Penas unificadas de seis y cuatro años para convictos reincidentes

Dos convictos con antecedentes penales fueron condenados ayer en la Cámara del Crimen de Villa María, en sendos juicios de trámite abreviado en los que admitieron su culpabilidad en los hechos delictivos que se les atribuían, algunos de ellos de vieja data.

Por un lado, el changarín y albañil Ezequiel Alejandro Carranza (32) recibió una sanción de dos años y seis meses de cárcel tras ser declarado autor responsable de “hurto en grado de tentativa”, “encubrimiento”, “hurto”, “violación de domicilio” y “robo calificado por escalamiento en grado de tentativa”. Pero como tenía pendiente parte de una condena anterior, se unificaron las dos sentencias en una única pena de cuatro años de prisión efectiva, con declaración de reincidencia.

En tanto, el trabajador de la construcción Ayrton Lautaro Coria (22) fue castigado con una sanción penal de un año de cárcel por hechos de “robo” y “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro”. Sin embargo, como debía parte de una sentencia dictada a comienzos de 2022, se le aplicó una pena única de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

Ladrón agresivo

Nacido en Villa María el 27 de abril de 1991, ciudad en la que también registra domicilio, Ezequiel Carranza está privado de la libertad desde el pasado 8 de marzo del corriente año, fecha en la que saltó la tapia de una vivienda de barrio Nicolás Avellaneda con fines furtivos, aunque no logró su cometido.

Alrededor de las 5 de la madrugada, Carranza ingresó a un inmueble ubicado en calle Smitarello al 300 y, una vez en el interior, arremetió contra la dueña de casa, de 33 años, a la que le asestó un golpe de puño en el rostro, informó entonces la Unidad Departamental San Martín.

Sin embargo, la víctima se encontraba en compañía de dos amigos, quienes actuaron con rapidez y no solo defendieron a la mujer, sino que además lograron retener al violento individuo, al que entregaron a la Policía cuando llegó al lugar un móvil de la Patrulla Preventiva.

Causas pendientes

Además, el condenado tenía otras tres causas pendientes: una, por un “hurto en grado de tentativa” cometido el 17 de marzo de 2019; otra, de “encubrimiento”, de fecha 9 de septiembre de 2019; y la restante, por hechos de “hurto” y “violación de domicilio” perpetrados el 29 de septiembre de 2020.

Cabe señalar que, a fines de abril de 2011, Carranza fue condenado por la Cámara del Crimen de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba, también por varios delitos contra la propiedad.

El 30 de mayo de 2018, luego de cumplir las dos terceras partes de la sanción impuesta en la capital provincial, el Juzgado de Ejecución Penal de los Tribunales de Villa María le otorgó la “libertad condicional”, por lo que los hechos delictivos de 2019, 2020 y 2023 los cometió mientras gozaba de aquel beneficio excarcelatorio.

La audiencia de debate fue presidida por el camarista Félix Martínez y contó con la participación del fiscal Francisco Márquez, de la defensora oficial Ivana Castoldi y de la secretaria Patricia González.

En Las Perdices

Ayrton Coria volvió a sentarse en el banquillo de los acusados luego de casi un año y 10 meses, esta vez por hechos de “robo” y “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro”, cometidos en la localidad de Las Perdices.

En efecto, el 22 de abril de 2022 sustrajo la rueda de auxilio de un camión que se hallaba estacionado en la vía pública, frente a un depósito de agroquímicos, y un par de meses después, más concretamente el 20 de junio, recibió una potencia de sonido y dos micrófonos, a sabiendas de su procedencia dolosa, con el objetivo de comercializarlos.

Fue detenido por la Policía a raíz del segundo hecho y desde entonces se encuentra privado de la libertad, alojado en el Establecimiento Penitenciario Nº 5, ubicado en barrio Belgrano de Villa María.

En la víspera, este joven albañil nacido en General Deheza el 11 de enero de 2001, pero domiciliado en Las Perdices, reconoció su culpabilidad en ambos hechos y posibilitó que la audiencia de debate presidida por el juez Martínez se abreviara.

Además del magistrado, participaron de las deliberaciones el fiscal Márquez y la asesora letrada Castoldi, mientras que el secretario actuante fue Walter Rodríguez.

Por los delitos mencionados, Coria recibió una pena de un año de prisión efectiva. Pero como tenía pendiente una condena de tres años de prisión en suspenso por “desobediencia a la autoridad reiterada” (cinco hechos), “amenazas reiteradas” (cuatro hechos) y “coacción”, dictada el 9 de febrero de 2022 por la jueza Eve Flores, se unificaron ambas sentencias y se le aplicó una única sanción de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias de ley y las costas del proceso.

A puertas cerradas

En otro juicio realizado ayer en la Cámara del Crimen, pero a puertas cerradas, un cloaquista local recibió una condena de dos años de prisión de ejecución condicional y pudo mantener el estado de libertad con el que compareció en el quinto piso de Tribunales.

Se trata de Guillermo Alejandro Pérez (56), quien fue declarado culpable de tres hechos de “abuso sexual simple” (es decir, manoseos o tocamientos impúdicos) cometidos en perjuicio de una menor, en fechas no precisadas con exactitud, pero ubicables en los meses de octubre y noviembre de 2018.

Este juicio había comenzado el miércoles de la semana pasada, ocasión en la que la camarista Edith Lezama, el fiscal Márquez y el abogado Juan Pablo Tenedini escucharon algunos testimonios, incluido el de la víctima, quien al momento de los hechos tenía 14 años. Además, tanto el acusador público como el defensor expresaron sus conclusiones.

En la víspera, en el marco de una nueva audiencia de debate realizada a puertas cerradas, la magistrada dictó la sentencia antes descripta.

Nacido en la localidad de Los Cardos, provincia de Santa Fe, el 27 de agosto de 1967, Pérez registra domicilio en Villa María, donde se gana la vida realizando trabajos como cloaquista. Además, cabe señalar que se trata de un convicto primario, ya que no registraba antecedentes penales.

En su veredicto, la jueza Lezama dispuso las siguientes reglas de conducta por el mismo tiempo de la sanción: el condenado no podrá mudarse sin autorización judicial, deberá abstenerse de relacionarse por cualquier medio con la víctima, no deberá consumir bebidas alcohólicas en exceso ni sustancias estupefacientes y tendrá que realizar un tratamiento psicológico o psiquiátrico acorde a la naturaleza de los hechos por los cuales fue condenado.