Cómo se investigó

La fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, dijo ayer a elDiario que la investigación de la causa penal que terminó con la condena de siete villamarienses como integrantes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos tributarios y financieros, comenzó en Buenos Aires en el año 2016, con un trabajo previo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos junto a la Unidad de Información Financiera.

“Primero la Proselac y luego la UIF, que se encarga de hacer los reportes de operaciones sospechosas a nivel económico, detectaron que esta mutual se encontraba realizando algunas operaciones sospechosas… justamente se llaman ROS, Repostes de Operaciones Sospechosas”, señaló Schianni durante una entrevista concedida a La Radio del centro del país, 90.1 Mhz, emisora perteneciente a Cooperativa de Trabajo Comunicar.

La funcionaria judicial obviamente se refería a la Asociación Mutual Productores de Servicios Generales (AMPSG), ubicada en calle General Paz 175 de esta ciudad, entidad que fue allanada y actualmente se encuentra intervenida a raíz de las maniobras delictivas detectadas

“Se inició la investigación y luego se remitió todo a nuestra jurisdicción, por lo que empezamos a trabajar junto con inspectores de la AFIP y personal de Gendarmería Nacional”, continuó la fiscal, y agregó: “Se intervinieron teléfonos y pudimos establecer que se trataba de una asociación ilícita integrada por varios miembros, con distintos roles, cuyo presidente, Fernando Ateca, junto al doctor (Jorge) Sufé, realizaban diferentes maniobras, como actividades de intermediación financiera, es decir operar como un banco sin la autorización del Banco Central, captando fondos y ahorros del público en general, prestando dinero, haciendo intercambio de divisas, inversiones en bolsa, etcétera; o sea, algo muy alejado a los fines sociales que puede llegar a tener una mutual”.

Cabe recordar que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba, que condenó a conocidos profesionales villamarienses y les impuso penas de hasta tres años de prisión en suspenso y a pagar un total de 500 mil dólares por utilizar la estructura de la AMPSG para realizar actividades ilegales a través de la compra de inmuebles y vehículos para darle apariencia lícita a sus ingresos espurios.

Se trata del empresario Fernando Santiago Ateca, el abogado Jorge Héctor Sufé , los contadores Miguel Alberto Álvarez y Carlos Giovanardi y el exconcejal Delfín Armando Polack, además de Richard Eduardo Grenat y María Eugenia Tabares

“La investigación tuvo distintas instancias procesales -continuó Schianni-, pero siempre se fue confirmando la hipótesis de que se trataba de delitos tales como ‘asociación ilícita’, ‘intermediación financiera’ y ‘lavado de activos’, además de algunos hechos de ‘evasión’. Todo se coronó con una sentencia condenatoria en un juicio abreviado, ya que los imputados admitieron su responsabilidad en los hechos; por esa razón la pena es menor”.

En otro pasaje de la entrevista, la fiscal destacó que “toda la causa fue trabajada en forma conjunta con el doctor Carlos Gonella, tanto en éste como en otros procesos judiciales”.

En el marco de juicio abreviado y a los efectos de reparar el daño causado por los delitos que cometieron, los condenados acordaron pagar un total de 500 mil dólares estadounidenses, en los siguientes términos: Ateca, 240 mil; Sufé, 120 mil; Álvarez, 90 mil; Polack, 35 mil, y Tabares, Giovanardi y Grenat, 5 mil dólares cada uno.