Duras penas a los narcopolicías

Jessica Peña se sacó los anteojos, se acomodó el pelo y bajó la mirada cuando escuchó que la jueza Eve Flores la condenó a cumplir 10 años de prisión por cultivar y tener estupefacientes para la venta. Su pareja Luciano Andrada escuchó inmóvil la sentencia: 11 años de prisión para él. El tercer integrante de la banda, el civil Cristian Gudiño, fue condenado a purgar siete años de prisión.

Sobre los primeros recayó la sentencia más dura, dado que eran oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Incluso, Peña era la jefa en Villa María.

Esto fue ayer a la tarde, cuando concluyó el juicio contra los narcopolicías, con un fallo que incluyó condenas superiores a las que había pedido el fiscal de Cámara?Francisco Márquez.

Alegatos

Por la mañana, alegaron los defensores. Antonio Alarcos, representante legal de Gudiño, pidió que desestimaran la agravante de la participación de tres o más personas, porque entendió que toda la prueba de la causa se refirió a Gudiño y Andrada como los únicos involucrados en el sostenimiento del alquiler de un departamento en la calle Tucumán, donde encontraron un vivero de marihuana.

 “Hay que ser muy celosos para agravar por el número de personas participantes y no solo incluir a alguien porque firmó como garante en un contrato de alquiler”, agregó.

En definitiva, por entender que no correspondía esa agravante, pidió que a su defendido se lo condenara por los hechos que había confesado, -tenencia con fines de comercialización-, a tres años de prisión. “Dejo a criterio de su excelencia, si deben ser de cumplimiento efectivo o condicional”, agregó.

A su turno, Eduardo “Tati” Rodríguez, defensor de la pareja de policías, también hizo planteos sobre el rol de Peña en la causa. “Ella solo aparece en el procedimiento, tratando de encubrir a su pareja, que al ser su marido sin papeles, queda exonerada de responsabilidad. Ella no está involucrada en las actividades que se hacían en el departamento, no está involucrada en el momento en que Gudiño transportaba las plantas y en el denominado tercer hecho, calificado como tenencia simple, hay que señalar que lo que le encontraron en su casa -2,52 gramos de cocaína con elementos de corte-, no es más que un souvenir que se trajo de cuando trabajaba en narcóticos en Córdoba”, dijo.

Por eso pidió para ella una pena mínima de tres años por ser partícipe secundaria de la tenencia con fines de comercialización, o bien de la misma cantidad de años de condena, pero de cumplimiento condicional, por tenencia simple. Y en el peor de los escenarios, solicitó, al igual que para su pareja, cuatro años y seis meses de prisión. Esta sería la mínima condena por el delito con el que llegaron acusados, siempre y cuando se declarara inconstitucional la escala penal prevista en la ley.

Antes de esa solicitud, hizo consideraciones acerca de lo que califica el “enojo y la decepción de la sociedad” ante hechos como el juzgado en Villa María, es decir, ante policías que deben combatir el tráfico de drogas, pero que, en realidad, la cultivan. “Pero no nos tiene que ganar esa bronca y esa decepción y para eso, hay un Código Penal”, dijo.

La sentencia

Pasadas las 14, la jueza Eve Flores convocó a las partes. Ya tenía escrito el fallo. Cuando el secretario Daniel Rodríguez leyó las penas previstas, las caras de asombro ganaron la sala.

“La verdad, es que nos sorprendió de sobremanera, porque habían reconocido los hechos, el fiscal había pedido seis años y la jueza salió con 10 y 11, fue un impacto muy grande. Se castigó con una pena igual o mayor que a los que confiesan un homicidio. Sin duda eran merecedores de un castigo, pero la pena me parece excesiva. Así que seguramente la vamos a casar el monto de la pena”, dijo Tati Rodríguez ante la consulta de El Diario.

Por su parte, Alarcos señaló que esperará los fundamentos para decidir si recurre o no a una instancia superior.

Planteo de nulidad - ¿Puede declarar contra su cónyuge?

La acusación contra los dos narcopolicías y un civil se funda en el testimonio de la esposa de Cristian Gudiño, el civil en cuestión, quien fue la que descubrió que su marido tenía una actividad ilícita en un departamento alquilado en la calle Tucumán.

Ante eso, los abogados defensores pidieron que se anulara ese testimonio, porque no le advirtieron que podía abstenerse de declarar contra su esposo, en función de lo que explicita el Código Procesal Penal de la Provincia.

Si se aprobaba la solicitud, significaba que se hubiera caído gran parte de la acusación.

El fiscal Francisco Márquez se opuso, considerando que la presentación fue hecha fuera de tiempo y por ser improcedente.

La jueza le dio la razón, no aceptó la nulidad y el juicio siguió su curso.

La cuestión de la inconstitucionalidad

Había mucha expectativa por la decisión que tomaría la camarista?Eve Flores en el juicio de ayer, ante el pedido de inconstitucionalidad de la escala penal. Esa solicitud, frecuente en los casos de narcomenudeo, se funda en un fallo del Tribunal Superior que entiende que la escala penal no puede partir de cuatro años tanto para los casos de narcomenudeo como para los de narcotráfico. El tema es que, ese fallo, conocido como “Loyola”, afecta solo a los condenados por tenencia y comercialización y no para los casos de cultivo, como el que se trató en la Cámara del Crimen de Villa María. Si Flores aceptaba esa solicitud, hubiera generado jurisprudencia. Pero claramente optó por rechazar ese pedido y aceptar solo el del caso de tenencia y comercialización.