Nueva condena para un martillero por hechos de violencia de género

A pedido de la Fiscalía de Cámara y de la propia Defensa, la jueza Edith Lezama le impuso ayer una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo a un martillero público villamariense que confesó haber agredido a quien era su pareja al momento del violento episodio.

La condena recayó en Germán Rodolfo Robledo (46), quien, en el marco de un juicio de trámite abreviado, fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de “amenazas” y “lesiones doblemente calificadas, por el vínculo y por mediar violencia de género”.

Los hechos que lo llevaron a tener que sentarse por segunda vez en el banquillo de los acusados se produjeron el pasado 4 de junio, cuando amenazó y golpeó a la mujer con la que, hasta entonces, mantenía una relación sentimental.

Y decimos “por segunda vez”, porque Robledo registra un antecedente penal (al parecer, no computable) por una serie de episodios similares ocurridos entre julio de 2013 y agosto de 2016, período durante el cual amenazó con un cuchillo, lesionó y hasta coaccionó a otra expareja con la que convivió varios años.

Por aquellos hechos, el 19 de abril de 2017, el profesional fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, en otro juicio abreviado (durante el cual también reconoció su culpabilidad) que fue presidido por el ya jubilado magistrado René Gandarillas.

En aquel proceso oral y público, Robledo admitió también que era adicto al alcohol y las drogas, por lo que, en su veredicto, el excamarista le impuso una serie de reglas de conducta que el martillero cumplió sin inconvenientes durante los tres años que duró la condena en suspenso.

No obstante, hace casi cinco meses, el iracundo profesional volvió al ruedo y no solo profirió amenazas en contra de su pareja, sino que además la agredió físicamente. La mujer hizo la denuncia y Robledo fue detenido y procesado por segunda vez.

Como la sanción impuesta en la víspera es de seis meses de prisión, podrá salir de la cárcel de barrio Belgrano el próximo 4 de diciembre y, del mismo modo que la vez anterior, tendrá que cumplir a rajatabla una serie de reglas de conducta (sobre todo, evitar mantener cualquier tipo de contacto con la última víctima) si quiere conservar la libertad.

Además de la jueza Lezama, participaron de las deliberaciones el fiscal Francisco Márquez y el abogado defensor Antonio Alarcos, quienes previo a la audiencia habían pactado solicitar la condena finalmente impuesta si Robledo confesaba los hechos y el juicio se abreviaba.

También un albañil

En otro juicio abreviado realizado en la víspera en la Cámara del Crimen de Villa María, un joven albañil recibió una condena de un año de prisión efectiva, con declaración de reincidencia, también por un hecho de violencia de género.

Mayco Javier Mercado (27) confesó el hecho y fue hallado autor responsable de “lesiones doblemente calificadas, por el vínculo y por mediar violencia de género”, en perjuicio de su expareja.

Del mismo modo que en el caso anterior, el trabajador de la construcción también registra un antecedente penal como consecuencia de haber sido condenado a tres años de prisión efectiva por haber agredido a su expareja y proferir amenazas en contra de la madre y la hermana de la joven.

Aquel juicio se llevó a cabo el 22 de febrero de 2019 y, en la oportunidad, Mercado fue hallado culpable de “lesiones leves calificadas”, “amenazas reiteradas”, “desobediencia a la autoridad reiterada” y “daño”.

Como está detenido desde el 29 de noviembre del 2021, podrá salir de la cárcel dentro de exactamente un mes, siempre y cuando se haya observado buena conducta y sortee con éxito una pericia psicológica que acredite que está apto para reinsertarse en la sociedad.

Cabe señalar que en esta audiencia también participaron la jueza Lezama y el fiscal Márquez, mientras que la asesora letrada Silvina Muñoz intervino como defensora oficial.

Córdoba: pena en suspenso para exempleado de Desarrollo Social

La Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba condenó ayer a un exempleado del Ministerio de Desarrollo Social por una burda maniobra con la que buscaba quedarse con créditos “blandos”, que él mismo gestionaba a nombre de personas que no habían presentado solicitudes a ese organismo, encargado de otorgarlos.

Sergio Javier González fue declarado culpable de “administración calificada en perjuicio de la administración pública” y recibió una pena de tres años de prisión en suspenso (no irá a la cárcel) e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

También fueron condenados sus cómplices, quienes eran los encargados de cobrar los cheques.