La muerte de César Moreno: declararon los imputados

A nueve meses de ocurrido el hecho, finalizó ayer la toma de declaración a los seis guardiacárceles y dos médicos que fueron imputados luego que el villamariense  César Moreno, el exjugador y exentrenador de rugby del Jockey Club de esta ciudad, de 50 años y sin antecedentes policiales, fuese “torturado y muerto” en el penal de Bouwer, en nuestra provincia.

La instrucción de la causa se lleva adelante en el Distrito Judicial Nº 1 de Córdoba capital, más precisamente en la Fiscalía a cargo de José Mana, quien entiende que Moreno habría sido atado de pies y manos durante 48 horas luego de sufrir una salvaje golpiza, y mantenido inmovilizado y sin recibir atención médica durante 48 horas, hasta que finalmente se descompensó y murió.

Fuentes allegadas a la investigación indicaron a elDiario que el abogado de la familia de Moreno, Alejandro Pérez Moreno, habría solicitado la participación en el proceso de organismos de Derechos Humanos en condición de amicus curiae (amigo de la Corte o amigo del tribunal), es decir, como terceros ajenos al litigio, para que puedan ofrecer su opinión jurídica, alegatos, exhortos... frente a algún punto, para colaborar con el tribunal en la resolución del caso.

La muerte de Moreno volvió a ser puesta sobre el tapete el lunes último por el preso más famoso de Bouwer, Leonardo Cositorto, en una entrevista concedida a un medio nacional, en cuyo transcurso denunció una serie de irregularidades que se sucederían dentro de ese penal. Recordemos que entre los seis detenidos en primera instancia por la muerte del villamariense figuraban seis miembros del Servicio Penitenciario, entre ellos el jefe del Módulo MD1, donde ocurrieron los hechos que se intentan probar.

 Como lo indicamos en publicaciones anteriores, César era una buena persona que sufría el trastorno de bipolaridad, una afección mental que produce cambios marcados o extremos en el estado de ánimo (los períodos de sentirse triste y deprimido pueden alternar con períodos de excitación y actividad intensa). Llevaba mucho tiempo sin sufrir episodios, por lo que “un psiquiatra le habría dicho que dejase de tomar la medicación”, según habían indicado a este medio desde su entorno.

Pero el 14 de septiembre del año pasado, a las 14.30, ingresó a una panadería ubicada en el Paseo del Buen Pastor, en la capital provincial, sintiéndose perseguido. Como en el local no lo tomaron en serio, un brote psicótico lo sacó de su sano juicio y los empleados del establecimiento procedieron a sacarlo a empujones. A los pocos minutos, agentes de la Policía de Córdoba se hicieron cargo de la situación. Pero no supieron ver que necesitaba contención, no prisión.

Si bien fue trasladado al Establecimiento Penitenciario 9 (ex-UCA), el 16 de septiembre se dispuso que, por cuestiones de espacio, fuera llevado a la cárcel de Bouwer, pese a que todavía no estaba resuelto si le iban a dictar la prisión preventiva.

Cuando el día 18 Mana se anotició del deceso de Moreno en una celda de Bouwer, ordenó investigar según dos protocolos internacionales: el de Minnesota y el de Estambul, lo que hizo que los médicos forenses realizaran una exhaustiva autopsia.

El informe que llegó de la Morgue Judicial fue impactante: Moreno había sufrido una fortísima golpiza antes de morir. Ya no se trataba de una descompensación natural o un infarto, como rezaba el informe carcelario, sino que las sospechas abrumaban: “Tortura seguida de muerte”.

Todo indica que, al ingresar al penal, Moreno discutió con un guardia y fue golpeado fuertemente por otro. En lugar de recibir atención médica, fue esposado de pies y manos a una cama y dejado en una celda, aislado por 48 horas, hasta que murió.