Asesinato en Bouwer: seguirán detenidos

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 3, a cargo de José Mana, ordenó la prisión preventiva de 10 miembros pertenecientes al Servicio Penitenciario de la provincia (ocho guardiacárceles, un médico clínico y una psiquiatra), acusados por la tortura seguida de muerte del villamariense César Moreno en el complejo carcelario de Bouwer.

Los hechos que se les imputan sucedieron entre los días 16 y 18 de septiembre de 2023 y, un año después, la Fiscalía de Mana, quien actúa en el caso secundado por su secretario, Nicolás Torres, resolvió que los diez imputados deberán seguir en la cárcel hasta el juicio.

La resolución de los funcionarios, de 278 páginas, subraya en uno de sus párrafos que “el interno en cuestión, quien en vida se llamara César Darío Moreno, de 50 años de edad, no registraba antecedentes penales, y había sido aprehendido por la supuesta  comisión de un hecho de baja entidad penal”.

El villamariense, conocido en esta ciudad por su dedicación al deporte (había sido jugador y era director técnico de las inferiores de rugby del Jockey Club), así como por su condición de trabajador titulado en la colocación de aparatos de aire acondicionado, “al ingresar al complejo de Bouwer, habría sido gravemente golpeado por personal penitenciario, posteriormente fue atado e inmovilizado por más de 48 horas, sin brindarle atención sanitaria ni médica adecuada, producto de lo cual, a raíz de los severos padecimientos sufridos, su estado de salud empeoró, desencadenando su fallecimiento”, según dejaron asentado Mana y Torres en el escrito.

“Importante caudal probatorio...”

El Ministerio Público informó que “en la investigación llevada a cabo por el fiscal, se reunió un importante caudal probatorio: filmaciones, documentación, testimonios, informes técnico-científicos, entre otros, que permiten sostener, en esta altura del proceso, la existencia del hecho y la participación de los imputados”.

“Adicionado a esto, el secuestro de prueba digital, análisis interdisciplinarios por parte de la Dirección General de Policía Judicial y del Instituto de Medicina Forense, siguiendo lineamientos de instrumentos internacionales de referencia como lo son el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota, para la investigación de hechos de tortura y muertes ilícitas en contextos de encierro. Asimismo se cuenta con informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que acuerdan con la imputación y calificación legal llevada a cabo por este Ministerio Público Fiscal”, agregó este organismo.

La libertad de los imputados implica riesgo

Y expresó que “en virtud de la numerosa prueba recolectada, sumados al riesgo para el avance de la investigación como para la realización del juicio que implica la libertad de los imputados, se dispuso el encarcelamiento cautelar de las diez personas detenidas entre las que se encuentran el exdirector de un módulo de la cárcel, tres oficiales, cuatro suboficiales del área de Seguridad y dos médicos (uno clínico y una psiquiatra), todos pertenecientes al Servicio Penitenciario de Córdoba, los cuales se encuentran imputados por el delito de ‘Tortura seguida de muerte’  (art. N° 144 tercero, inciso 2 del Código Penal Argentino), el cual prevé la pena única de prisión perpetua”.

En el escrito se describieron los hechos que antecedieron la detención de Moreno en los mismos términos en que los pudo reconstruir este medio días después de producidos. Concretamente, se indicó que el ciudadano “se encontraba en una crisis psiquiátrica, con diagnóstico de trastorno bipolar, habiendo suspendido la medicación”.

“En este contexto se produjo un episodio menor en Nueva Córdoba (donde ingresó a una panadería diciendo que se sentía perseguido y los empleados, que no le creyeron, lo sacaron a empujones del local y llamaron a la Policía), por el que fue aprehendido y trasladado en un primer momento al Establecimiento Penitenciario N° 9 (ex-UCA) y luego al Complejo Carcelario N° 1 de Bouwer. Allí se produjo un enfrentamiento con el personal de seguridad y en represalias por una lesión que sufrió uno de los guardiacárceles, actualmente detenido y con prisión preventiva, se le aplicaron golpes y tormentos al momento de su reducción”, se precisó en el escrito.

Y se agregó: “Luego la víctima fue llevada al sector del servicio médico, a sabiendas de que allí no había cámaras de seguridad. En el lugar, ante la presencia de uno de los médicos de guardia, a sabiendas de que podían actuar con impunidad, continuaron con la golpiza. Posteriormente, los imputados llevaron a Moreno a una sala médica, donde se le aplicaron medidas de contención, permaneciendo atado de sus muñecas, tobillos, muslos y pecho, durante más de cuarenta y ocho (48) horas, sin brindarle atención médica por los golpes sufridos, suministrándole dosis mínimas de agua y alimento, e ignorando el estado de salud del interno. Producto de las lesiones, la prolongada inmovilización y las características personales de la víctima, al momento de ser desatado cuando se disponía a ser trasladado al Centro Psico Asistencial (CPA), Moreno murió por un tromboembolismo pulmonar agudo”.