Violencia de género
Mató a su marido en legítima defensa y le reconocieron el derecho a la pensión
Un tribunal penal la absolvió y percibirá la pensión por el fallecimiento de quien fuera su esposo. En la sentencia intervino el Tribunal Superior de Justicia
La Cámara Contencioso-Administrativa de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba ordenó a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros que reconozca a una mujer el derecho a percibir la pensión por el fallecimiento de quien fuera su esposo, hecho que ocurrió en 2014.
La amparista, víctima de violencia de género y en situación de pobreza, había sido acusada de homicidio calificado en perjuicio de su marido; pero, en 2016, fue absuelta porque el tribunal penal entendió que actuó en ejercicio de la legítima defensa.
No obstante, la fiscalía y la querella se interpusieron y presentaron un recurso de casación para que la sentencia fuera revocada. El Tribunal Superior de Justicia intervino y confirmó que la mujer fue víctima de violencia de género y atravesaba una situación de pobreza pero dispuso el reenvío de la causa a otra Cámara del Crimen para que valore nuevamente los hechos.
En ese contexto, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba exigió a la mujer que presente una sentencia absolutoria firme para comenzar a pagarle la pensión de quien fue su esposo.
La mujer demandó a la Caja de Jubilaciones y la Cámara Contencioso-Administrativa de 2º Nominación de la ciudad de Córdoba ordenó al organismo provincial que reconozca el derecho a la pensión.
Según destacó la Justicia, ya pasaron más de tres años y cinco meses desde la actuación del TSJ sin que haya una condena firme, lo que no le permite acceder al beneficio. Esta situación somete a la mujer “a un nivel de indigencia incompatible con los derechos y garantías constitucionales”.
El tribunal manifestó que se tiene que respetar la presunción de inocencia y resaltaron el carácter alimentario del beneficio de pensión por fallecimiento.
Asimismo, la mujer atraviesa un comprometido estado de salud luego de ser diagnosticada con una grave “enfermedad incapacitante” crónica y terminal en estado avanzado que la coloca en una situación de “hipervulnerabilidad”.
La camarista Maria Soledad Puigdellibol sostuvo que otra resolución “implicaría ejercer un tipo de violencia económica sobre la actora al privarla de los medios indispensables para una vida digna”.
