Condenas en suspenso y libertad para una porteña y un craikense

Una mujer de 44 años y un joven de 21 fueron condenados ayer en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa María, pero recuperaron la libertad ni bien concluyeron los respectivos juicios porque las sanciones aplicadas fueron de ejecución condicional.

Por un lado, Myriam Valeria Hirak (44) recibió una sanción de tres años de prisión en suspenso tras ser hallada culpable de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, “hurto” y “encubrimiento”. Además, deberá pagar una multa de 70 mil pesos.

En la otra audiencia, Carlos Fabián Gómez (21) fue declarado autor responsable de “lesiones leves calificadas por el vínculo”, delito cometido en perjuicio de quien era su pareja al momento de ocurrir el hecho de violencia de género, y le impusieron dos años de cárcel, también en suspenso.

En ambos casos, los camaristas Félix Martínez y Edith Lezama dispusieron que Hirak y Gómez, respectivamente, cumplan estrictas reglas de conducta si no quieren volver a la cárcel para terminar de cumplir las condenas en forma efectiva.

Drogas para vender

Nacida en la Capital Federal el 21 de abril de 1979, pero con último domicilio en Villa María, Myriam Hirak fue detenida el pasado 10 de abril en Villa Nueva cuando la Policía le secuestró una importante cantidad de drogas.

Si bien no registraba condenas anteriores, la mujer tenía dos causas judiciales abiertas: una de 15 de diciembre de 2019, por “encubrimiento” (recibió elementos robados, a sabiendas de su procedencia ilícita) y otra del 18 de febrero de este año, por un “hurto” cometido en el Colegio de Ingenieros Civiles de esta ciudad.

Además del juez Martínez, participaron de las deliberaciones el Francisco Márquez, la asesora letrada Ivana Castoldi y el secretario Walter Rodríguez.

A poco de comenzada la audiencia, que se realizó por videoconferencia porque Hirak se encontraba alojada en el Establecimiento Penitenciario Nº 6 de Río Cuarto, la acusada admitió su responsabilidad penal en todos los hechos que se le atribuían, lo que posibilitó que el juicio se abreviara, al menos en algunos aspectos procesales.

Durante los alegatos, el titular del Ministerio Público y la defensora oficial expresaron posturas diferentes: Márquez reclamó una condena de cuatro años de cárcel (o sea, prisión de cumplimiento efectivo), el mínimo que establece la Ley 23.737 para la “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, mientras que Castoldi planteó la inconstitucionalidad de la sanción prevista para el último eslabón del comercio de estupefacientes (narcomenudeo), prevista en el artículo 5, inciso “c”, de la referida legislación nacional.

Para ello, se basó en un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia de Córdoba, dictado en octubre de 2016, que sentó jurisprudencia en la materia, por lo que solicitó que la pena a imponer fuera de tres años de prisión en suspenso.

En su veredicto, el juez Martínez hizo lugar al planteo de la Defensa y condenó a Hirak a tres años de prisión en suspenso y le impuso una multa de 70 mil pesos. Además, dispuso las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio (no podrá mudarse sin autorización), abstenerse de consumir sustancias estupefacientes y adoptar oficio adecuado a sus capacidades.

Golpeó a su pareja

En la otra audiencia de la víspera, Carlos Gómez admitió haber agredido físicamente a su pareja, en un episodio de violencia registrado el 1 de agosto de 2023 en la vecina localidad de James Craik, donde ambos trabajaban y estaban radicados desde hace bastante tiempo.

Nacido en la capital provincial el 18 de julio de 2002, el trabajador de la construcción fue detenido minutos después de golpear a la joven, por lo que pasó tres meses y dos días entre rejas, ya que fue excarcelado ni bien concluyó el juicio.

La ausencia de antecedentes, sumada a la confesión lisa y llana del hecho, le permitieron a Gómez acceder a una condena de ejecución condicional, aunque para mantener el estado de libertad deberá cumplir estrictamente las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio, abstenerse de relacionarse por cualquier medio con la víctima, no consumir alcohol en exceso ni sustancias estupefacientes y realizar tratamiento psicológico o psiquiátrico acorde a la naturaleza del hecho por el cual fue condenado.

Finalmente, cabe señalar que, además de la jueza Lezama, intervinieron en las deliberaciones el fiscal Márquez, la defensora oficial Castoldi y la secretaria Gabriel Sanz.