Cámara del Crimen local - Audiencias de debate presididas por el juez Martínez
Prisión efectiva para un albañil y pena en suspenso para una pareja
Alejandro “Mono” Vijande fue condenado a dos años de cárcel por “lesiones graves” y “tenencia ilegal de arma de fuego”. En otro juicio, Yanina Heredia y Franco Cuviello recuperaron la libertad luego de ser sentenciados por hechos de narcomenudeo
Dos hombres y una mujer fueron condenados ayer en la Cámara del Crimen de Villa María, pero con suerte dispar, ya que uno de ellos recibió una pena de prisión de cumplimiento efectivo y fue declarado reincidente, y los restantes pudieron recuperar la libertad después de una sentencia de ejecución condicional.
En uno de los juicios, de trámite abreviado, Alejandro Facundo Nicolás Vijande (27) fue declarado autor penalmente responsable de “lesiones graves” y “tenencia ilegal de arma de fuego” y se le impuso una sanción de dos años de cárcel, que deberá cumplir en su totalidad porque se trata de un presidiario reincidente.
En la otra audiencia, los convictos primarios Yanina Paola Heredia (38) y Franco Mariano Cuviello (42) fueron hallados culpables de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, reiterada” (dos hechos), y recibieron penas de tres años de prisión en suspenso, lo que les permitió salir de la cárcel ni bien concluyó el debate.
Ambos juicios fueron presididos por el camarista Félix Martínez y contaron con la participación del fiscal Francisco Márquez. Asimismo, intervinieron como defensores los abogados locales Javier Marcos (Vijande), Oscar Pieckenstainer (Heredia) y Florencia Vottero (Cuviello).
Otra vez al banquillo
Alejandro Vijande, alias Mono o Monito, es un albañil domiciliado en Villa Nueva que fue detenido el 30 de enero del corriente año, luego de protagonizar dos hechos delictivos en la vecina ciudad.
El día anterior, agredió físicamente a un hombre en una plaza villanovense y, cuando efectivos policiales estaban cumpliendo la orden de allanamiento para su detención, encontraron que entre sus ropas llevaba un revólver calibre 22 marca Bagual, cargado con ocho proyectiles.
En materia de antecedentes, cabe señalar que el 4 de mayo de 2017, cuando tenía apenas 21 años, Vijande se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados, oportunidad en la que fue condenado a tres años de prisión efectiva por hechos de violencia de género (“amenazas reiteradas”, “coacción” y “desobediencia a la autoridad”) que tuvieron como víctima a su expareja.
Como ambas condenas fueron de cumplimiento efectivo, el trabajador de la construcción fue declarado reincidente y no podrá acceder al beneficio de la “libertad condicional”.
En su veredicto, el juez Martínez dispuso el decomiso del arma de fuego y de las balas, como así también de una maza de hierro y de un martillo de carpintero que fueron secuestrados en el marco de la causa, y poner todo a disposición del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
Condena y libertad
Yanina Heredia (comerciante y gestora) y Franco Cuviello (trabajaba en mantenimiento de obras, impermeabilizaciones y pintura) llegaron a juicio por un hecho de narcomenudeo que fue desbaratado el 2 de diciembre de 2021.
El operario fue detenido ese mismo día, mientras que la mujer terminó tras las rejas el 20 de abril de este año, luego de ser imputada por un hecho de “comercialización de estupefacientes”.
En la víspera, luego de que ambos admitieran su responsabilidad penal, recibieron idéntica pena: tres años de prisión en suspenso, multas de 50.000 pesos y las costas del proceso. Y justamente porque las condenas fueron de ejecución condicional, pudieron recuperar la libertad.
En la parte resolutiva de la sentencia, el juez Martínez hizo lugar a un planteo de inconstitucionalidad del artículo 5, inciso “c”, de la Ley 23.737, formulado por los defensores, y estableció una escala penal de tres a 10 años para la “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Además, dispuso que tanto Heredia como Cuviello deberán cumplir una serie de reglas de conducta, principalmente abstenerse de consumir sustancias estupefacientes y realizar tratamiento médico acorde a la problemática de adicción al consumo de estupefacientes que padecen.
Finalmente, el magistrado ordenó el decomiso de la droga incautada, además de 130.000 pesos en efectivo, dos celulares y dos balanzas (una digital y otra de cocina), que fueron secuestrados en los allanamientos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
