A juicio la causa contra la exempleada del Correo

La causa judicial  empezó cuando una empleada doméstica que percibe la asignación por un hijo con discapacidad, fue a cobrar sus haberes a la sucursal Villa María del Correo Argentino, donde lo hacía habitualmente. Allí le dijeron que, según los registros, ella ya había retirado el dinero. Como  sabía que no era así, decidió recurrir a un abogado, quien presentó el caso ante la Justicia Federal.

Eso disparó una investigación que estuvo a cargo de la fiscal María Schianni, quien dispuso una serie de medidas, entre ellas, el secuestro de documentación de la sucursal del Correo Argentino, donde encontró que la denunciante no era la única que había expresado en un libro de quejas una situación similar.

En total, fueron 16 los hechos reclamados por beneficiarios de programas sociales como Asignación por Hijo o Tarjeta Alimentar, quienes no pudieron cobrar esos fondos.

Todas las pruebas recabadas desde el inicio de la causa conducían a una trabajadora de la sucursal local del Correo Argentino, dado que los recibos de pago que tenían una firma apócrifa, salían de la caja identificada como “mildíaz”, que manejaba con una “clave personal, única e intransferible” la empleada Milagro Díaz.

Esos 16 hechos ocurrieron desde el 26 de abril de 2022 hasta junio del mismo año. En un mismo día, se registraron hasta cuatro supuestos pagos a beneficiarios que en realidad no percibían el haber.

Otro de los elementos de la causa que convenció a la fiscal para imputar a la extrabajadora postal es que en el allanamiento que hicieron en el domicilio de la acusada, encontraron formularios para desestimar las quejas. Hay testimonios de víctimas que reflejan que la propia Díaz pedía que levantaran la queja y a cambio, ella le devolvería el dinero.

Otra de las pruebas que obran en el expediente es la pericia caligráfica, que demuestra que al menos en uno de los casos, la acusada falsificó la firma.

De esta manera, la fiscal pidió la elevación a juicio la causa, para que Milagro Díaz sea juzgada como autora de defraudación contra la administración pública.

La acusa de ser responsable en los 16 hechos por el artículo del Código Penal que condena a los funcionarios públicos que sustraen caudales (artículo 261) y en lo que hace a la falsificación de la firma (artículo 292), la acusa en un hecho de ser autora y en los otros 15 de ser partícipe, dado que proveyó los recibos a una tercera persona que no está identificada.

Hasta el momento, la defensa no se opuso a la elevación a juicio, aunque todavía queda tiempo para presentar recursos.

Qué dice la ley

El artículo 261 del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo” y el artículo 292 indica que “El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado”.