Fue la hora de alegatos en el juicio contra exagentes de la Caminera

Ayer a las 20, después de casi ocho horas de debate, el vocal de la Cámara del Crimen, Félix Martínez, dispuso un cuarto intermedio hasta el 11 de diciembre a las 11, día en que se escuchará la penúltima palabra de la víctima y la última de los acusados, para luego dictar sentencia en el juicio que se le sigue a dos exagentes de la Caminera.

Hay dos temas centrales que debe analizar el juez: por un lado, si David Cánova -expolicía que cumplía funciones en la Caminera- es culpable o inocente de las lesiones graves que sufrió Domingo Córdoba el 21 de noviembre de 2010; y si Roberto Carlos Gerbaldo -policía en actividad- fue quien avaló que en las actas del procedimiento incorporaran datos falsos para que pareciera un accidente.

El primero está acusado de “lesiones graves” y de “falsedad ideológica”; mientras que el segundo, de “encubrimiento agravado” y también de “falsedad ideológica”.

Cabe recordar que la causa se origina en la persecución de los agentes contra Córdoba, quien, según la acusación, fue chocado por los policías y, cuando yacía en el suelo, Cánova le pisó las manos y le asestó una puñalada que le provocó evisceración.

Pero el otro tema que deberá resolver el magistrado es si hace lugar o no a la demanda civil que se plantea dentro del juicio penal y está dirigida contra los dos acusados y contra la Provincia de Córdoba. Esto es porque los hechos ocurrieron  cuando ambos cumplían el rol de agentes de seguridad para el Gobierno cordobés. Y, si hace lugar, debe definir el monto de la indemnización.

Los argumentos de la acusación

Después de testimonios tendientes a corroborar lo que había ocurrido antes del hecho y a determinar exactamente la ubicación (camino a Pampayasta, desde el cruce entre la ruta 158 y la 2), el fiscal Francisco Márquez inició su alegato.

Tras un análisis minucioso del expediente, dijo que el problema con la versión de los acusados es que “no pega con la prueba”.

Repasando los testimonios de los bomberos que trasladaron a Córdoba hacia el Pasteur, de los médicos que intervinieron y del forense, expresó que “no quedan dudas: lo acuchillaron”.

Señaló que la moto estaba tirada en la banquina, a ocho metros de la víctima, y que el asiento estaba a un metro y medio más. “El primer bombero que llegó dio testimonio de que, cuando llegan los agentes de la Caminera, se pusieron a buscar un celular que Cánova había perdido en el lugar”, lo que demuestra la presencia de los agentes antes de la llegada de?Bomberos. Es decir, cuando ocurrió la lesión grave.

“Si no fuera porque Gerbaldo pide la ayuda y termina salvándole la vida, solicitaría un cambio de carátula por intento de homicidio”, aclaró el representante del Ministerio Público y, antes de cerrar pidiendo una condena de 10 años para el acusado de la agresión y de 4 para el sospechado de encubrimiento, se planteó “cuál es la razón de semejante salvajismo”.

A su turno, el querellante particular, Antonio Alarcos, dijo que coincidía con el criterio del fiscal y solicitó la misma pena. Puesto también en “actor civil”, que es la figura legal para reclamar la indemnización, se detuvo a puntualizar las consecuencias de las lesiones en la historia vital de?Córdoba. “Era un arenero que no pudo volver a trabajar”, señaló. Informó que un médico  le asignó un 70% de incapacidad y, además, consta que sufre un daño psicológico “muy grave”. Para sintetizar, y citando a una perito, dijo que la víctima tiene pesadillas recurrentes en las que revive el violento episodio.

Como su vida no fue la misma, comenzó a desglosar cada uno de los puntos por los que pedía la reparación y concluyó diciendo que, en total, es de 1.299.405 pesos. Esto es, del año 2013, cuando se presentó la acción civil. Por eso aclaró que a esa cifra hay que sumarle  intereses, lo que, según diferentes opiniones, podría ser de 20 a 40 millones de pesos.

Además, solicitó una pensión equivalente a dos salarios mínimo, vital y móvil para el futuro, dado que han pasado 13 años en los que está impedido de trabajar y, en consecuencia, no podría acceder a una jubilación

Los defensores

Cánova y Gerbaldo contaron con dos abogados cada uno para que los representaran, por un lado, en la defensa penal, y por el otro, en la acción civil.

Desde lo penal, Sebastián Lascano (defensor de Cánova) y Ulises Carranza (defensor de Gerbaldo) pidieron el sobreseimiento de ambos, planteando inconsistencias en la acusación.

Desde lo civil, Guillermo Romero (Cánova) y Sebastián Lascano (Gerbaldo) rechazaron la demanda económica.

El primero argumentó  que no hay ningún certificado médico aportado al expediente con control de la defensa, que refiera la incapacidad de Córdoba.

Remarcó que, en 2017, el informe del forense indica que la lesión “no dejó secuelas”. Por lo que rechazó cada uno de los argumentos del actor civil, entendiendo que no corresponde reclamar dinero, ni a la Provincia, ni a su defendido.

En el mismo sentido se expresó Luciano Martínez, rechazando todos los conceptos solicitados por la querella.

De igual manera se manifestó la letrada representante de la Provincia de?Córdoba, Mariela Lenarduzzi. “Niego y rechazo que el hecho descripto haya sido así, niego que el señor Córdoba haya sido perseguido. No hay pruebas. Niego que la caída sea por el accionar de la Policía y niego que le hicieran una lesión con un arma blanca, que lo insultaron y golpearon”. Asegura que nada de eso quedó probado y por eso también rechazó la demanda.

Hasta el 11 de diciembre, el juez deberá evaluar los argumentos de las partes para dictar la sentencia, que determinará si los exagentes de la Caminera siguen en libertad o van a ser detenidos y si la víctima percibe o no una indemnización