¿Cómo es la trama que derivó en la imputación de Alicia Peressutti?

Una trama entre tres instituciones motivó que niños y niñas que se quedaban sin adultos que los cuiden, personas mayores de edad que se tratan por adicciones y mujeres víctimas de trata compartieran el mismo techo y, en definitiva, las mismas necesidades.

Todo empezó cuando Vínculos en Red, la ONG fundada por Alicia Peressutti, logró terminar la casa erigida en el barrio La Calera de Villa María y que iba a estar destinada a refugiar a víctimas de trata.

Luego, llegó el acuerdo con otra ONG, Asociación Nazareth, que se aboca al tratamiento de personas con adicciones y así fue que aquella casa de La Calera, se convirtió en el lugar donde se internaban a las mujeres -recordamos que compartían con las víctimas de trata- que comenzaban su proceso de recuperación por consumo de estupefacientes.

Para los varones, abrieron otra casa ubicada en San Martín casi Tucumán, en Villa Nueva.

Mientras tanto, todos asistían al centro de día que depende de la Iglesia Católica y que funciona al lado del Obispado de Villa María.

¿Cómo mantenían la alimentación, las terapias y las casas donde se alojaban estos dos grupos de personas? Centralmente, con las becas que otorga Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina), sumado a  la cobertura que hacen las obras sociales obligatoriamente para asistir a la problemática y además, con aportes de municipios que, para “agradecer” que alguien se haga cargo del problema, giraban mensualmente dinero a las entidades en cuestión: Vínculos y Nazareth.

Al parecer, no alcanzaba. Y así fue como surge otra ONG, Mamá Antula, presidida por Graciela Sánchez. Tenía como tesorera a Lorena Pinta -expareja de Ernesto Lazarte, quien era el director de Nazareth y actualmente está preso por abusos sexuales- y estaba integrada por allegados a Alicia Peressutti. ¿El objetivo? Asistir a niños que en función de la Ley 9.944, la que tiene como título “Promoción Integral de los niños, niñas y adolescentes”, y que prevé la asistencia a quienes se quedaban -por diferentes circunstancias-, sin familia directa ni ampliada donde pudieran vivir.

Lograron que Mama Antula esté inscripta en el registro que crea la misma ley y así fue como desde la Senaf, derivaban a niños y niñas que atravesaban situaciones complejas, a la sede de la ONG.

Acá viene una primera confusión, porque la sede de Mamá Antula es Quintana 1415 de Villa María, que es precisamente la dirección de Lorena Pinta, donde incluso vivió con el exdirector de Nazareth cuando eran pareja.

Una de las hipótesis es que la Senaf (organismo de aplicación de la ley) “creía” que los niños y niñas que derivaban, vivían allí, en esa casa del barrio Rivadavia. La otra es que hicieron “la vista gorda” para evitar el dato que resultaba flagrante: los niños y niñas que ya habían vivido una situación traumática, eran llevados a una nueva casa, con personas en recuperación de adicciones y con víctimas de trata.

¿Qué representaba económicamente incluir a menores de edad en ese paragua institucional? Financiamiento.

Según consta en al menos dos  resoluciones del Ministerio de Justicia a la que tuvo acceso El Diario, le entregaron a Mamá Antula (asignando la responsabilidad para retirar el dinero a Graciela Sánchez, intendenta electa de Ballesteros y a Lorena Pinta), primero $500.000 en agosto de 2022 y luego, $2.500.000 en diciembre del mismo año. Los reembolsos de dinero se hacían cuando rendían en qué habían gastado la plata.

Una causa trajo la otra

Mientras todo esto ocurría, ingresaron tres denuncias a la Fiscalía de Segundo Turno a cargo de Juliana Companys por presuntos hechos de abuso sexual cometidos en las sedes de esas instituciones. Las víctimas eran dos menores de edad (un varón de 14 y una nena de 15), más una mujer de 28 que estaba realizando un tratamiento de adicciones. El acusado: Ernesto Lazarte, quien fungía como director de la Asociación Nazareth en Villa María.

La fiscal ordenó allanamientos en el domicilio particular de Lazarte -que para entonces ya se había ido a vivir a una casa de la calle Chile, alquilada por Alicia Peressutti, con una de las víctimas de trata que habían estado alojada en la casa de La Calera y con la que formó pareja- y en las sedes de La Calera, Villa Nueva y Casa Esperanza.

En este último lugar, tanto policías como funcionarios judiciales vieron algo que les llamó la atención. Por toda mercadería para alimentar al menos a 12 niños y los adultos que pasaban el día allí, había un pan dulce y una bolsa de cebollas. Después vinieron los testimonios que terminaron de confirmar las carencias que sufrían los asistidos en esas instituciones.

Entre el material secuestrado, estaban los teléfonos, esos que escriben la historia de todos los que utilizan celulares y que son casi imposibles de borrar.

En uno de esos teléfonos había un grupo de WhatsApp que llevaba como título “Mamá Antula II”, integrado, entre otros, por Peressutti, Lazarte, Pinta y Sánchez. En ese grupo, pedían facturas o tickets para rendir los 2,5 millones que habían recibido del Gobierno provincial. “Que no tenga bebidas alcohólicas porque no sirve”, decían algunos de esos mensajes.

Eso inició otra investigación, ya no por el delito de instancia privada que tiene a Lazarte como imputado y detenido, sino por corrupción.

Así fue como llegaron los testimonios en esta causa y descubrieron que además de esa búsqueda de tickets para rendir el dinero proveniente de fondos públicos, hubo otros elementos que llamaron la atención: la mujer, que ejercía como vice de Nazareth, no era empleada de la Asociación, sino, de la Auditoría General. Es decir, cobraba un sueldo de la Municipalidad para hacer otro trabajo.

También llamó la atención que al menos dos personas que figuraban facturando a la entidad, aseguraron ante la Justicia que jamás habían firmado esos comprobantes. Por eso, la acusación contra Peressutti incluye “falsificación de instrumento privado” (por las facturas negadas por los titulares); junto a “peculado” -usar dinero del estado en beneficio propio- y “fraude a la administración pública”.

Si es una “persecución”, como dice Alicia Peressutti o un acto de corrupción, como sostiene la fiscal en su acusación, se definirá con el tiempo.

Lo que queda en claro es que esta situación dejará una huella en la historia de las personas, especialmente en la de niños y niñas que vivieron, por un tiempo, bajo el mismo techo con adultos que atraviesan otras problemáticas. Dos de ellos fueron abusados en el lugar, y todo eso, en nombre de una ley que fue creada, en teoría, para protegerlos.

Lazarte suma otra acusación

El exdirector de Nazareth, Ernesto Lazarte, fue notificado de una nueva acusación en su contra. Además de la de abusos sexuales, está sospechado de ser el autor de “suministro de medicación” sin título habilitante para hacerlo y “falsificación de documento privado”.

Está investigado por falsificar la firma de una psiquiatra que renunció a su cargo, para recetar medicación a los alojados en Nazareth.

En todas las recetas investigadas aparece un diagnóstico identificado por el código F19, que es el utilizado para señalar que alguien padece “trastornos mentales y del comportamiento, debido al consumo de múltiples drogas o de otras sustancias psicotrópicas”. Lo llamativo es que con el mismo diagnóstico recetaba y entregaba medicamentos diferentes, todos de uso psiquiátrico, y en dosis altas; lo que hacía que la mayoría del tiempo estuvieran como “dopados”.