad”, expresó.

“Me derivaron en la semana 37 para que diera a luz. Nació el 6 de junio. Bien de salud. Linda, maravillosa, su llanto me emocionó tanto”, relató la mujer quien pidió explícitamente la presencia de Agüero en la sala “para encararla”.

Yoselín también detalló que nadie quiso dar información de la enfermera, que se sorprendieron por el fallecimiento de la beba y que cuando entregaron ropa de la beba hallaron manchas.

Los casos

En total, durante 2022, murieron cinco bebés nacidos sanos y otros ocho sobrevivieron a los ataques con potasio en el hospital. La enfermera Agüero es la principal acusada, pero hay otras 10 personas imputadas por encubrimiento, entre ellos el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, y la exdirectora del hospital al momento de los hechos, Liliana Asís, quien tiene prisión domiciliaria. 

“Han comenzado a hablar las verdaderas víctimas”, destacó Carlos Nayi, abogado de tres familias en la previa de la audiencia. 

La semana pasada declaró ante el jurado y el tribunal, Damaris Bustamante, la madre de otra de las víctimas, y apuntó contra varios profesionales y en particular contra Brenda Agüero: “Me dijo que si mi hijo se caía y se moría, iba a ser mi culpa”.

El hijo de Damaris, Benjamín, fue el segundo bebé nacido sano que falleció en el nosocomio de manera inesperada y, según se sospecha, consecuencia de una inyección letal. 

La causa

La elevación a juicio dictada por el juez Juan Manuel Fernández López alude que la enfermera Brenda Agüero, que formaba parte del Servicio de Obstetricia de dicho nosocomio, le habría suministrado a los recién nacidos, presumiblemente mediante una inyección no endovenosa, dosis de potasio, insulina u otra sustancia no compatible con la vida, a sabiendas por sus conocimientos profesionales, que su administración podría causar la muerte de los bebés.

El juez Fernández López remarcó el alto estrépito social que provocaron estos hechos por su atipicidad.

Además, consideró que la cantidad de casos producidos, entre consumados (5) e intentados (8), permitió arribar a la probabilidad positiva, basada en abundante prueba indiciaria de carácter unívoco.

En tanto, los exfuncionarios están acusados de no haber denunciado en debida forma los hechos atribuidos a Brenda Cecilia Agüero, pese a la creciente sospecha de criminalidad acerca de la conducta homicida intencional de la enfermera de obstetricia. Según la acusación, este ocultamiento habría sido mantenido en el tiempo durante varios meses hasta que finalmente formalizaron la presentación judicial correspondiente. 

Al respecto, el juez Fernández López expresó en su resolución: “Las fallas en los controles internos de un esquema institucional, traducida en imputaciones a los funcionarios aquí enrostrados, permitió una profusa reiteración homicida (cinco resultados mortales y otros ocho intentos fallidos)”.