Masacre de Monte: afirman que los policías intentaron “rematar” a los chicos
Un testigo que se encontraba a 50 metros de donde se produjo la denominada “Masacre de Monte”, en la cual cuatro jóvenes fallecieron tras una persecución policial y posterior choque en San Miguel del Monte, en mayo de 2019, afirmó ayer que vio a un policía en posición de tiro con la intención de “rematar” a las víctimas tras el impacto del auto contra el acoplado de un camión, y que luego escuchó un disparo de arma de fuego.
“Después del fuerte estruendo del choque, veo bajarse al conductor de un móvil policial en posición de tiro con un arma de fuego en la mano. Pierdo de vista al conductor y escucho una detonación de un arma de fuego”, relató Ignacio Cattaneo, un vecino de la localidad de San Miguel del Monte que declaró durante la cuarta audiencia del juicio por jurados que tiene como imputados al excapitán de la policía bonaerense Rubén Alberto García y a los oficiales Leandro Ecilape, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal.
El testigo señaló que los cuatro agentes tuvieron “la intención de rematar” a los fallecidos Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Aníbal Suárez (22), y a Rocío Quagliarello (hoy tiene 17 años), que quedó herida de gravedad a raíz del choque.
Esta situación se suma al relato del chofer del camión impactado, llamado Héctor Mensi, quien anteayer aseguró haber escuchado cuatro disparos antes del choque y dos después, y al informe de autopsia de Gonzalo, del que surgió que el adolescente tenía alojada una bala en uno de sus muslos, aunque fuentes judiciales aclararon que dicho disparo fue recibido durante la persecución policial y no tras la colisión.
El testimonio de Cattaneo se realizó por videoconferencia, debido a que el testigo se encuentra viviendo en España, ante la atenta presencia de los 12 jurados populares y de la jueza a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 4, Carolina Crispiani, quien modera el debate. El juicio se inició el lunes con la elección del jurado que dentro de cinco días deberá definir si los policías imputados son inocentes o culpables de los delitos de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”.
