El origen de la denuncia

La Federación de Bioquímicos de la Provincia, junto a otras entidades, conformó hace unos años una red para administrar los pagos de la obra social PAMI y Apross, con el fin de evitar “la monopolización de las gerenciadoras”, explicó la abogada de la institución, Sonia Liliana Selinger a elDiario. Para ello, elaboraron un reglamento “que todos los bioquímicos deben cumplir”.

Es por eso que en la tarea de control, realizan auditorías periódicas en las que, si detectan una irregularidad, comienzan una investigación.

Ese fue el caso con la bioquímica María Laura Cheguirián, del Laboratorio Ogston. Detectaron que había una cierta cantidad -superior al promedio- de exámenes a pacientes de PAMI para determinar el porcentaje de Vitamina D que tenían los afiliados.

“Siguiendo el procedimiento, verificamos en el laboratorio y la doctora, en esa oportunidad, nos informó que por la complejidad de ese estudio, no se hacían allí,  sino que enviaba las muestras a Córdoba”, dijo la letrada. En este caso, dijo que esos exámenes bioquímicos se habían hecho en el laboratorio Labico. “Pero nosotros verificamos que allí nunca habían llegado las muestras”, puntualizó Selinger.

“Siguiendo el procedimiento, la bioquímica tuvo la posibilidad de defenderse y ella mantuvo sus dichos. Señaló que los informes estaban en las historias clínicas del geriátrico donde estaban alojados los pacientes. Allí fuimos con dos auditoras y un escribano público y vimos que los exámenes están firmados por el laboratorio de Villa María”, agregó.

Tras analizar las pruebas recabadas, resolvieron sancionar a la profesional -no al laboratorio- con una multa y con el descuento del pago que el PAMI hizo por esos análisis.

Ante esta decisión, Cheguirián y el laboratorio recurrieron a la Justicia para pedir la nulidad del procedimiento “invocando derechos que no habían sido infringidos”, dijo la abogada. “Fue una seguidilla de reclamos y entonces empezamos a intensificar la investigación y terminamos con la resolución de hacer la denuncia penal”, que desembocó en la imputación de la bioquímica villamariense como supuesta autora del delito de “estafas reiteradas”.

“Nos constituimos en actores civiles y estamos a disposición de la fiscal, tanto las auditoras como nosotros, para explicar, si es necesario, las cuestiones técnicas”, dijo.

También señaló que la Federación ha presentado en su historia unas?“dos o tres denuncias penales en toda la provincia, pero ninguna como esta”.

A la Justicia Federal

La última pregunta que le hicimos a la abogada de la Federación fue para saber si la participación del PAMI, como obra social nacional, le abre la puerta para que el caso se investigue en la Justicia Federal. A lo que respondió: “Tengo entendido que hay una denuncia en ese ámbito, porque me llegó un oficio de la Justicia Federal a los fines de que acompañara documentación”, concluyó.