“En este juicio, los familiares van a poder contar todo lo que vivieron”

El último libro de la escritora cordobesa María Teresa Andruetto lleva por título “Aldao”, en el que cobra dimensión el territorio donde se empieza a crecer, a amar y a sufrir.

Ese concepto de territorialidad retoma impulso por estas horas, con el comienzo del juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba, donde juzgan a tres exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército por la “privación ilegítima de la libertad” de tres personas y la “imposición de tormentos agravados”, que en uno de los casos causó la muerte.

Rubén Amadeo Palazzesi, una de las víctimas, era de Oliva. Allí, todos los conocían por “Pocho”. Recuerdan en el pueblo cuando, en agosto de 1979, los militares entregaron el cuerpo quemado a la familia diciéndole que se había querido escapar cuando lo trasladaban en auto a Buenos Aires y que había tenido un “accidente”.

Su cuñado, Nelvio Cavigliaso -otra de las víctimas-, pudo sobrevivir a la tortura y luego empezó a reconstruir lo que pasó. Lo mismo que José Jaime Blas García Vieyra, el único de los tres que está actualmente vivo.

Esa reconstrucción permitió recuperar la historia e iniciar el camino de la Justicia. Y en ese tránsito es que la territorialidad cobra más fuerza, dado que el fiscal que sostiene la acusación es nacido en la misma ciudad.

La tierra del fiscal

“Justamente las víctimas son del pueblo donde nací, pero obviamente que más allá del impacto personal, mi labor es profesional, representando al Ministerio Público Fiscal”, señaló a El Diario el fiscal Carlos Gonella.

Al hablar de la causa, dijo que “en agosto de 1979, Palazzesi, junto a García Vieyra, fueron secuestrados, conducidos a la quinta y salvajemente torturados. Y a consecuencia de las torturas, Palazzesi perdió la vida”.

“Con posterioridad, su cuñado Cavigliaso fue secuestrado y torturado, para luego ser trasladado a la cárcel. Estos son los hechos por los que son juzgados el excapitán Ernesto Guillermo Barreiro, el exteniente primero Carlos Enrique Villanueva y el exsargento primero Carlos Alberto Díaz”, informó.

Al momento de los hechos, todos ellos desempeñaban funciones en el Destacamento de Inteligencia: los dos primeros, como parte del Grupo de Operaciones Especiales (OP3), mientras que el restante estaba a cargo de la Primera Sección, bajo la cual funcionaba el OP3.

“Ya se encuentran condenados por la causa de La Perla y otras causas; incluso, Barreiro tiene una condena por perjurio en Estados Unidos”, precisó Gonella.

“La particularidad de esta causa es la fecha. La patota de la D2 y del Tercer Cuerpo de Ejército había disminuido su accionar en 1979, que hasta el 77 fue brutal; no obstante, seguían persiguiendo, torturando y matando, como ocurrió en este caso”.

A la hora de hablar de la primera audiencia, que se realizó el 8 de marzo, Gonella se refirió a los testimonios: “Habló la esposa de Palazzesi, quien también estuvo detenida por la dictadura durante cuatro años, y Stella Maris, la hermana de Pocho, que estuvo presa unos días. El relato fue muy duro. La esposa contó que se enteró de la muerte de su marido cuando se lo comunicó un militar, y la hermana de Palazzesi relató lo que vivió la familia, la angustia, ese no saber. Incluso, ella dijo que no lloró delante de los militares ante la noticia para no darles ese gusto. Recién pudo llorar la muerte de su hermano cuando con su marido, Cavigliaso, encontraron la casa donde habían matado a Pocho”.

Gonella apuntó que “este juicio es la oportunidad que tienen los familiares de poder contar todo su drama, todo lo que vivieron”.

Esta territorialidad hace ver que los delitos de lesa humanidad no tienen distancia física, que sus protagonistas son nuestros vecinos y que la Justicia, también repara nuestra casa chica.

Primera audiencia

El tribunal está integrado por los jueces federales Julián Falcucci, Fabián Asís y María Noel Costa.

En la primera jornada, que los tres acusados presenciaron por videoconferencia, se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio y se tomó declaración testimonial a Cristina Guillén de Palazzesi y Stella Maris Palazzesi Cavigliaso, viuda y hermana -respectivamente- de la víctima asesinada.

Los tres imputados tuvieron la oportunidad de declarar, pero se abstuvieron.

Un villamariense

El Ministerio Público Fiscal está representado por la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en la jurisdicción Córdoba, a cargo del fiscal general Carlos Gonella, y con la asistencia del fiscal auxiliar, el villamariense Facundo Trotta.