Investigan red de trata integrada por médicos, psicólogos y abogados

La Justicia Federal de todo el país analizó causas de explotación de personas con dos fines: sexual y laboral. Pero en Córdoba, hace unos meses inició una investigación en la que se analiza por primera vez en Argentina, el aprovechamiento de mujeres vulnerables para ser gestantes de hijos de terceros. Otra finalidad, pero el mismo delito: trata de personas.

Los fiscales federales Enrique Senestrari y Carlos Gonella,  con el apoyo de la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano están a cargo del caso.

Hasta el momento, están imputadas nueve personas entre profesionales de la salud (médicos y psicólogos) y abogados, quienes serán citadas a declarar una vez que concluya la Feria Judicial de invierno.

Las víctimas son 14, todas mujeres vulnerables a las que les habrían hecho firmar un acuerdo en un estudio jurídico donde les hacían decir que voluntaria y altruistamente “prestaban” el vientre para gestar un hijo o una hija para terceros, llamados “comitentes”. Pero se descubrió que no era así.

Teléfono 145

La investigación comenzó por la llamada de una mujer al teléfono 145, que es una línea especial para víctimas de trata de personas.

En diálogo con elDiario, Carlos Gonella señaló que  al inicio de la causa pudieron advertir la vulnerabilidad de las mujeres que eran utilizadas para gestar.

Hay casos extremos como una mujer que tuvo graves problemas de salud a consecuencia del embarazo. Es madre de cinco hijos, uno de ellos con discapacidad y viene de una familia desintegrada.

“A ellas les daban unos pocos pesos”, indicó el fiscal federal. En el marco de la causa, solicitaron información a los juzgados civiles para analizar los pedidos de autorización de gestación subrogada o por sustitución. Esto es porque en Argentina no está regulado el tema, por lo que en cada caso particular hay que pedir autorización de un juez.

“El proyecto que se había presentado para incluir en el Código Civil no se aprobó y por eso no está regulado. Esa iniciativa establecía una serie de requisitos para aprobar la gestación, tales como el libre consentimiento, el altruismo, la inclusión de un informe psicológico y la autorización judicial previa. Si bien no está en el Código, para autorizar este tipo de gestación los jueces trabajan en general muy bien, analizando que verdaderamente haya altruismo y libre consentimiento y van generando jurisprudencia”, dijo Gonella.

“Con ese vacío legal, lo único que tenés es la Constitución Nacional que dice que todo lo que no está prohibido, está permitido. Pero esto es una arma de doble filo, porque hay quienes lo hacen cumpliendo con esa serie de pautas, como fue el caso de los jueces de Villa María (Fernando Flores y Sebastián Monjo, quienes autorizaron sendos casos de maternidad subrogada), que han sido muy celosos en el momento de exigir, sobre todo, el carácter altruista de la mujer gestante. Pero te decía que es un arma de doble filo, porque hay otros casos en los que usan la misma falta de regulación para aprovecharse y simular, por ejemplo, el carácter altruista de la relación”, explicó el fiscal.

Y ya entrando al caso que investiga junto a los otros fiscales, explicó que “para esa simulación participan profesionales del Derecho y de la Medicina, donde se hacen estos procedimientos. A la parte gestante y a la parte comitente se les hace firmar un contrato donde se encubre el motivo económico mostrándolo como un motivo altruista. Eso es un indicador que te hace pensar que hay algo inconfesable atrás de esto”, explicó.

“En nuestro caso, hemos comprobado que mujeres con extrema vulnerabilidad, que declararon en Cámara Gesell (sistema que se usa para tomar testimonios de niñas, niños y adolescentes, pero también con víctimas de trata) surgió esta situación”, dijo.

Además de esas declaraciones y la comunicación con los juzgados civiles, realizaron una serie de allanamientos donde secuestraron documentación. “Allí es que aparecen estas nueve personas imputadas, que  son las que están en clínicas especializadas en fertilidad, con su Gabinete Psicológico que participó en fraguar el consentimiento de la víctima y profesionales del Derecho, que presentaban estos casos en la Justicia de Familia de Córdoba”, dijo. Además de imputar a los nueve profesionales, pidieron la inhibición de bienes de los acusados, “porque en el caso de que se compruebe que hubo trata de personas, las víctimas deberán ser indemnizadas”.

En Villa María  Los casos en los que sí hubo altruismo y no explotación

En Villa María hubo dos casos públicos de gestación subrogada autorizados por la Justicia.

El primero estuvo firmado por Fernando Flores, un magistrado que ya no está en esta ciudad.

Fue en julio de 2018, cuando presentaron el caso dos amigas y compañeras de trabajo que con sus respectivas familias apoyaban la decisión de que una gestara el hijo de la otra que no podía quedar embarazada.

Tal es el lazo de amistad real de Roxana y Soledad, que ambas tienen tatuados el nombre de sus hijas.

El segundo caso fue analizado por el juez Sebastián Monjo, quien autorizó la gestación subrogada a la pareja de Luis y Eduardo. Fue el 21 de mayo de 2020. El magistrado, en sus fundamentos, dijo que  “se permite acceder a las técnicas de reproducción asistida tanto a parejas casadas o no casadas, de igual o distinto sexo, y personas solas”.

Sobre la mujer gestante, señaló también el lazo de amistad que los une y el apoyo de ambos grupos familiares.

“Por eso es bueno destacar cuando hay un verdadero altruismo, como en los casos de Villa María y tantos otros; lo que es muy diferente de lo que estamos investigando”, valoró en la entrevista el fiscal Carlos Gonella.

Por qué no es “alquiler” de vientre

En muchas oportunidades se llamó “alquiler de vientre” a la situación en que una mujer es la gestante de un niño o niña que al nacer, será hijo de terceros. La denominación “alquiler” tiene que ver con una contraprestación económica, que es lo que los jueces en Argentina evitan autorizar, dado que puede ser un mecanismo de aprovechamiento de personas vulnerables, como se investiga en este caso.

Por eso se usan las expresiones “subrogación de vientres” o “gestación por sustitución” para señalar que una persona sustituye a otra en una parte de la maternidad, pero no a cambio de un motivo económico.