El fiscal agravó la imputación para el padrastro y el amigo

La investigación por el atroz crimen de Aralí Vivas (foto), la niña de 8 años supuestamente abusada sexualmente y efectivamente asesinada, y luego calcinada en un incendio provocado en Brinkmann, en el este cordobés, avanza y el fiscal Oscar Gieco, en las últimas horas, imputó tanto a la mamá, Rocío Milagros Rauch, como al padrastro, Matías Ezequiel Simeone, y al amigo de este, Cristian Hernán Varela, como presuntos coautores del delito de “homicidio calificado por el vínculo”, según confirmó el funcionario.  

Inicialmente, Simeone y Varela enfrentaban cargos por homicidio simple, pero el análisis de llamadas telefónicas entre los tres acusados ha motivado el cambio en la imputación, lo que podría llevar a una triple condena de prisión perpetua.

Según la investigación, las llamadas entre los acusados se registraron antes y después del asesinato, ocurrido durante la madrugada del sábado 2 de noviembre, entre la 1 y las 6 de la mañana, aproximadamente. En tanto, se detectó que Simeone habría pedido prestado el teléfono en un bar cercano para realizar las llamadas y Varela también habría estado en ese mismo lugar en las horas posteriores al crimen.

El fiscal también destacó testimonios de vecinos y familiares que mencionaron posibles abusos en la vivienda donde vivía la niña, además de la presencia frecuente de los acusados en el lugar, lo que contribuyó a que se sumaran más pruebas en su contra.

El rol de la madre

En cuanto a Rauch, la madre de la niña, aunque no se la vincula directamente con la ejecución del crimen, el fiscal sostiene que su omisión en la protección de Aralí contribuyó al asesinato. Se considera que la madre no intervino para evitar el daño a su hija, lo que la convierte en coautora del homicidio calificado por el vínculo.

Los tres imputados permanecen detenidos en el complejo carcelario de Bouwer, en Córdoba, y serán indagados el próximo viernes mediante videoconferencia. Actualmente, los tres están siendo representados por un mismo defensor público.

Mientras tanto, el fiscal aguarda los resultados de las pericias forenses, que podrían confirmar si Aralí fue víctima de abuso sexual, lo que sumaría un agravante al caso.

Respuesta a las críticas

El fiscal respondió a las críticas de Amelia López, defensora de la Niñez de la provincia, quien lo acusó ayer de proporcionar detalles “delicados” del caso, que podrían haber revictimizado a los familiares de la niña.

Gieco explicó que su objetivo ha sido ofrecer información sobre los avances de la investigación sin revictimizar a nadie. “Lo que hago son extractos de la investigación, de cuestiones reales de la causa y que efectivamente ocurrieron. No trato de revictimizar a nadie y siempre tratamos con mucha cautela el tema de los menores”, manifestó.

En cuanto a las responsabilidades estatales, el fiscal detalló que los informes recibidos hace algunos meses por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) a través de la Unidad de Derechos de la Infancia de San Francisco, mencionaban el retiro de tres menores de su hogar. “Lo que estamos haciendo es pedir informes a los distintos organismos que estaban a cargo de ese reintegro para determinar si hubo o no negligencia”, agregó Gieco, enfatizando que se están recabando antecedentes sobre el caso.