Ordenan realizar pericias caligráficas al personal de la sucursal local del Correo

Marcelo Martín Silvano, abogado de la mujer acusada por “defraudación contra la administración pública”, “falsificación de documentos públicos” y “malversación de caudales públicos”, apeló el procesamiento contra su defendida firmado por el juez Federal de Villa María, Roque Ramón Rebak. El letrado argumentó, de manera presencial ante la Cámara Federal de Córdoba -Sala B, que para inculpar a su defendida no tuvieron en cuenta los argumentos de Milagro Díaz, la acusada, cuando dijo que “alguien podía haberle usado su clave” en la caja del Correo Argentino, sucursal Villa María. También señaló que, de las pericias caligráficas realizadas en las firmas apócrifas de los tickets, solo una indica que puede ser de la acusada.

Ante este argumento, los camaristas federales Liliana Navarro, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi decidieron confirmar el procesamiento contra la exempleada del Correo, acusada de quedarse con el dinero que ANSES puso a disposición de los beneficiarios de distintos planes sociales, quienes, al ir a cobrar al Correo Argentino de Villa María, se encontraron con que esos fondos ya habían sido percibidos por otra persona.

Los camaristas valoraron, en primer término, la prueba recabada por la fiscal federal María Schianni, quien pudo determinar 16 hechos de defraudación. Agregan que la resolución apelada por Silvano “ha abordado en forma clara y circunstanciada cada una de las cuestiones que la defensa impugna, advirtiéndose que los extremos obrantes en autos permiten afirmar la existencia de una serie de elementos de cargo contundentes y relevantes que, en términos de probabilidad, acreditan la concreta participación de la encartada Díaz en los hechos que se le achacan”.

Coincidiendo con Rebak, dicen que “luce inverosímil y ajeno a toda lógica suponer que dieciséis personas, desvinculadas entre sí, se presentaron en la sucursal del Correo Argentino aportando un DNI que no les pertenece y que, en todas esas oportunidades, alguien utilizó la clave generada personalmente por Díaz para sustraer el dinero destinado a beneficiarios de la ANSES”.

Mencionan que no es solo el hecho de que los pagos no realizados a los verdaderos beneficiarios fueron hechos utilizando la identificación de Milagro Díaz, sino que también, en los allanamientos realizados en el domicilio de la exempleada, encontraron impresas preformas para el desistimiento de denuncias. Esto coincide con el testimonio de al menos dos damnificadas con las que Díaz se comunicó informalmente por WhatsApp para pedirles que retiren la denuncia y que, a cambio, ella les devolvía la plata. La Justicia entiende que estas fueron maniobras tendientes a enmascarar la comisión del delito.

Consideran correcto que la fiscal Schianni haya pedido el procesamiento contra Díaz en el delito de “falsificación de documento público” -por la firma falsificada en los tickets- en la calidad de partícipe necesaria en los casos que la pericia caligráfica comprobó que no era ella la autora.

Con base en ese argumento, los magistrados expresan que la instrucción “no ha logrado recopilar elementos probatorios que permitan individualizar a quienes habrían obrado como presuntos autores en los hechos en los que Díaz habría actuado como partícipe”.

Es por ello que ordenan al juez Federal de Villa María “profundizar la investigación en los términos expuestos, debiendo disponer, previo a la clausura de la instrucción y eventual elevación a juicio, la realización de una pericia caligráfica al personal del Correo Oficial de la República Argentina SA, de la sucursal sita en calle Catamarca 1190 de la ciudad de Villa María, como así también, de toda otra medida probatoria que se considere pertinente, a los fines de recopilar elementos probatorios que permitan individualizar a los presuntos autores de los hechos de falsedad documental en la que habría intervenido Milagro Díaz”.

Es decir que, a partir de ahora, la Justicia Federal deberá buscar a los cómplices de estos hechos que perjudicaron a las personas más humildes, beneficiarias de planes sociales que cobraban esos programas en la sucursal del Correo y que fueron percibidas por otra persona.