La Corte Suprema intervino en un planteo por la causa Generación Zoe

En distintos puntos del país hay denuncias por estafa presentadas por damnificados de Generación Zoe, la organización liderada por Leonardo Cositorto.

Por la magnitud y el avance de la investigación llevada a cabo en Villa María por la Fiscalía de II Turno, a cargo de Juliana Companys; dos jueces de La Plata se declararon incompetentes para investigar y pidieron que los casos de esa ciudad, también se analicen en la Fiscalía cordobesa.

Ese pedido de apartamiento llegó hasta la Corte Suprema de la Nación, donde los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, resolvieron que lo que pasó en La Plata, se debe investigar allí. La fecha de esa resolución es el 1 de agosto de este año.

Los argumentos

Los magistrados del máximo órgano judicial de la Nación se remitieron a un dictamen del procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien analizó dos pedidos de incompetencia presentados por los jueces platenses. elDiario accedió al primer dictamen de Casal, quien al emitir su opinión relató las denuncias realizadas en La Plata y describió la modalidad de los hechos.

“De tales presentaciones se desprende que Luciano Gaudencio y otros responsables de las oficinas de Generación Zoe que funcionaban en La Plata, habrían engañado a los denunciantes que colocaron sus respectivos ahorros en las diferentes inversiones ofrecidas por aquellos. Las víctimas habrían tomado conocimiento por distintos medios de que en la mencionada ciudad la firma daría cursos informáticos sobre criptomonedas y que prometía el otorgamiento de altos dividendos a quienes invirtieran en sus operaciones.

Las tratativas y la disposición patrimonial efectuada por cada uno de los damnificados también habrían tenido lugar en distintos sitios de la ciudad de La Plata. Tras efectuar aportes en moneda nacional y extranjera y recibir durante los primeros meses algunos dividendos, las víctimas dejaron de percibir las ganancias prometidas y, finalmente, no pudieron recuperar siquiera parte del dinero invertido.

Además, algunos de los damnificados supieron que sobre Leonardo Cositorto -creador de la firma- pesaba una gran cantidad de denuncias por estafa cometidas en distintos lugares, y en razón de ello se dirigieron a las oficinas de La Plata a realizar sus reclamos”. Esto fue en abril de 2022.

Relata que desde dos juzgados bonaerenses entendieron que los hechos denunciados se habrían cometido mediante una idéntica operatoria a la utilizada en Villa María. Esos jueces agregan que como en esta ciudad empezaron a investigar antes -febrero de 2022- y tenían más avance, deberían acumular también los expedientes de La Plata.

Por eso, giraron las causas a la juez de Control de Villa María, Soledad Dottori, quien sostuvo que los sucesos sufridos por cada denunciante constituirían el delito de estafa y que, “tanto el ardid como la disposición patrimonial perjudicial ocurrieron en la ciudad de La Plata”.

Por esos motivos, le devolvió los expedientes el 7 de septiembre de 2022, diciendo que no correspondía acumular las denuncias platenses en Villa María.

El 21 de octubre siguiente, el Juzgado bonaerense quiso insistir en su argumento de que no son competentes para investigar a Cositorto y enviaron el problema a la competencia a la Corte Suprema.

Antes que los jueces de ese máximo organismo decidieran, el procurador dio su dictamen, señalando que “cualquiera que sea el vínculo de conexión final que pueda existir entre hechos que se presentan prima facie como independientes, ellos deben ser investigados por los jueces del lugar en que aparecen cometidos”. Esto fue a fines de diciembre del año pasado.

Todo quedó paralizado hasta que el 1 de agosto,  hasta que finalmente la Corte decidió: las estafas denunciadas en La Plata deben ser investigadas por los jueces platenses, dando la razón  a la jueza de Control de Villa María.

Así se dio la primera intervención del máximo órgano judicial en una causa insigne de Villa María como es la de Generación Zoe.