En la causa por abuso sexual contra Pampero Barrera y Verónica Vivó
Se aparta la fiscal Companys porque comparte, en otro hecho, el mismo abogado que la imputada
La exconcejala contrató al mismo abogado que Companys había elegido para que la representara en la causa que le inició el exjuez Yrimia en Buenos Aires, por Zoe. No obstante, la fiscal sigue investigando a Pampero por hechos de corrupción
Trascendió en las últimas horas que la fiscal de Instrucción del Segundo Turno, Juliana Companys (foto), se apartó de la causa por abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de tres mujeres, que se había iniciado contra el exdirector de Participación Vecinal de la Municipalidad de Villa María, Jorge "Pampero" Barrera, y su pareja, la exconcejala oficialista Verónica Vivó.
El motivo del apartamiento es de carácter técnico, toda vez que la funcionaria judicial villamariense había nombrado a Darío Vezzaro como su abogado en la causa que le inició el exjuez y prófugo de la Justicia, Héctor Luis Yrimia, en el Juzgado de Instrucción Nº 56, de la CABA, por "prevaricato, extorsión, mal desempeño, abuso de autoridad, incumplimiento de funciones y amenazas", en el marco del caso conocido como "Generación Zoe".
Sin embargo, posteriormente, la exconcejala Vivó también eligió al mismo abogado, Darío Vezzaro, como codefensor en la causa mencionada anteriormente, donde la exedil figura como "partícipe necesario" en el presunto episodio de abuso sexual.
Dada la incompatibilidad que presupone compartir un letrado con una de las imputadas, aún en causas diferentes, Companys se aparta del proceso y su lugar, según se supo, será ocupado por el fiscal Instrucción del Tercer Turno, René Bosio.
Sigue en la otra causa
No obstante, Companys, si bien se aparta de la causa sobre abuso sexual, que involucra a Vivó como supuesta “partícipe necesaria”, se dejó en claro que se deslinda de la instrucción de la otra denuncia y continuará llevando adelante la causa de corrupción contra el exfuncionario comunal villamariense Jorge "Pampero" Barrera.
En este caso, la Justicia trata de establecer la presunta relación de Barrera con hechos calificados como “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.
