Se alegó y el próximo jueves 1 de septiembre se dictará sentencia
Solicitó que sea absuelto
Lo pidió el abogado Marcelo Silvano para su defendido, “el Chileno” Ruiz, quien está acusado junto a otros hombres por un hecho vinculado a la tenencia y el tráfico de estupefacientes
Este viernes, en el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de Córdoba, continuó el juicio contra Darío Eloy “el Chileno” Ruiz, Franco Ezequiel Torres, Brian Nahuel Domínguez y Gonzalo José Díaz Brochero, imputados por supuesta infracción a la Ley 23.737 que sanciona la tenencia y el tráfico de droga.
En esta audiencia, la segunda del proceso, se alegó: las partes (abogados y Fiscalía) presentaron los argumentos lógico-jurídicos para defender a los acusados.
Marcelo Martín Silvano, quien asiste a Ruiz, contó que, mientras el fiscal general Maximiliano Hairabedián “ratificó la acusación de la instrucción”, él pidió la absolución para su defendido.
En esta dirección, él recordó que la pieza acusatoria señala que “con anterioridad al 30 de septiembre”, Ruiz le compró 5,6 kilogramos de cannabis sativa a Díaz Brochero y, a cambio, le dio una camioneta Fiat Toro blanca, dominio AC116TN, $85.360 y U$S200.
El 30 de septiembre hubo detenciones. Como se publicó en la edición del 6 de agosto de este medio, “un rastreo telefónico previo y un seguimiento posterior, con la probable ayuda de un soplón”, permitió que Domínguez, que manejaba un Fiat Uno anaranjado, dominio SES-305, fuera interceptado a la altura de avenida San Martín y Leandro Alem, en Oncativo. Detrás del asiento del acompañante, oculta, estaba la droga.
En principio, para los policías, la sustancia había sido trasladada desde la casa de Díaz Brochero, en barrio Maldonado de Córdoba, en otro Fiat Uno, azul oscuro y con la patente MUC-699, en el que iban Ruiz y Torres.
Por otra parte, según la investigación, durante el viaje hacia Villa María, Ruiz y Torres pasaron los estupefacientes al auto de Domínguez para, después, hacerle “de puente” (o sea, se habrían adelantado para prevenirlo de posibles controles policiales).
Sin embargo, lo que también se sabe es que Ruiz y Torres habían sido atrapados antes en la esquina de Intendente Haedo y Salta, de Tío Pujio, y en el vehículo los efectivos no habían encontrado nada.
Silvano contó que, durante el debate, “el Chileno” declaró que él fue a comprar su camioneta y que hacía tres días que estaba en Córdoba. El abogado, posteriormente, fundamentó a partir del artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación que indica: “El requerimiento de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos personales del imputado; una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda”. Al respecto, él manifestó que es necesario que se precise “qué día fue, dónde fue y qué testigo vio esa transacción porque no surge de ningún lado, ni siquiera de los llamados telefónicos”. A la vez, afirmó que a través de las cámaras que se secuestraron, de la vivienda de Díaz Brochero, se puede saber “cómo venía el asunto”.
Asimismo, hizo referencia al fragmento de la acusación en la que los imputados viajaban hacia nuestra ciudad. En este plano, sostuvo: “El problema está en que Ruiz (arrestado en una estación de servicio de Tío Pujio, luego de que no pudiera cargar en James Craik porque estaba cerrada) volvía por la autopista a Villa María y el Fiat Uno fue detenido viniendo por la ruta 9 vieja, en Oncativo”. Y se preguntó cómo se puede hacer punta si uno viaja por autopista y el otro por ruta 9.
De esta manera, pidió la absolución.
No obstante, dijo el defensor, el fiscal, para mantener la acusación, se basó “en comunicaciones telefónicas de mayo, junio, julio entre Ruiz y otras personas, pero ni siquiera entre Ruiz y Díaz Brochero. Y las únicas comunicaciones entre Ruiz y Díaz Brochero son por la venta de una camioneta”. Así, Hairabedián pidió seis años de prisión por estos hechos y apuntó que debe unificarse con una anterior, quedando una condena total de nueve años.
Rodrigo Altamira y Rodrigo López Tais, los abogados de Torres y Díaz Brochero respectivamente, también solicitaron la absolución. Viviana Andrea Maravanki, defensora de Domínguez, adhirió con la pena requerida por el fiscal, de cuatro años y seis meses.
La tercera y última audiencia se desarrollará el próximo jueves 1 de septiembre a las 10 y, en esas circunstancias, se conocerá la sentencia del Tribunal integrado por Jaime Díaz Gavier, Carolina Prado y Julián Falucucci.
