Siete condenados por asociación ilícita

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba condenó a siete villamarienses, la mayoría conocidos profesionales, como integrantes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos tributarios y financieros, y les impuso penas de hasta tres años de prisión de ejecución condicional y a pagar 500 mil dólares por utilizar la estructura de una mutual para realizar actividades ilegales y lavar activos a través de la compra de inmuebles y rodados para darle apariencia lícita a sus ingresos espurios.

Entre los condenados figuran el empresario Fernando Santiago Ateca y el abogado Jorge Héctor Sufé, a quienes se les impuso una pena de tres años de prisión en suspenso por "asociación ilícita" en calidad de miembros; "intermediación financiera no autorizada, agravada", en calidad de coautores, y "lavado de activos". En el caso de Ateca, también se lo condenó como autor de "evasión simple tributaria".

También fue condenado el contador Miguel Alberto Álvarez (tres años de cárcel de ejecución condicional como miembro de "asociación ilícita"; "intermediación financiera no autorizada, agravada", en calidad de partícipe necesario, y "lavado de activos"). En la línea de penas sigue el exconcejal y excandidato a intendente por el juecismo, Delfín Armando Polack, quien recibió dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, como cómplice secundario de asociación ilícita y lavado de activos, y partícipe necesario de intermediación financiera no autorizada, agravada.

Las mismas penas cayeron sobre el contador Carlos Alberto Giovanardi, Richard Eduardo Grenat y María Eugenia Tabares.

En tanto, el Tribunal absolvió a los acusados Franco Arce, Fabio Darío Machado y Silvia Marcela Della Rosa.

El pago

Como pauta de conducta del acuerdo y a los fines de reparar el daño causado por los delitos cometidos, los acusados acordaron un pago de 500 mil dólares, en los siguientes términos: Fernando Ateca, 240 mil; Jorge Sufé, 120 mil; Miguel Álvarez, 90 mil; Delfín Polack, 35 mil, y Tabares, Giovanardi y Grenat, 5 mil dólares cada uno.

Todos fueron imputados en mayo de 2018, cuando allanaron las sedes de la mutual en James Craik y en Villa María (foto), donde se realizaban las operaciones.

Una veintena de propiedades decomisadas

Para el recupero de activos y en sintonía con lo solicitado por el fiscal villanovense Carlos Gonella y la auxiliar fiscal, Julieta Moyano Ludueña, se ordenó el decomiso de más de 20 propiedades en Córdoba y Villa María.

Uno de esos inmuebles será destinado para que el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba instale la sede de la Fiscalía Federal de Villa María, atento la proximidad de la implementación del sistema acusatorio en las distintas provincias.

Esta información fue confirmada ayer por el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal, como uno de los hechos más relevantes de la jornada.