El juicio por Lázaro no comenzó

El juicio que tiene como acusado a Franco Emanuel Sosa por “homicidio calificado por el vínculo” se realizará en la segunda mitad del año, informaron desde la Cámara del Crimen.

El hombre está imputado por la muerte de su hijo Lázaro, quien falleció el 4 de junio de 2022. Según la autopsia, el pequeño de cuatro meses murió a consecuencia de una “hemorragia cerebral con traumatismo craneoencefálico, constatación de lesiones compatibles con el Síndrome de Bebé Sacudido”.

La madre del bebé, quien primero fue imputada, terminó desvinculada de la causa porque no estaba en la casa al momento del hecho, entre otros argumentos.

En consecuencia, el único acusado es el padre de Lázaro, quien aguarda desde la cárcel el juicio que, por las características del hecho, se llevará a cabo con jurados populares.

Cabe señalar que las audiencias para determinar si es o no culpable iban a realizarse a principio de año, pero el abogado defensor renunció al patrocinio y Franco Sosa nombró a la asesora letrada Ivana Castoldi.

De esta manera, el juicio se pospuso a fin de que la nueva abogada se interiorizara en la causa. Si bien desde la Cámara del Crimen no confirmaron nunca la nueva fecha, en el calendario de juicios con jurados populares que publica el Poder Judicial de Córdoba, establecieron que iba a realizarse ayer, 6 de mayo. De hecho, ahora modificaron la fecha para el 12 de agosto, aunque desde la Cámara informaron que ese calendario incluye “fechas tentativas” y no definitivas.

El nuevo sistema

En la provincia de Córdoba, para determinados tipos de delitos se instauró el sistema de juicios con jurados populares.

Fue a partir del año 2005, con el dictado de la Ley 9.182, que fija que para los delitos económicos, los hechos de corrupción y los atentados contra la vida más graves del Código Penal, llamados “crímenes aberrantes”, son juzgados, obligatoriamente, por un tribunal integrado por jueces técnicos y jurados populares. De acuerdo a la Ley citada, los jurados populares deciden junto a los magistrados sobre la culpabilidad o la inocencia del imputado.