Sánchez y Pinta están en la Alcaidía y mañana serán llevadas a la cárcel

Graciela Santina Sánchez (61), intendenta electa de Ballesteros, y Lorena Pinta (48), exempleada administrativa de Casa Nazareth, permanecían ayer alojadas en la Alcaidía policial de barrio San Justo y mañana serán trasladadas al Establecimiento Penitenciario Nº 5.

Del mismo modo que Alicia Peressutti, la exauditora general de Villa María y actual funcionaria de la Defensoría del Pueblo de la Nación, están imputadas como presuntas coautoras de 13 hechos de “defraudación a la administración pública”, “peculado” y “falsificación de instrumento privado”, además de integrar una “asociación ilícita”.

Sánchez designó como defensor al abogado Javier Marcos, mientras que Pinta será asistida legalmente por los letrados Adrián Brochero y María Teodora Perassi Silva, quienes asumirán formalmente el cargo este lunes.

Consultado por El Diario, Marcos dijo estar “sorprendido” por la detención de su defendida, ya que “no había riesgo procesal de que fuera a entorpecer la investigación y tampoco peligro de fuga, porque siempre estuvimos a disposición de la Justicia”.

“En el mes de marzo, cuando la Justicia allanó la casa de Sánchez, yo hice una presentación ante la fiscal (Juliana) Companys para ponerla a disposición de ella, como así también de toda la documentación que necesitara, justamente para colaborar con la investigación”, señaló Marcos, quien añadió que va a pedir “que la indaguen lo antes posible para poder ejercer nuestro derecho a defensa”.

Por su parte, Perassi Silva adelantó que mañana mismo, ni bien asuma la Defensa de Pinta junto a su esposo, solicitarán la excarcelación de su clienta, o al menos la prisión domiciliaria, “porque -dijo- se trata de una persona con serios problemas de salud, ya que tiene diabetes y es hipertensa, además de haber sido sometida a una delicada intervención quirúrgica hace apenas 20 días”.

Tanto Sánchez como Pinta están detenidas en los calabozos de la dependencia policial de avenida Perón y Piedras, y este lunes serán trasladadas a la cárcel de barrio Belgrano. Si no hay lugar disponible, no se descarta que sean alojadas en el Establecimiento Penitenciario Nº 3 para mujeres, ubicado en el complejo carcelario de Bouwer, donde ya se encuentra Peressutti desde las últimas horas de la tarde del viernes.

Junto a su abogado

Graciela Sánchez, quien el pasado 11 de junio fue electa intendenta de la vecina localidad por el partido “Unidos por Ballesteros” (una alianza del vecinalismo independiente), quedó detenida alrededor de las 18.30 del viernes cuando concurrió con su abogado a la Unidad Judicial Villa María.

Ese mismo día, poco después de las 12, una comisión policial se hizo presente en su domicilio de Ballesteros, pero el arresto no se llevó a cabo porque Sánchez se encontraba en la ciudad de Córdoba, en una reunión política.

Enterada de que la habían citado “de urgencia”, la intendenta electa y exdirigente de Vínculos en Red se comunicó telefónicamente con Marcos, quien le adelantó que seguramente la iban a detener. Minutos después viajó a Villa María, se encontró con el abogado en su estudio y ambos se presentaron en la Unidad Judicial, con sede en edificio de General Paz 317, donde se formalizó el arresto.

Distinta situación vivió Pinta, quien fue aprehendida alrededor de las 13.30 en su domicilio particular, donde se encontraba recuperándose de la operación a la que fue sometida el mes pasado.

Alicia Peressutti también fue detenida a esa hora, pero en un supermercado chino de calle Deán Funes al 1700, en barrio Parque Norte, y pocas horas más tarde fue trasladada al penal de Bouwer por cuestiones de seguridad.

Al respecto, cabe recordar que la titular de Vínculos en Red realizó varias denuncias por trata de personas que involucran a personas alojadas en la cárcel villamariense.

Todo empezó así…

La investigación que viene desarrollando la fiscal Companys se inició hace poco más de seis meses, tras la detención (el 15 de febrero) del trabajador social Ernesto Lazarte, quien era el director en Villa María de Casa Nazareth, un espacio para la rehabilitación de personas con adicciones.

Lazarte permanece alojado en el penal local, acusado como supuesto autor de hechos de “abuso sexual simple, agravado por la condición de guardador”, y “abuso sexual con acceso carnal, agravado”. Los denunciantes son un varón de 13 años, una adolescente de 16 y una mujer de 28 con discapacidad, que asistían a Nazareth.

En aquella oportunidad, Companys ordenó varios allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, incluida la sede de Nazareth, donde se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos, además de información relevante para la causa.

En el marco de esa causa, la fiscal detectó un posible desvío de fondos enviados por la Provincia a Nazareth y Vínculos en Red, lo que desencadenó en otro allanamiento a la casa de Peressutti, en los primeros días de marzo, y poco después en el domicilio de Sánchez, en Ballesteros.