Una nueva acusación complica la situación procesal de "Pampero"

La situación procesal de Jorge “Pampero” Barrera (55) es cada vez más complicada. A la grave acusación que se le atribuye por siete hechos de “abuso sexual con acceso carnal” en perjuicio de tres mujeres, la Justicia local le imputó ayer un nuevo delito, en este caso por corrupción.

Ahora, la fiscal Juliana Companys lo acusa de ser el propietario de una empresa que se dedica al mantenimiento de espacios verdes que fue contratada por la Municipalidad de Villa María hace más de una década, pero que habría puesto a nombre de otra persona, algo que está prohibido por la Carta Orgánica.

Con base en una serie de elementos de prueba colectados durante los allanamientos realizados en la vivienda de Barrera y en el propio Palacio Municipal a mediados de diciembre pasado, Companys abrió un sumario por separado en contra del exdirector de Participación Vecinal como presunto autor de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, un delito que es reprimido con prisión de uno a seis años (ver “Qué dice la ley”).

En efecto, Barrera fue detenido el viernes 17 de diciembre, luego de ser denunciado en la Justicia por una mujer de 27 años, quien lo acusa de haberla sometido a prácticas sexuales compartidas con la esposa del exfuncionario, la concejala Verónica Vivó (50), quien el jueves también fue imputada en la misma causa por “abuso sexual con acceso carnal”, pero en calidad de “partícipe necesaria”.

Otras denuncias

Al día siguiente de ser arrestado, otra mujer de la misma edad radicó una segunda denuncia en su contra, acusándolo de haber abusado de ella mientras trabajaba en una dependencia municipal que estaba a cargo de "Pampero". Y poco después, en la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno se receptó una tercera denuncia de otra mujer de 30 años por el mismo delito.

Cabe recordar que Néstor Jorge Barrera (tal su nombre completo) nació el 5 de septiembre de 1966, trabajó en el ámbito de la Administración Pública desde 2007 y es un conocido referente del barrio Mariano Moreno, donde se desempeñó como director del MuniCerca 5.

En tanto, su esposa es la actual presidenta del bloque Hacemos por Villa María en el Concejo Deliberante local.

Qué dice la ley

El delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” es legislado por el artículo 265 del Código Penal de la Nación, más precisamente en su Libro Segundo (Título XI, Capítulo VIII), referido a los “delitos contra la Administración Pública”.

Dicha norma legal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

El citado artículo 265 añade que “se aplicará también multa de dos a cinco veces del valor del beneficio indebido pretendido u obtenido” y su último párrafo precisa que “esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales”.