Condenado por matar a Luciana

Era alrededor de las cuatro de la tarde cuando el secretario de la Cámara del Crimen de Villa María, Daniel Rodríguez, leyó la sentencia en la que la jueza Eve Flores resolvió declarar a José Alberto “Pepo” Martínez, autor penalmente responsable del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por lesiones leves. Por esos delitos deberá cumplir, dijo la magistrada, una pena de prisión de 10 años y 9 meses.

De esta manera, concluyó la tercera y última jornada del juicio por el homicidio de Luciana Agüero, ocurrido el 8 de agosto de 2020 en barrio Botta y por el intento de homicidio (así llegó acusado) de Pablo Gómez, esposo de Luciana. Por este último delito, la jueza consideró que no lo quiso matar, sino que lo condenó por causarle lesiones leves. Los fundamentos se conocerán el 10 de agosto.

La acusación

El fiscal Francisco Márquez fue contundente en su alegato acusatorio. “Los testigos, incluso los independientes, vieron a Pepo con el arma”. Pero lo más importante, remarcó el fiscal, es que en la declaración del acusado, es él mismo quien se pone en el lugar de los hechos “con un palo en la mano y un arma de fuego en la otra”. Claro, Martínez había dicho eso, señalando que él no disparó el arma, sino que golpeó con el palo a Gómez.

Márquez remarcó también, que en una primera declaración, el acusado había dicho que nunca tuvo un arma en la mano. Pero en la segunda, cuando ya “estaba acorralado por las pruebas”, admitió llevarla consigo diciendo que se la había sacado a su cuñado.

“Cuando un imputado miente, no comete perjurio; pero nos da un indicio de que no es fácil creerle después”, dijo en la sala. “Además, los testimonios lo ubican hasta las 9 de la mañana andando con el arma por la zona. Estaba sacado. Es su modo de ser y eso, le costó la vida a Luciana Agüero”, dijo el fiscal.

Sobre el final, habló sobre detalles de la autopsia, remarcando que la muerte de la mujer fue a causa de una sepsis provocada por el impacto de una bala calibre 22.

Cerró su exposición pidiendo 15 años de prisión para el acusado.

La defensa

Pasado el mediodía, llegó el turno del defensor de Pepo Martínez, el asesor letrado Diego Julián. En su alegato, remarcó las contradicciones que hubo en los testimonios que describen la batahola previa al momento fatal del disparo con el arma de fuego.

En ese momento, Natalia, hermana de Luciana, rompió en llanto y en medio de una crisis, fue retirada del recinto desde donde, junto a su madre y su cuñado, seguía las instancias de la audiencia. Antes de irse y mirando a Martínez le pidió: “Por lo menos arrepentite, pedí perdón”.

Volviendo al alegato del defensor, la parte en la que introdujo un elemento nuevo fue cuando analizó el video con las imágenes de lo ocurrido aquella noche de agosto de 2020.

“A las 7.09 de la mañana, se ve a un hombre que camina por Intendente Reyno y dobla por la calle Intendente Ibañez, en dirección a la casa de Martínez. Según la descripción que hace el policía que analizó el video, se indica que lleva en su mano lo que probablemente sea un arma de fuego”, dijo. “Esto está en poder de la Instrucción desde diciembre de 2020. ¿Por qué no se investigó?”, preguntó.

Y fue más allá en su alocución poniéndole un nombre a esa persona que lleva el arma, indicando que tiene un gran parecido con el novio de una de las sobrinas de Agüero.

Al continuar con la descripción, indica que recién a las 7.12 pasa en las imágenes “un hombre robusto, no muy alto, gesticulando y con una gomera en la mano”. Ese hombre es Martínez. “Luego se lo ve aparecer en las cámaras con un arma de fuego”, aclara.

También dijo que, pese a que su defendido fue detenido en la provincia de Santa Fe, “no se profugó”, sino que se fue del barrio por las amenazas que recibía de parte de los Agüero.

Las contradicciones y la falta de investigación sobre ese hombre que aparece con el arma de fuego en el video, es lo que lo llevaron a pedir la absolución por el beneficio de la duda y subsidiariamente, en el caso de que lo condenen, que sea por homicidio simple con exceso de legítima defensa y por abuso de arma contra el esposo de Luciana. Terminó su alegato pasadas las 13, momento en que la jueza se retiró a deliberar.

Pasaban las horas, la impaciencia ganaba a los familiares de Agüero que aguardaban en la vereda de Tribunales, los empleados salían del edificio de la calle General Paz con la alegría de comenzar las vacaciones -inició la feria de julio- y en la sala de audiencias, defensor y fiscal se quedaron esperando la decisión. Llegó pasadas las 16. Y fue una condena.

Lo que quedó pendiente no se puede resolver dentro de Tribunales, sino que queda en manos de los responsables de las políticas públicas que deberán definir estrategias para afrontar situaciones de violencia urbana como la que esa noche de agosto de 2020 le costó la vida a Luciana Agüero, y que, aún sin esas consecuencias fatales, se siguen repitiendo en varias esquinas de algunos barrios de la ciudad.

La batahola

?En la madrugada del 8 de agosto de 2020, se produjo una batalla campal en cercanías a la plaza del barrio Botta. Según los testimonios que se escucharon en Tribunales, todo empezó cuando la hijastra de Martínez va en busca del padre de su hija, un joven  apodado “Cayo” que en lugar de estar en su casa materna, estaba “de caravana” en lo de los Agüero. Allí es cuando comenzaron las agresiones entre los que defendían a la hijastra de Martínez y los que estaban a favor del Cayo, Unos empezaron con piedras, otros con palos y hasta se habló de un machete. Hasta que, apareció Martínez, con un arma de fuego. Según la sentencia, fue el que le causó la herida fatal a Luciana Agüero, una joven mamá que falleció casi un mes más tarde por la herida recibida.

Última y penúltima palabra

A la víctima sobreviviente, Pablo Gómez, le concedieron como establece la ley, lo que denominan “la penúltima palabra”. El hombre solo dijo que le pedía a la Justicia “una sentencia justa” y a Martínez “que se arrepienta”, “porque mis hijos están sufriendo mucho por criarse sin su madre”.

La “última palabra” es para el acusado, quien hizo un repaso de sus aspiraciones económicas y su compromiso con los trabajos, ya sea como chofer de camión lechero o como albañil. Dijo que es sostén de familia y que en estos 700 días que lleva preso perdió todo, tanto lo económico como lo afectivo. “Yo también pido Justicia para que se sepa quién mató a Luciana”. Y agregó que, para él, era su excuñado, el hermano de quien, por entonces, era su esposa el que disparó el tiro que le causó la muerte. Sin embargo, nunca estuvo en la mira de la Justicia.

Desconforme

“Nos vamos todos desconformes, porque no les preocupó nada. Esta Justicia de Villa María no sirve para nada, al menos eso pienso yo”, dijo Pablo Gómez, esposo de la víctima del homicidio. “Tiros hubo, las pegadas hubo, todas las víctimas que lo acusaron, lo vieron, pero parece que eso no es nada”, agregó. “La vida de mis hijos que se crían sin madre, que sufren cada día, eso a nadie le importa”, concluyó.