Pierri no denunció a la fiscal, sí lo hizo Yrimia

Miguel Angel Pierri, el mediático abogado de Leonardo Cositorto, dijo en un programa radial de Buenos Aires que había denunciado a la fiscal Juliana Companys, la misma que había elogiado por “su capacidad técnica” y por “su humanidad” cuando vino a Villa María a acompañar a su representado.

Junto a Pierri, ejerce la defensa de Cositorto el letrado cordobés Guillermo Dragotto, quien señaló que ellos no hicieron una denuncia contra la fiscal.

“Esto se viralizó a través de un video del programa de Jorge Rial, del cual es panelista el doctor Pierri. Cuando hablaron de Cositorto, preguntaron por dónde andará, porque estuvo por varios lugares de Argentina declarando en la Justicia. En ese contexto, el doctor Pierri, sabiendo que estamos analizando la oposición a la prisión preventiva que dictó la fiscal,  mencionó lo de la denuncia. En realidad, como conocemos que el exjuez Yrimia sí presentó la denuncia, lo que él refiere es que la avala y la comparte”.

“Ni Cositorto ni sus defensores denunciamos a la fiscal. No estamos de acuerdo con la prisión preventiva y nos vamos a oponer. Pero no denunciamos a la fiscal”, aclaró.

El que sí la denunció

El exjuez Héctor Luis Yrimia, actualmente prófugo de la Justicia en el marco de la causa que se investiga por estafa y asociación ilícita a los líderes de Generación Zoe, denunció a la fiscal Juliana Companys. Lo hizo en el Juzgado de Instrucción Nº 56, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 22 de mayo último.

Su abogado defensor en Córdoba, Gerard Gramática, indicó que desde su estudio no hicieron presentación judicial alguna; pero que entiende que sí la hicieron en Buenos Aires, aunque desconoce su contenido.

En el texto de la denuncia a la que tuvo acceso El Diario, Yrimia cuestiona que la fiscal  Companys allane el domicilio no solo de él, sino de sus familiares.

Dice que lo involucran en una causa generada en Villa María, ciudad donde nunca estuvo, y agrega: “Obviamente, no recibí dinero de ninguna de las 176 personas interrogadas (denunciantes)”.

Llamativamente, el prófugo de la Justicia incluye en su denuncia lo que denomina “comentarios recibidos” en los allanamientos y en el ambiente de Tribunales de Córdoba, por los cuales afirma que la fiscal Companys “fue encargada por algunos políticos corruptos y narcos, de recuperar dinero (supuestamente ilícito) que estos habrían entregado (como aportantes / inversores) a las autoridades de Zoe”. No dice quiénes son esos políticos y tampoco lo denuncia explícitamente. Solo habla de comentarios.

Asegura que con el comportamiento de la fiscal “se volvió a la represión militar de la década de los 70. Es una represora que amenaza y tortura, en vez de hacer una investigación jurídica prudente y no una telenovela periodística, incumpliendo así el secreto de la causa para extraños a la misma”.

Enumera los allanamientos que motivaron la denuncia (cabe señalar que en uno de esos allanamientos encontraron 500 mil dólares): la vivienda del padre de 95 años y el estudio jurídico de este, la de una exesposa, la de dos hijas y su propio departamento.

Cuestiona que no le devolvieron las pertenencias que se llevaron de los allanamientos y solicita que anulen las actuaciones, además de pedir que le paguen la indemnización que el delito -de la fiscal- le causó.

Pero va más allá y además de esa indemnización, pide la reparación de daños, incluyendo medio millón por  lucro cesante “consistente en que la magnitud mediática de la causa, ha generado que mi parte deje de poder trabajar, ya que ningún cliente quiere contratar a un abogado a cuyos clientes, allegados y familiares, son encarcelados o los allanan”.

Sumado a eso, pide que lo reparen por el daño moral causado y por la necesidad de recuperar su imagen, con más de un millón de dólares.