Catorce policías podrían ser condenados a cadena perpetua

Quedó aplazada para el martes 18 del corriente mes la lectura del veredicto por la muerte violenta del joven Franco Casco, de 23 años, hecho en el que están involucrados muchos policías de Rosario, sentencia que se iba a dictar ayer, según una resolución del Ministerio de Justicia de la Provincia de Santa Fe, dado que no pudo garantizar la cantidad de uniformados necesarios para la seguridad de la zona de Tribunales.

Ramón Casco, padre del joven asesinado, expresó ayer que “fue un calvario para toda la familia” y añadió que “esto nos da más bronca y más impotencia”, quien esperó casi una década para que llegue el día de la sentencia y ayer se dispuso que la misma recién se dé a conocer la próxima semana.

El juicio

Tras una extensa investigación, recién en diciembre de 2021 comenzó el juicio oral para, por fin, poder determinar qué fue lo que ocurrió con Franco en el mes de octubre de 2014, cuando el cuerpo del joven fue encontrado sin vida en las aguas del río Paraná.

De acuerdo a lo que le contó el papá de la víctima, la Justicia demoró 7 años en llegar al dictamen, todo ello porque las primeras autopsias al cuerpo indicaron que el mismo no pertenecía a Franco, aunque finalmente se determinó que sí.

En total, 19 policías están imputados. Algunos integran la Comisaría Séptima de Rosario -por la cual pasó la víctima- y, otros, de Asuntos Internos. Ellos están acusados por los delitos de “encubrimiento, falso testimonio y participación secundaria en la desaparición”.

En esa seccional, había otros presos alojados esa noche y, por eso, declararon en el juicio, el cual tuvo más de 50 jornadas. Ellos señalaron que el día que llegó el joven se escucharon gritos y golpes. Además, remarcaron que Franco pedía desesperadamente que dejaran de pegarle.

El hecho

La familia de Franco lo estaba esperando con ansias en la terminal de Retiro, en lo que era la vuelta del viaje que había hecho a Rosario para visitar a su tía. Pero jamás llegó a destino. No pudo ni siquiera tomarse el tren que lo iba a llevar de regreso.

Casi un mes después de su desaparición, lo encontraron muerto en el río Paraná. Desde el comienzo, se sospechó la muerte fue obra de la Policía y ahora, después de un largo juicio, 14 efectivos podrían recibir cadena perpetua el próximo martes.

El joven de 23 años salió desde su casa en Florencio Varela el 29 de septiembre de 2014. En tren, se fue hasta Rosario para visitar a su tía, en lo que era su primera vez en esa ciudad. Allí estuvo una semana y el 6 de octubre tenía planeada la vuelta. Su padre lo estaba esperando, ya que juntos realizaban tareas de pintura y albañilería.

El joven se despidió de su tía y caminó hasta la terminal de Rosario. Tenía un viaje de seis horas por delante. Al día siguiente, la mujer se comunicó con su hermano, el papá de Franco, para preguntarle cómo había llegado su sobrino. En ese momento se encendieron todas las alarmas. Nadie sabía dónde estaba.

“Se me pasaron muchas cosas por la cabeza”, dijo Ramón. El hombre no lo dudó un segundo y de inmediato, con el poco dinero que tenía, se tomó un micro hasta Rosario.

El clima allí era de total incertidumbre y hasta llegó a creer que su hijo estaba paseando por la ciudad, sin imaginar todo el calvario que vendría. Con el correr de las horas, ya desesperado, fue hasta una comisaría de Santa Fe, donde por coincidencia -o no- el joven había estado antes de que su rastro se perdiera.

Lo que se pudo reconstruir de esa noche es que mientras Casco iba camino a la terminal, pronto a regresar a Varela, un vecino llamó a la Policía para avisar que el joven mantenía una actitud sospechosa.

Un móvil policial fue hasta el lugar, los efectivos lo subieron al patrullero y lo llevaron a la Seccional Séptima. Desde este momento, nadie volvió a verlo. A Ramón le dijeron que su hijo estuvo demorado unas horas, pero que luego lo liberaron.

