Abuso sexual grupal: pide celeridad en la investigación del caso ocurrido en Córdoba

El abogado que representa a la joven de 25 años que el 18 de septiembre último fue víctima de una violación grupal y fue arrojada a un costado de una ruta en el sureste de la ciudad de Córdoba, manifestó hoy su "preocupación" por la lentitud de la Fiscalía en resolver su admisión como querellante, al sostener que el paso del tiempo podría atentar contra la evidencia y el derecho a alcanzar justicia.

"No hay avances. Todavía no nos admite como querellante particular y nos preocupa que ya pasaron 15 días y no haya novedades", manifestó a Télam el abogado Carlos María González Quintan, en referencia a la pesquisa que lleva adelante la fiscal de Instrucción Cecilia Chirino, quien impuso secreto de sumario en el expediente.

El letrado representa a la joven que la madrugada del 18 de septiembre fue encontrada por un automovilista tirada en la banquina de ruta Circunvalación sur capitalina.

La víctima denunció que había sido violada por un grupo de personas de su entorno, que la golpeó brutalmente hasta ocasionarle fractura de pelvis, le mutiló la lengua al arrancarle violentamente un piercing y le provocó lesiones graves al arrastrarla por la carpeta asfáltica, detalló González Quintana.

Por el hecho están detenidas e imputadas tres personas acusadas de "abuso sexual gravemente ultrajante por el número de partícipes y por lesiones graves".

El abogado espera ser admitido como querellante en la causa para plantear que los acusados también sean imputados por el delito de 'homicidio agravado en grado de tentativa", ya que consideró .que "evidentemente quisieron matarla".

Asimismo el abogado dijo que "hay más responsables" y es por eso que consideró "muy importante" que la fiscal Chirino abra la causa a las partes para poder acreditar elementos de prueba.

Por tal motivo, agregó, presentó en la Fiscalía General de la provincia un pedido de investigación interna para que se "determinen responsabilidades" sobre las más de 20 denuncias que su asistida había promovido por otros dos casos de violación, amenazas de muerte y hechos de violencia contra ella y su familia por parte de ese mismo grupo de personas y que "nunca se investigaron".

Si bien aún no se relevó el total de denuncias, hasta el momento se pudieron ubicar 11 que tienen número de sumario, tres de las cuales se encontraban en manos de la fiscal Chirino, agregó González Quintan.

Finalmente el letrado dijo que la joven se encuentra en su casa postrada por una cirugía de cadera a la que fue sometida tras el ataque y que se recupera con acompañamiento terapéutico, contención familiar y del Polo de la Mujer, ya que su principal problema es la "vulnerabilidad psíquica" que presenta.

Dijo también que, debido a que fue amenazada de muerte por el grupo de agresores, luego de sortear varios obstáculos se pudo lograr que cuente con custodia policial para resguardar a la víctima y a su familia.

Con respecto a este caso, la Asamblea de Ni Una Menos Córdoba conformó una mesa de trabajo para integrar a distintas organizaciones y colectivos para llevar adelante "un fuerte pedido de justicia", manifestó a Télam Beatriz, una de las referentes del sector, quien afirmó que detrás de estos hechos hay organizaciones "vinculadas a las drogas, a la prostitución, a la trata de personas y de otras actividades ilegales".

"No son casos aislados, tienen vínculos directos con otros hechos cometidos por este mismo grupo de personas. Como tampoco es aislado el accionar de la fiscal Chirino que ni siquiera quiso recibir a la familia de la víctima", sostuvo la dirigente, al recordar que por la "lentitud en la administración de justicia" años atrás "ya tuvo un pedido de juicio político".