Crónica de una condena anunciada

Se llevó a cabo ayer en la sala de Remates de los Tribunales de Villa María el primer juicio  por “estafas” y “asociación ilícita” en el marco de la megacausa de Generación Zoe. El acusado, ahora condenado, es el abogado Gustavo Saavedra, quien en su “última palabra”, pidió perdón a los damnificados y dijo estar arrepentido.

Tal como se había anticipado, Saavedra aceptó su responsabilidad en los hechos por los que fue imputado y recibió una condena de cuatro años de prisión, tal como habían acordado previamente las partes. También se decomisaron los 38 mil pesos que incautaron cuando lo detuvieron en abril del año pasado en su domicilio de Ituzaingó, provincia de?Buenos Aires, y un Ford K de su propiedad que puso a disposición de la Justicia para reparar a las víctimas.

La audiencia se enmarcó en lo que se conoce como “juicio abreviado inicial”, es decir, una modalidad que permite el Código Procesal de Córdoba para juzgar determinados hechos sin que llegue la causa a la Cámara del Crimen.

La magistrada que presidió la audiencia fue la jueza de Control, Soledad Dottori. La fiscal que sostuvo la acusación fue la que tiene a su cargo la instrucción de la causa, Juliana Companys. En tanto, la defensa del ahora condenado fue ejercida por el asesor Diego Julián.

Los hechos

Gustavo Saavedra, tras escuchar los hechos por los que estaba acusado -se leyó uno solo de los casos de estafa, omitiendo por razones de tiempo la lectura de los 600 que integran la acusación-, aceptó su responsabilidad en la compleja organización creada par captar recursos de “incautos” bajo el sistema de estafa piramidal.

La lectura de los hechos genéricos fue una oportunidad para conocer la forma en que estructuraron ese complejo entramado de empresas creadas bajo el nombre de Zoe.

Así fue como se pudo saber que en el primer trimestre del año 2021, los imputados (la mayoría detenidos) Leonardo Cositorto, Maximiliano Javier Batista, Miguel Ángel Echegaray, Héctor Luis Yrimia, Rosa María González Rincón y Rodrigo García “se confabularon para formar parte de una banda criminal”  con los coimputados, Claudio Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani,  Silvana Verónica Abellonio, Ivana  Analía Álvarez y Silvio Eduardo Shamne, para insertar la organización en la provincia de Córdoba.

Indicaron que la tarea de la banda “consistía en atraer a incautos inversores para ingresar su dinero y bienes para la adquisición de  lo que ellos denominaban membresías”.

Tal como se informó en El Diario, en reiteradas oportunidades, utilizando términos como Coaching, Mentoring, y Trading, ofrecían productos financieros con una tasa de interés significativamente superior a la del mercado. ¿Cómo pagaban esas tasas? Con los fondos que eran aportados por los nuevos incautos y con promesas de seguir aumentando aún más los intereses, por lo que pocas personas retiraban el efectivo, si no que lo seguían invirtiendo. Además, fomentaban que los mismos “inversores” atrajeran a otros nuevos para seguir alimentando el sistema.

Explicaron que una de las estrategias utilizadas por los acusados para engañar a los ahorristas fue la de realizar acciones concretas que mostraran solvencia, tales como “convenciones en hoteles cinco estrellas”.

Todo era para dar apariencia de que ellos mismos generaban los recursos con el corretaje de las criptomonedas y también, con las ganancias de las empresas que formaban parte de Zoe (Generación Zoe, Zoe Construcciones, Universidad del Trading, Zoe Broker, Zoe Empowerment, Zoe Autos, Zoe Burger, Zoe Pets, Zoe Pizza, Zoe Fitness, entre otras). Nada de eso era cierto. El dinero que ingresaba era solamente de los ahorristas. Con la plata de los últimos, se pagaba a los primeros, pero fundamentalmente iba a los bolsillos de los organizadores.

Roles

Otro dato interesante que se dio a conocer ayer en la audiencia, fue el de cómo se distribuían los roles en la organización.

Por un lado, Cositorto y Batista eran los “líderes internacionales”, dado que ocupaban el rol de presidente y vicepresidente, respectivamente.

El coimputado Miguel Ángel Echegaray se ocupaba de organizar la administración financiera; su tarea consistía en receptar el dinero  que las víctimas transferían a las cuentas bancarias, distribuyéndolo entre los  miembros de la asociación delictiva y los familiares de estos. A su vez que se encargaba del pago de los gastos que generaba la asociación criminal.

