Protestaron frente a Tribunales de Bell Ville por una causa de abuso sexual a una menor

Durante la mañana de ayer, frente a Tribunales de Bell Ville, familiares y autoconvocados se manifestaron en rechazo del accionar de la Justicia en un caso de abuso sexual a una menor. 

Las organizaciones Mujeres en Lucha, Juntas y a la Izquierda del MST,  el sindicato de Peones de Taxi de Villa María y el movimiento feminista de Bell Ville, emitieron un comunicado en donde dan detalles de la causa y la razón del reclamo: 

El 7 de Abril del 2021 el padre de la niña G. de 11 años de edad, realizó una gravísima acusación ante la Policía de Villa María denunciando que su hija era víctima de un delito contra su integridad sexual por parte del actual conviviente y pareja de su madre, residentes todos ellos en una misma vivienda en una localidad del departamento Unión de la provincia de Córdoba. La causa recayó en la Fiscalía de Instrucción y Familia 2ª T Sec. 4 Villa María bajo el Expte. SAC 9963926.

El 29 de Noviembre el papá de la niña G., al ver que desde Tribunales la indagación de los hechos no avanzaba efectuó una ampliación de la denuncia ofreciendo un testimonio de otra niña allegada a G. que incriminaría más al denunciado. Inmediatamente interviene la Oficina de Violencia Familiar que caratuló el caso como “Violencia Familiar en Estudio” y le impone restricciones de acercamiento a la niña G. : 6 meses para el padrastro denunciado y 10 días para la mamá. En ese ínterin la SENAF (Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia) en vez de dar la niña en guarda al papá, sin escucharlo, se la dieron a una familia sustituta pariente de los convivientes con la niña G.

LA CAUSA PASA A BELL VILLE

El 21 de Diciembre, la pesquisa para el esclarecimiento del caso se siguió demorando. Y por pedido de la mama de G., con el fundamento de “incompetencia territorial”, al que se hizo lugar, las actuaciones fueron trasladadas para su continuación hacia la Fiscalía de Instrucción de los Tribunales de Bell Ville a cargo del Dr. Nicolás Gambini con el nuevo número de expte. SAC 10638211. El Fiscal, apenas recibe el expediente, sin ordenar pericias en trámite, levantó las restricciones dictadas por Villa María y la niña volvió entonces con el denunciado y su mama a convivir al mismo hogar. 

A un año de la denuncia, mientras sigue “en estudio”, el acusado ni siquiera está imputado, ni por ende investigado ni indagado y, encima por recomendación de la SENAF sigue viviendo en la misma casa con la niña G. a quien el Estado debe proteger.

En el medio encontramos un accionar viciado por acciones desmoralizantes que buscan el cansancio del denunciante para que desista. Hubo una Cámara Gessell el 13 de Diciembre a la niña G. de la cual la parte denunciante no fue notificada. Y para más, también hace de Noviembre que el denunciante no puede ver a su hija a pesar de que no tiene ninguna restricción en razón de que la mamá después de la denuncia ampliatoria del 29 de Noviembre, en un claro impedimento de contacto, no se ha presentado nunca ante el Juzgado Civil de Bell Ville con la niña por la demanda paralela para establecer la tenencia o un régimen de visitas. Por lo cual se ha solicitado se la declare en Rebeldía.

El 24 de Febrero del 2022 recién el papa de la niña G. denunciante pudo reunir el dinero para contratar un abogado y constituirse como querellante en la causa. También solicitó nuevas pericias.

En la Provincia de Córdoba desde el 2019 la ley 10.636 creó la figura del “Abogado del Niño” en cada juzgado, pero el gobierno no la aplica por falta de voluntad política y de presupuesto por lo que los acusados de delitos contra la niñez tienen patrocinio gratuito pero no así los denunciantes.

El 28 de Marzo el papá de la niña G. aportó a la Fiscalía de Bell Ville nuevas pruebas a fin de que se esclarezcan los hechos y pidió la fijación de fecha para las nuevas pericias.

UN PROCESO INSOLITAMENTE LENTO Y DISCRIMINANTE

Sin duda un proceso manchado de demoras e irregularidades administrativas y judiciales no puede dar otro resultado que la impunidad para los abusadores y la continuidad del daño para las victimas más vulnerables por su edad y género.

No solo estamos ante un simple retardo y denegación de justicia. Asistimos a la muestra más clara de la falta de perspectiva de género de los funcionarios administrativos y judiciales que no protegen a las personas más indefensas.  

El machismo patriarcal parece brotarle por los poros a los funcionarios administrativos y judiciales.