Apeló, le hicieron lugar y podrá seguir investigando sobre una secta

Era mediado de septiembre de 2020 cuando alguien, no importa quién, llamó a la Policía Federal de San Francisco y dijo que a su hermana la hacían trabajar, casi sin descanso y sin acceder a las ganancias, en “Dimensión Cielo” -una secta que se mostraba como una “comunidad religiosa”-. Les dijo que esto pasaba en una casa del country “Ayres del Golf”, donde había otras personas -inclusive de distintas provincias- que trabajaban, como su hermana, fabricando alimentos caseros y en “Ciudad”, una inmobiliaria con sedes en Córdoba capital. Les siguió diciendo que ahí, en la secta de San Francisco, las dietas eran poco nutritivas, que no tenían acceso a “comodidades básicas de higiene” y que, además, les daban marihuana en rituales, por lo menos, “poco ortodoxos”. Les dijo, sobre todo, que su hermana se convirtió en sirvienta del líder -incluso en amante- y de su esposa. Y les dijo que su hermana, como les ocurría a cada uno de los que entraba a la secta, se había cambiado su nombre y que ya no tenía sus documentos porque se los habían quedado los líderes, esos que se suelen hacer llamar pastores.

Los pastores son Elías Argüello, que decía ser un “enviado de Dios” y su mujer Daiana Herrera, la “Profeta”. Ellos, junto a Ricardo Matías Mercado, Maximiliano David Mercado y Marcos Matías Burini, estaban imputados por ser los supuestos autores de “trata de personas con fines de explotación laboral (finalidad de reducción a servidumbre), agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores, pluralidad de víctimas y por haber sido consumada la explotación”.

Estaban imputados porque el juez federal Subrogante de San Francisco, Roque Rebak, a mediados de mayo de 2021, decidió disponer “la falta de mérito para procesar o sobreseer” (la falta de mérito es un estado de duda) a los acusados y dejó libre al único que estaba preso: Argüello.

La fiscal federal interina María Marta Schianni, que había investigado y pedido los allanamientos y detenciones, y dictado las imputaciones, entonces, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) apeló y, el 30 de mayo de este año, el juez de Cámara Eduardo Avalos, la jueza de Cámara Liliana Navarro, y el secretario Mario Olmedo, todos de la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba revocaron la resolución dictada por Rebak el año pasado (la de falta de mérito) y dijeron que, ahora, se investigue todavía más (los acusados permanecerán en libertad porque no hay indicios de que puedan entorpecer la investigación y habrá tres pericias: una psicológica -a los imputados-, otra contable y una informática -a computadoras, pendrives y celulares-) porque la valoración del juez había sido “parcial” porque trató con desdén los informes de los especialistas, porque interpretó los testimonios de las víctimas literalmente cuando, en realidad, no había manera de hacerlo porque esas víctimas no se percibían como tales y por eso, como suele ocurrir en estos casos, intentaban favorecer a su líder y a su “nueva familia”, como la llamaban, porque eso hace una secta, manipula, separa, aleja, aisla: trabaja como el olvido, de a poco, desde adentro, hasta que uno no se da cuenta de lo que está pasando y, en ocasiones, es tarde, demasiado tarde.

Pero acá, en esta causa, aún no es demasiado tarde porque para la Cámara Federal, con esta revocación, ya no hay solamente imputaciones: hay probabilidades, muchas, de que los hechos hayan sucedido exactamente como se supone que sucedieron.

 Hay probabilidades, muchas, de que los supuestos autores no sean supuestos.

Hay probabilidades, muchas, digamos, de que las cosas se llamen por su nombre.