También fue arrestada una médica local, acusada de encubrir las maniobras
Dos mujeres presas y dos prófugas por “ejercicio ilegal de la Medicina”
Se trata de cuatro integrantes del grupo “Socorristas en Red - Tribu Rosa”, quienes habrían suministrado y vendido medicamentos a varias mujeres para que abortaran. La fiscal Companys inició una investigación de oficio
(Edición impresa). Dos activistas de Socorristas en Red - “Tribu Rosa” fueron detenidas en las últimas horas por orden de la fiscal Juliana Companys (foto), mientras que otras dos están prófugas de la Justicia, en el marco de una causa penal por la presunta comisión del delito de “ejercicio ilegal de la Medicina”, en la que también está involucrada una médica villamariense, acusada de “encubrimiento”.
La investigación que lleva adelante la titular de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno comenzó a mediados de noviembre a raíz de una serie de abortos autogestionados que terminaron con ocho mujeres internadas en el Hospital Regional Pasteur con secuelas negativas por la prescripción ilegal y venta de la droga misoprostol, indicada para la inducción del trabajo de parto en mujeres con o cerca del embarazo a término.
De acuerdo con la información que recabó la Justicia, las mujeres que querían abortar se comunicaban a una línea telefónica pública donde eran atendidas por “socorristas” que les indicaban el proceso a seguir para realizar la interrupción del embarazo.
Tras la comunicación, “Tribu Rosa” organizaba una reunión en la que les indicaban la medicación que debían tomar para abortar, les suministraban las pastillas (se las vendían) y les indicaban que, ante cualquier duda, se las debía consultar a ellas antes de asistir a un centro de salud.
Companys pudo determinar que la mayoría de las integrantes del grupo carece de título habilitante para el ejercicio de la Medicina, incurriendo así en un delito castigado por el Código Penal argentino.
Cuatro allanamientos
Ante esta situación, el miércoles pasado se realizaron cuatro allanamientos en otros tantos domicilios de Villa María, donde las autoridades secuestraron importante documentación, numerosos medicamentos y dinero en efectivo.
Una fuente vinculada con la investigación informó que las activistas detenidas son Lucía Romano y Florencia Canalis, además de la médica generalista Mariana Damia, mientras que permanecen prófugas, Cecilia Rivera y Agustina Rúa, también integrantes de “Tribu Rosa”.
Además de la fiscal, participaron de dichos procedimientos efectivos de la Unidad Departamental General San Martín, personal de la Oficina Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal y de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Las dos integrantes de “Tribu Rosa” fueron imputadas como presuntas coautoras de “ejercicio ilegal de la Medicina”, mientras que a la médica se le atribuye la supuesta autoría de “encubrimiento”, delitos que son sancionados por los artículos 247 y 277 del Código Penal de la Nación, respectivamente.
Qué dice la ley
El artículo 247 del Código establece que “será reprimido con prisión de 15 días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente”.
En tanto, el artículo 277 del mismo cuerpo legal prevé una sanción de seis meses a tres años de cárcel a quien, “tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado… a) ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta; b) ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer; c) adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito; d) no denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, y e) asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito”.
