“Si el dolor no prescribe, tampoco tienen que prescribir las causas”

El juez de Control de Bell Ville, Luis María Werlen Zbrun, confirmó que un acusado por abusos sexuales cometidos contra dos niñas entre 1996 y 2000 puede ser juzgado.

El debate que se dio en este caso, tal como informamos en El Diario, fue a raíz de la prescripción de la persecución penal de estos delitos.

La normativa vigente es la ley conocida como de “respeto al tiempo de las víctimas”, aprobada en 2015 y que establece que el plazo de 12 años corre desde que se presenta la denuncia. El caso que se analiza en esta nota comenzó cuando el fiscal de Bell Ville, Nicolás Gambini elevó a juicio la causa contra el acusado de abuso sexual contra las dos víctimas, siendo el primero de la provincia que consideró, compartiendo el criterio de la querella representada en un caso por el abogado Sandro Ferrero, que la persecución penal no prescribía.

La defensa del acusado, recurrió al juez de Control solicitando el sobreseimiento por prescripción. No le dieron la razón, porque el magistrado coincidió con el criterio del fiscal. “Hay un cómputo diferenciado de la prescripción de la acción penal para delitos de abuso sexual, a diferencia que para otros delitos”, comenzó diciendo el juez.

“En este caso, entendemos que la ley de respeto a los tiempos de las víctimas era plenamente aplicable y, por lo tanto, se rechaza el sobreseimiento que solicitó la defensa”, manifestó.

En la resolución, Werlen Zbrun va un poco más allá del planteo específico del caso ocurrido en Bell Ville y hace un análisis de las secuelas que deja en los y las sobrevivientes de este tipo de hechos. “No se puede comparar las secuelas que deja a las víctimas otros delitos, como, por ejemplo, los que son contra la propiedad. Para ser más claro, un robo no deja el mismo daño psicológico que un hecho contra la integridad sexual, máxime en casos en que las víctimas son menores de edad”. “Los daños -y hay estudios científicos que lo ratifican- se producen a corto, mediano y largo plazo”, agregó. “Se avanzó mucho con la ley de respeto a la temporalidad de la víctima, pero creo que todavía no es suficiente. Básicamente, creo que el Estado no puede a través de una ley poner un tiempo o un límite para que la persona pueda o deba llevar adelante una denuncia. Justamente, porque el dolor no prescribe y, entonces, tampoco puede prescribir la causa. Porque si el dolor no prescribe y de hecho está científicamente comprobado que es así, con menos razón el Estado puede, a través de una ley, poner un límite o una fecha de caducidad para poder llevar adelante esa denuncia. Por eso, en una segunda parte de la Resolución, exhorto al Poder Legislativo, para que adapte la legislación vigente, con el fin de evitar también este tipo de discusiones. Porque son discusiones doctrinarias que provocan que existan criterios dispares en distintas jurisdicciones, lo que provoca es más dolor y más sufrimiento a las víctimas y hacen que los autores responsables de causar ese dolor, puedan quedar impunes”, concluyó.