Los narcopolicías decidieron confesar los hechos

“Reconozco los hechos y me declaro culpable”. Prácticamente con las mismas palabras, Jessica Peña, Luciano Andrada (son pareja y oficiales de tercera y cuarta categoría, respectivamente, de la FPA) y Cristian Gudiño, confesaron los hechos de narcomenudeo por el que fueron acusados.

Por videoconferencia y desde tres cárceles distintas -Cruz del Eje, Bouwer y Villa María- los imputados participaron del juicio que inició ayer y que, según se estima, concluirá hoy tras los alegatos de los abogados Antonio Alarcos -defensor de Gudiño- y Eduardo “Tati” Rodríguez - representante legal de Peña y Andrada- y la sentencia.

Están acusados de haber formado una banda para cultivar y vender marihuana, bajo el amparo de impunidad que le daban a la organización los funcionarios policiales de la fuerza especial que se encarga de reprimir los delitos vinculados al negocio ilegal de las drogas.

Los exuniformados llegaron acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por ser funcionarios policiales y por la participación de tres personas. El civil tiene un solo agravante en la acusación.

Tras la lectura de los hechos y la confesión, el fiscal Francisco Márquez pidió seis años de prisión (la mínima) para cada uno, atento a que el reconocimiento de la autoría de la actividad ilícita “es un primer paso para la resocialización”. Ese pedido fue el final de un extenso alegato, que comenzó con una ampliación de la acusación, la que fue aceptada por todas las partes.

¿Por qué la ampliación? En principio, el fiscal instructor,  Walter Gessino, elevó la causa a la Cámara indicando que en un departamento alquilado a nombre de Luciano Andrada, tenía a su disposición estupefacientes. El fiscal Márquez advirtió que en la misma causa, había pruebas que hablaban de hechos más graves. En principio, porque no era solo que “tenían a su disposición la marihuana”, sino que la cultivaban en ese departamento, lo que agrava la acusación de “tenencia” a “cultivo”. Pero había más. Dijo que ya habían alquilado un segundo departamento, ubicado en la calle Bolívar al 2100, en el que firmó como garante Jessica Peña, quien en ese entonces se desempeñaba como jefa de la FPA Villa María, valorando esa prueba como un elemento clave para señalar que la participación de Peña no fue secundaria en la organización.

Señaló además que era claro que iban a mudar el “vivero”, porque tal como consta en la causa, al herrero que le encomendaron hacer una puerta de seguridad para el departamento de la calle Tucumán, le pidieron que la trasladara al de la calle Bolívar, justo el que Peña plasmó su firma como garante.

 “Si la jefa de la FPA tiene un vivero para cultivar marihuana, no quiero imaginar la cantidad de zonas liberadas que hubo”, planteó Márquez con preocupación.

Todo empezó por celos

El único civil de los acusados está casado. Por ese tiempo, su esposa advirtió que el carácter del marido había cambiado. Un día, descubrió el recibo de alquiler de un departamento de la calle Tucumán al 1800 y lo primero que pensó es que tenía una amante y lo utilizaba para encuentros con esa supuesta mujer.

Pero las circunstancias llevaron a descubrir lo que pasaba el 25 de abril de 2021. Ellos habían quedado en ir juntos a la costanera, pero como él tenía otras cosas que hacer, ella se adelantó. Circulando por el sector, vio en la esquina de Tucumán y Calle Pública,  la inconfundible camioneta de su esposo -estaba ploteada con el logo de una empresa de correo privado-. Lo llamó al celular y él le mintió acerca del lugar en el que estaba. “Te estoy viendo”, le dijo ella. Y él no tuvo más remedio que afrontar la verdad y fue hacia la calle. Discutieron y él le quitó el celular donde tenías las fotos de las pruebas, entre otras, la del recibo de alquiler. Eso motivó que los vecinos llamaran a la Policía creyendo que era un hecho de violencia familiar.

Antes que llegara la patrulla, llegó Andrada, porque previamente lo había llamado por teléfono Gudiño: “Vení que Nati está acá, vení a la oficina que nos descubrió”, le dijo.

La mujer hizo caso omiso al pedido de Andrada, que la invitaba a subir a su auto para “explicar” lo sucedido. Se quedó allí, aguardando al patrullero. Cuando este llegó, le relató lo vivido y la acompañaron a ratificar la denuncia a la Unidad Judicial.

Mientras, Gudiño decidió volver a deshacerse de todo lo que podía. Cargó en la camioneta varias plantas de cannabis, fue tirando macetas y otros elementos vinculados al cultivo que estaban dentro del departamento. Quiso salir de ahí, pero finalmente, fue aprehendido por el patrullero que ya había sido alertado sobre lo ocurrido.

Y aquí vuelve a aparecer el rol de los policías de la FPA involucrados en la causa: los dos llegaron al lugar del procedimiento que estaban haciendo los uniformados de la departamental contra Gudiño, antes, incluso, de que los efectivos convocaran a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Andrada les dijo que él investigaba el caso y por eso andaba por ahí; y Peña trató de controlar la investigación. Sin embargo, avezados uniformados que llegaron en la patrulla, le cuestionaron a Peña que no hubiera dicho nada de que el departamento investigado estaba alquilado por su pareja, tal como surgió de la denuncia que hacía la mujer de Gudiño a esa hora en la Unidad Judicial. Ante ese cuestionamiento, la por entonces jefa de la FPA sostuvo una versión que, inmediatamente después, se desacreditó: “Luciano le hizo un favor a un amigo que quería tener un bulo”.

Pero, cuando al día siguiente entraron a allanar el departamento en cuestión, vieron que no había ningún mueble que indicara que alguien vivía o dormía allí. Solo plantas, fertilizantes, una especie de carpa térmica para cultivar, ventiladores y aire acondicionado, además de la marihuana. “Al traspasar la puerta de ingreso del departamento, los funcionarios se encontraron con una suerte de laboratorio de cultivo de marihuana”, relataron en la acusación.

Después de todo eso, llegó el tercer hecho. Fue a principios de mayo de 2021, cuando allanaron la casa familiar de Peña y Andrada en el barrio Parque Norte. Allí, los efectivos hallaron “2,52 gramos de una mezcla de cocaína, cafeína, almidón y sustancias reductoras”.

Los tres terminaron detenidos. Ayer confesaron los hechos -a excepción de la ampliación de la acusación que hizo Márquez en la sala, sobre la que se abstuvieron de declarar- y hoy sus abogados alegarán con los argumentos de la defensa para que finalmente la juez Eve Flores de a conocer su veredicto.

Qué dice la ley

Penas de seis a veinte años

Los delitos por los que llegan acusados los integrantes de la organización, tienen penas de seis a veinte años de prisión, si se consideran los agravantes por los que fueron acusados.

De esta manera, el fiscal Márquez, atento a la confesión, solicitó la mínima prevista por la ley para el cultivo de estupefacientes con fines de comercialización agravado, por ser policías en el caso de Peña y Andrada y por la participación de tres personas también en el caso de Gudiño.