Presentaciones judiciales en el Palacio Legislativo y en la Auditoría General
Desaparecieron las declaraciones juradas de Barrera en el Concejo
“No están”, fue la lacónica respuesta que les dieron desde la casona de calle Mitre a las autoridades judiciales que investigan supuestos hechos de corrupción por parte de Pampero. También faltan algunas de su esposa, la concejala Verónica Vivó
La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno, donde se tramita una de las causas penales que se le siguen a Jorge “Pampero” Barrera (55), solicitó ayer al Concejo Deliberante de Villa María las declaraciones juradas del exdirector de Participación Vecinal de la Municipalidad, y la respuesta fue inesperada: “No están”.
Para sorpresa de los funcionarios judiciales que intervienen en el proceso en el que se acusa a Barrera como presunto autor del delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” (ver “Qué dice la ley”), las autoridades del Palacio Legislativo les informaron que no había ninguna de las declaraciones de “Pampero”.
El artículo 19 de la Carta Orgánica Municipal establece que “todos los funcionarios municipales, en la forma, tiempo y modo que establezca la Ordenanza Reglamentaria, deberán efectuar declaración jurada de su patrimonio, el de su cónyuge y el de las personas a su cargo, ante el Concejo Deliberante, la que deberá actualizarse anualmente y a la fecha de cesación de sus funciones”.
La referida legislación añade que “el acceso de cualquier interesado al conocimiento de la misma será siempre posible en las circunstancias que se prevean en dicha ordenanza”, y concluye señalando que “el incumplimiento de esta norma será causal de cesantía o juicio político según corresponda”.
Faltan algunas de Vivó
Lo cierto es que desde la casona de calle Mitre informaron que las declaraciones juradas de Barrera no estaban, e incluso que faltaban algunas de su esposa, la concejala Verónica Vivó (50), también bajo sospecha de la Justicia, pero en la otra causa que se le sigue a Pampero por supuestos delitos sexuales.
El Diario pudo saber que el requerimiento de la Fiscalía (no fue un allanamiento, como informaron algunos medios, sino una presentación judicial) se hizo ante el Concejo y ante la Auditoría General, pero en la oficina que está a cargo de Alicia Peressutti sí estaban los documentos patrimoniales del exfuncionario.
Las declaraciones juradas se deben presentar anualmente y por duplicado en los organismos antes mencionados, pero las que Barrera habría entregado en el Deliberante, lisa y llanamente “no están”.
Con respeto a la causa por presunta corrupción que se le atribuye, la Justicia sospecha que Pampero es el dueño de una empresa de mantenimiento de espacios verdes que tiene convenio con la Municipalidad y que habría puesto a nombre de un tercero, algo que está prohibido por la Carta Orgánica.
Qué dice la ley
El artículo 265 del Código Penal de la Nación establece que “será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
Preso por otra causa
Además, cabe recordar que el también exdirector del MuniCerca 5 está acusado como supuesto autor de siete hechos de “abuso sexual con acceso carnal” en perjuicio de tres mujeres y está detenido desde el viernes 17 de diciembre de 2021, luego de ser denunciado en la Justicia por una joven de 27 años, que lo acusó de haberla sometido a prácticas sexuales que habría sido obligada a compartir con Vivó.
En tanto, el pasado jueves 3 de febrero, la presidenta del bloque Hacemos por Villa María en el Concejo Deliberante también fue imputada por la fiscal Juliana Companys en la misma causa por “abuso sexual con acceso carnal”, pero en calidad de “partícipe necesaria”, aunque pudo mantener la libertad.
Crimen del arquitecto: el móvil económico es la principal hipótesis
?El móvil económico, vinculado a una herencia y la división de bienes, es la principal hipótesis que manejan los investigadores del crimen del arquitecto Reynaldo Flehr (61), quien fue asesinado de dos balazos el 29 de diciembre en su casa de barrio Los Boulevares, en la capital cordobesa, y por cuyo crimen detuvieron a su única hija y otras cuatro personas. La fiscal Claudia Palacios imputó a Irina Lourdes Flehr (20) y a su pareja, Leandro Mascarello (26), como “partícipes necesarios de homicidio agravado por el uso de armas”. También fueron detenidos y acusados por el mismo delito, pero en calidad de coautores, Samuel Moscarello (24), hermano de Leandro; David Silvestre (23) y David Suárez (24).