“Nos dijeron que lo busquemos por el centro y por las plazas aledañas, pero nada”, señaló indignado. Creyendo en la buena fe de las autoridades, continuaron la búsqueda desesperada.

Los días pasaron y no hubo señales sobre su paradero, hasta que 24 días después lo encontraron muerto en el río Paraná. La autopsia determinó que fue arrojado sin vida y que la fecha del fallecimiento coincide con la de la desaparición. La causa: muerte por asfixia.

A raíz de eso, las principales sospechas se centraron en los efectivos de la Comisaría Séptima, ya que fueron los últimos que lo vieron con vida. “Nadie me supo decir nada, no tuvieron pruebas para demostrar que había salido de la comisaría”, apuntó Ramón.

“Los policías nos dijeron que lo largaron, se querían lavar las manos. Ellos decían que el 7 lo habían liberado, pero nadie les creyó”, agregó.

Los acusados

El fiscal del caso, Fernando Arriego, pidió cadena perpetua para los policías Diego Álvarez, Cecilia Contino, Walter Benítez, Fernando Blanco, César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha, Esteban Silva, Ramón Juárez, Romina Díaz y Franco Zórzoli.

Los uniformados Belkis González y Rodolfo Murúa están acusados de ser partícipes secundarios, por lo que tienen un pedido de pena de 14 años y 10 meses de prisión e inhabilitación absoluta, respectivamente.

En tanto, para Pablo Síscaro y Daniel Escobar, el fiscal pidió una condena de 5 años y 10 meses e inhabilitación por encubrimiento, con la agravante de su participación para ocultar prueba.

Mientras tanto, Arriego pidió la absolución de Walter Ortiz.

Cinco de ellos se encuentran detenidos desde hace más de 4 años con prisión preventiva, aunque ninguno declaró en el juicio. “Alguno tienen que decir la verdad de por qué lo maltrataron a golpes y patadas”, pidió Ramón.

Crimen de Lucas González - El caso sigue dando que hablar 

Confirmaron el procesamiento del policía que “plantó” el arma para fingir un enfrentamiento

La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento con prisión preventiva para el policía de la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Agustín Matías Torres, el último detenido por el encubrimiento del homicidio del joven futbolista de Barracas Central, Lucas González.

Torres está sospechado de haber sido quien aportó el arma de juguete que fue “plantada” en el automóvil en el que viajaba González y sus tres acompañantes para simular un enfrentamiento que jamás existió.

El tribunal, integrado por los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Hernán Martín López, dio “por acreditado que Torres, a los pocos minutos del tiroteo, se dirigió junto a uno de sus protagonistas hasta la seccional policial, donde ingresó rápidamente para tomar la réplica (del arma) y entregársela a su acompañante, a quien después trasladó hasta donde se hallaba la Volkswagen Surán, en cuyo interior aquella fue colocada”.

“La prueba recabada conduce a afirmar con convicción que el imputado estaba en cabal conocimiento de lo realmente ocurrido con los damnificados y participó activamente del plan urdido posteriormente para justificar el accionar de los miembros de la brigada”, coincidieron los camaristas.

Según la resolución, “la actuación de Torres, a la par, contribuyó a sostener la existencia de un supuesto ataque hacia los efectivos preventores, hipótesis en torno a la cual se promovió la consulta judicial, que derivó en la prolongada privación ilegal de la libertad de los menores sobrevivientes”. Durante el juicio oral, el oficial Héctor Claudio Cuevas, se quebró y contó la secuencia en la cual Torres y uno de los condenados a perpetua, el policía Gabriel Isassi, fueron hasta una comisaría a buscar la réplica del arma para plantarla en la escena del crimen.

Le dispararon en la frente a un cantante

Una banda de músicos estaba brindando un show por un cumpleaños de 15, en una de las calles del barrio Bañado Norte, en Corrientes, cuando el cantante recibió un balinazo en la frente. Un vecino, que se cansó de escuchar el sonido de Jason y el After, decidió dispararles. El atacante fue a la Comisaría a declarar, pero no quedó detenido porque enfrenta solo una acusación por "heridas leves". El artista aseguró que es costumbre en Corrientes tocar en la calle y que todo se realiza con autorización municipal.