Los fiscales rechazaron el “arreglo” y sigue el juicio

Los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo rechazaron el acuerdo económico propuesto por Leonardo Nelson Cositorto para reparar los daños causados a las víctimas de las estafas de Generación Zoe en la provincia de Corrientes. La decisión fue tomada luego de que el acuerdo no pasara la revisión de la Fiscalía General, a cargo de César Sotelo.

Los representantes del Ministerio Público de Goya habían presentado esta salida alternativa al tribunal, en la que -mediante un juicio abreviado- Cositorto y el resto de los acusados aceptaban su culpabilidad, a cambio de una reparación económica para los 98 damnificados.

Ante el rechazo de Sotelo, los fiscales declinaron la posibilidad y se reanudó el juicio que se le sigue en aquella ciudad al líder de Zoe y a los coimputados Maximiliano Javier Batista, Miguel Ángel Echegaray, Lucas Damián Camelino y los hermanos Nicolás Ismael y Javier Sebastián Medina.

A pesar de que los ahorristas habían aceptado dólares e inmuebles como reparación del daño, Barry y Castillo rechazaron el pacto debido a que la Justicia no aprobó la forma de pago.

El Tribunal de Juicio de Goya, integrado por Ricardo Carbajal (presidente), Jorge Carboni y Julio Duarte, había recibido el acuerdo el lunes, tras varias revisiones de las partes involucradas. Sin embargo, ayer decidieron desestimar el arreglo, lo que impidió poner fin al juicio.

Sotelo: “Un caso grave”

En el dictamen, Sotelo puntualiza: “Estamos en presencia de un caso grave, que ha suscitado gran conmoción en la ciudad de Goya y ha afectado a un gran número de víctimas; y que si bien una de las calificaciones legales enrostradas a los imputados es un delito patrimonial, no puede perderse de vista que también se les recrimina la comisión del delito de ‘asociación ilícita’, en diferentes roles y, en este orden de ideas, se halla gravemente lesionado el orden público”.

Para el jefe de los fiscales correntinos, “no resulta negociable que no se juzgue a los nombrados en un debate oral y público por la comisión de los delitos atribuidos y se trate de arribar a una solución de carácter dinerario, cuando existieron distintos bienes jurídicos que se hallaron comprometidos con el accionar de los encartados, máxime teniendo en consideración la existencia de una causa anterior, de similares características, que se ventiló ante los estrados de esta provincia, donde recayó condena”.

“Defender la legalidad”

En esa línea, recordó que el Ministerio Público es el órgano estatal “incardinado en velar por la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad” y que su intervención en el proceso se justifica “por el interés público comprometido en la relación jurídica de fondo y/o por la faz pública del proceso en sí”.

Además, Sotelo hizo hincapié en lo que consideró la misión más importante de los fiscales: “Afianzar la legalidad y los intereses generales de la sociedad”. Por esa razón, sugirió a Barry y a Castillo que continúen con el juicio, sugerencia que los fiscales acataron.

Ante esta nueva postura, el abogado cordobés Guillermo Dragotto, defensor de Cositorto y Batista, solicitó la recusación de los fiscales, pedido que fue respaldado por la Querella (representante de los damnificados).

El tribunal rechazó la recusación debido a que consideraron que los fundamentos de los abogados se basan en una serie de opiniones personales en cuanto a la actuación de la Fiscalía durante el proceso, que el tribunal anunció que no analizará.

Continúa el miércoles

Dragotto pidió un cuarto intermedio de una semana porque la novedad impacta en su estrategia defensiva y debe revisar el expediente, debido a que él asumió hace poco la representación de los líderes de Generación Zoe.

Los jueces hicieron lugar al pedido, por lo que el juicio continuará el miércoles próximo a las 8.30, con el comparendo de cuatro testigos de la Fiscalía.