Para imponer más controles en materia de seguridad
Establecerán en Villa María una de las sedes de los grupos antimotines
El grupo antimotines que se instalará en Villa María podrá desplazarse hacia Río Cuarto y San Francisco
Entre las prevenciones que analiza y planifica el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia de Córdoba, actualmente a cargo de Julián López, a fin de imponer más controles en materia de seguridad, se pudo conocer que se establecerá una sede de un grupo antimotines en la ciudad de Villa María.
López señaló que muchas de las medidas “se venían ejecutando y se han profundizado, otras fueron incorporadas en el marco de este proceso” de mayor control.
Villa María en el plan
La batería de primeras acciones incluyó el seguimiento hasta el lugar de descarga, la confección de actas y su notificación, en referencia a lo que ocurre con las provisiones que llegan a las distintas cárceles.
Es así que, en los próximos meses, prometieron las autoridades, se instalará un tinglado en la playa de estacionamiento de la cárcel de Bouwer, donde se llevarán a cabo requisas más extensas.
Es en ese marco que también se establecerá una sede de un grupo antimotines en Villa María, que podría funcionar en el Establecimiento Penitenciario Nº 5 en barrio Belgrano, que podrá desplazarse hacia San Francisco y a Río Cuarto, de acuerdo a las necesidades.
Lo secuestrado en las cárceles
Un grupo antimotines es una unidad o grupo especializado represivo integrado por agentes especializados de la fuerza policial para controlar el accionar de las multitudes, dispersar las manifestaciones no autorizadas o de cualquier índole, con especial consideración, en estos tiempos, con lo que ocurre en las cárceles de Córdoba, donde en un mes se secuestraron 13 kilos de drogas y centenares de celulares, según un informe oficial.
Al respecto, se precisó que en los últimos 30 días se incautaron 10,9 kilos de marihuana, 2,4 kilos de cocaína, 65 componentes de psicofármacos, 17 recipientes de bebidas alcohólicas y la suma de $681.010 en efectivo. Por otro lado, las autoridades también retuvieron 275 celulares. A estos se sumaron diversos accesorios como 142 cargadores, 143 cables USB, 121 tarjetas SIM, 22 auriculares y un pendrive.
Funcionarios investigados
Cabe recordar que hace dos semanas el fiscal Enrique Gavier, que investiga a varios exfuncionarios del servicio penitenciario por asociación ilícita, reveló que los teléfonos contrabandeados en los penales se venden de manera clandestina por hasta un millón de pesos.
Gavier fue quien ordenó el mes pasado la detención de Juan María Bouvier, histórico jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba. En ese contexto, también fueron arrestados Víctor Hugo Vivas y Silvia Barbero, otras máximas autoridades.
