Se realizaron ayer ocho allanamientos en esta ciudad y dos en Córdoba
Un grupo empresario con sede en Villa María está en la mira de la AFIP
Se llevaron a cabo ayer ocho allanamientos en esta ciudad y dos en Córdoba capital a solicitud de la AFIP. Procuran recabar información para determinar si cabe una acción penal por vaciamiento de una empresa concursada
(Edición impresa). En la mañana de ayer, efectivos de la Policía Federal materializaron una serie de allanamientos autorizados por el juez Federal de Villa María, Roque Ramón Rebak.
Las medidas fueron solicitadas a la Justicia por la División Jurídica de la Dirección Regional Río Cuarto de la AFIP, que puso en la mira a un grupo empresario con sede en esta ciudad.
El organismo recaudador advirtió que había un traspaso de bienes y empleados desde una empresa a otras, las que, en principio, pertenecen a las mismas personas. El hecho de que la empresa que transfería sus bienes está en concurso preventivo, hizo que saltaran todas las alarmas del organismo recaudador y por eso, pidió los allanamientos.
Cabe señalar que aún no se inició una investigación penal en la Justicia Federal. Precisamente, para recabar información y determinar si presentan o no la denuncia judicial, es que pidieron esas medidas. Esta potestad está prevista en la ley penal tributaria que establece en su artículo 21 que “cuando hubiere motivos para presumir que en algún lugar existen elementos de juicio probablemente relacionados con la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la presente ley, el organismo recaudador podrá solicitar al juez penal competente las medidas de urgencia y toda autorización que fuera necesaria a los efectos de la obtención y resguardo de aquellos”.
Si bien ningún organismo oficial dio una versión de las acciones llevadas a cabo, El Diario pudo conocer que las empresas allanadas son Logística Interprovincial SRL -que es la que está concursada-, Circuito Virtual SA, Grupo de Transporte SA y Neumáticos Arce. Esta última, ya no pertenecería al mismo dueño de las anteriores.
Los efectivos de la Federal estuvieron autorizados a requisar a las personas y los vehículos que estaban en cada domicilio allanado, como así también secuestrar toda la documentación existente que pueda ser útil para determinar si hubo un vaciamiento intencional de la empresa concursada o bien, si todo lo que hicieron fue dentro del marco de la ley.