Además, Rosa María González Rincón y Rodrigo García se mostraban “falsamente”, indicaron en la acusación, como expertos en corretaje de criptoactivos (trading). Eran los que exhibían un software que simulaba operaciones financieras exitosas para atraer a los incautos.

Además, el imputado Héctor Luis Yrimia  era el director jurídico de Zoe. Fue el responsable de la creación del Fideicomiso Latam Zoe, de Administración e Inversión.

Agregan que en julio de 2021 se sumó al proyecto el contador Norman Ariel Próspero, actualmente detenido, quien se ocupó de las tareas impositivas, contables y la creación de sociedades comerciales.

Por la misma fecha se incorporaron los contadores Julieta Paula Sciutti y Maximiliano Eric Mitroff. 

En septiembre del mismo año, por iniciativa de Yrimia, ingresó Gustavo Antonio del Jesús Saavedra -quien fue condenado ayer- quien en su rol de abogado se ocupó de realizar diversos actos vinculados a Zoe, tales como contratos de alquileres, adquisición de bienes y presentación de demandas.

Para entrar a Córdoba, se sumaron  Claudio Álvarez y Silvana Verónica Abellonio (directores), Fermani (se ocupaba de dar charlas), Ivana Analía Álvarez (manejo de la plataforma) y Schamne (tesorero), quienes constituyeron en el mes de marzo de 2021  la Sociedad AL Coaches SAS y se instalaron en la ciudad de Villa María.

A estos se agregan Florencia Anahí Álvarez y Agustín Nicolás Perenno (trading o corretaje), Cristian Omar Delgado (cajero), Rene Germán Udrizar y Gabriela Fernanda Álvarez (administración), Claudia Beatriz Pereyra (recepcionista) y los encargados de dialogar con los “inversionistas” eran Susana Beatriz Luján, Martín Sebastián Pereyra y Juliana Anabella Bollea. Mientras, Marcelo Javier Valdez y Federico Moreno eran los responsables de tasar los vehículos que entregaban los inversores.

Sucursales

Tras consolidarse en Villa María, Zoe siguió expandiéndose en la provincia de Córdoba.

En 2001 Andrea Mariela Sánchez y Celia Gilda Rocha se asociaron al grupo para abrir una sede Rafael Núñez 4365, de Córdoba capital.

Luego, en el mes de agosto de  2021, se incorporó Lucas Gonzalo Giorgis, quien dirigió una oficina ubicada San Francisco. En el mes de noviembre de  2021, incorporaron a Gabriela Fernanda Deangelis y Franco Fernando Altamirano, quienes fueron designados para dirigir la oficina de Villa Carlos Paz.

De esta manera, todos interactuaron para despojar a los incautos de sus ahorros y bienes, pero además, con sus acciones “conmocionaron a la comunidad en general al generar zozobra e intranquilidad social”, concluyeron.

Alegato del defensor Diego Julián

“Accedió al máximo estímulo educativo”

En su defensa, Diego Julián (foto), valoró la predisposición de su representado para colaborar con la Justicia. Entre otros puntos de su alegato dijo que el abogado obtuvo el máximo estímulo educativo que prevén las normas argentinas. Hace un año y dos meses que está detenido y en ese lapso, rindió un examen para ingresar en la Licenciatura de Educación, e hizo todos los cursos posibles, obteniendo 20 meses de estímulo. “Esto no significa reducción de pena, sino que está más cerca de pedir la libertad condicional”, precisó Julián, quien recordó que precisamente las cárceles son para la reinserción de los presos y que estudiar es una forma de prepararse para volver a la sociedad.

Alegato de la fiscal Juliana Companys

“Las pruebas son fulminantes”

La fiscal Juliana Companys (foto) pidió la condena acordada, pero también valoró el aporte que hizo el imputado a la Justicia aportando datos de la organización y poniendo a su disposición sus bienes personales. Al término de la audiencia y ya en diálogo con la prensa, dijo que “fue muy importante para la causa, que un abogado haya reconocido su participación en los hechos, porque él entiende perfectamente lo que teníamos como prueba, la que es fulminante y contundente”, dijo.

Agregó que antes de fin de año podría elevarse la causa a juicio.

Cuatro abogados querellantes

Tras la exposición de la fiscal y el defensor, fue el turno de los abogados que representan a las víctimas de estafa. Todos coincidieron en que además de constituirse como querellantes y como actores civiles, no renuncian al derecho de demandar civilmente a los responsables.

En ese rol, estuvieron en la sala los letrados Eduardo “Tati”?Rodríguez, Luciano Ragusa, Luján Costa y Leonel Gómez.